ABC: Prestamistas, dinero demasiado rápido y fácil

19 ene. 2013 0 comentarios

Por L. Cano
Publicado en el diario ABC, 25.06.2012

El crédito bancario casi cerrado empuja a muchos deudores desesperados a los préstamos privados, a pesar de intereses desorbitados y el peligro de poner en juego su vivienda.

La situación era desesperante para Martín. Sin trabajo desde hace dos años, con dos hijos y atrasos en las letras de su hipoteca a falta de cinco años para terminar de pagarla. Los ahorros se secaron y, con el crédito bancario cerrado por su situación económica, cayó en la tentación de un dinero demasiado rápido y fácil con la esperanza de ganar tiempo hasta encontrar un trabajo. El prestamista ofrecía "¡Dinero urgente! Seriedad y discreción asegurada". El préstamo de 6.000 euros se convirtió en 18.000 en tres meses con unos intereses desproporcionados. Y el problema siguió engordando con nuevos créditos del prestamista para pagar la deuda contraída con él. Hasta recibir la amenaza de la subasta de su vivienda por una deuda que había superado ya los 60.000 euros.

La situación de crisis es campo abonado para los prestamistas particulares. Sin sede social, sin registro, solo un número de teléfono. Antes de conceder un crédito, generalmente solo exigen el DNI y presentar las garantía hipotecaria de una vivienda como aval. No importa la nómina, ni los ingresos, ni pertenecer a una lista de morosos. La opacidad de los prestamistas se aprovecha de unos clientes que tampoco buscan demasiada transparencia en los acuerdos, ya que, para su desgracia, no ofrecen garantías de solvencia.

"Los prestamistas privados están interesados sobre todo en que dispongas de una vivienda para que, en el caso de que no pagues, sacarla a subasta pública", explica Aitor Ibarra, abogado especializado en derecho financiero. "Cuando acude una persona a un prestamista particular es porque la banca no le financia, y entonces se encuentra en una situación de necesidad que le avoca a firmar lo que le pongan por delante con tal de solucionar su situación inmediata". Un préstamo de 15.000 euros pedido por una pareja pudiente de inmigrantes en España se convirtió en una deuda de dos millones de euros en cinco años. Pagaron 600.000 euros antes de acudir a los juzgados para denunciarlo. Llegaron a firmar 15 documentos notariales y a hacer al prestatario socio de una empresa para saldar su deuda. Después de tantas escrituras y actas notariales era difícil demostrar legalmente engaño alguno.

Los prestamistas privados financieros buscan cobrar altos intereses, pero no están tan interesados en la ejecución hipotecaria como los prestamistas subasteros, expertos en atar el crédito para quedarse con la vivienda. El límite en el aval no existe. "No es la primera vez que acude una persona a un prestamista para solucionar un crédito y al final garantiza el piso que va a comprar, el de su padre y el de dos amigos más", cuenta el abogado Ibarra. "Los préstamos firmados ante notario limitan la defensa del consumidor. Si no abona el crédito a tiempo se ejecutan las garantías con poca oposición legal posible".

INTERESES USUREROS

No existe un límite fijado para considerar como abusivo un determinado tipo de interés. "Podría ser legal que una persona pida un préstamo al 80% de interés para pagar una deuda de juego, pero no lo sería si el préstamo es para adquirir una vivienda, ya que no se puede exigir más de 2,5 veces el tipo de interés del dinero según la ley de crédito al consumo. En este caso, un interés superior al 10% TAE podría ser considerado como usura, aunque siempre dependerá del criterio del juez", explica Aitor Ibarra.

Mariló Molina, miembro del gabinete jurídico de la organización de consumidores Facua, advierte sobre la indefensión legal de las personas que acuden a los prestamistas. El préstamo es en realidad un contrato entre particulares, puesto que los prestamistas no están constituidos como empresas y es complicado legalmente demostrar que se dedica a una actividad empresarial. El prestatario no tiene, por tanto, carácter de consumidor, y su caso no está amparado por las leyes que lo protegen de cláusulas abusivas. El acuerdo queda reflejado en un contrato civil, sujeto a la normativa general sobre contratos, sin ningún tratamiento legal específico.

CRÉDITO PRIVADO

Las sociedades de crédito privado, alternativo al bancario, sí están controladas, por Consumo, competencia de las comunidades autónomas. Como estipula la ley de crédito al consumo, se exige un registro, responsabilidad civil y oferta vinculante, entre otros requisitos legales. Y, aunque los intereses son mayores que en el crédito bancario, regulado por el Banco de España, pueden resultar una alternativa en caso de urgencia.

Los prestamistas particulares, sin embargo, se mantienen deliberadamente al margen de estos registros. Actúan simplemente como inversores privados. El margen legal de actuación contra un abuso es pequeño. El prestatario, si el juez le da la razón, podrá conseguir con suerte la limitación de los tipos de interés o la devolución solo de la cantidad originalmente prestada, como indica la ley de usura de 1908, todavía en vigor. El abogado Ibarra lamenta esta desventaja legal ante los prestamistas: "Fuera del circuito bancario no es recomendable ninguna vía de financiación. Si los bancos están poco controlados, con los particulares es inimaginable".

Y no solo están los préstamos abusivos, sino también directamente el burdo timo. El caso más común es superponer en las escrituras un mayor importe del realmente entregado al prestatario. Por ejemplo, en el documento se especifica que se entregan 10.000 euros pero en realidad solo se prestan 5.000. El problema es que muchos clientes no recogen una copia de la escritura y se enteran de lo firmado cuando, al vencimiento, les avisa el abogado del prestamista.

CUANDO EL BANCO CIERRA EL GRIFO

Los expertos financieros recomiendan no salir del circuito bancario. Si la situación económica personal impide acceder a él, las sociedades de crédito privadas registradas y reguladas son la alternativa, aunque siempre supone un mayor coste en intereses. Si también es inaccesible, los expertos desaconsejan absolutamente los prestamistas privados. En caso de acudir a ellos por desesperación, es indispensable asistir asesorado por un abogado financiero y dejar huella por escrito de todas las decisiones: presupuesto financiero, gastos de intermediación, tipo de interés principal y de demora, TAE anual... Y qué garantías se van a pedir: si son hipotecarias, qué bien se va a hipotecar y a nombre de quién, y la tasación. Todo por escrito y leyendo atentamente la letra pequeña. En cualquier caso, recomiendan evitarlos porque generalmente resulta peor el remedio que la enfermedad.

(Fotografía propiedad de Reuters, ilustración del artículo original en ABC)
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Interviú: reportaje Usureros de guante blanco

12 ene. 2013 0 comentarios

Por Nieves Salinas
Publicado en Interviú, 11.06.12 

- Un Juzgado de Madrid reúne una quincena de denuncias por presunta estafa contra un prestamista

Dinero privado, instantaneo y a tocateja para problemas sin solución bancaria. Era el gancho que tendía la red del prestamista Antonio Arroyo a personas ahogadas por las deudas. Al Juzgado número 12 de Madrid han llegado una quincena de denuncias contra Arroyo por un presunto delito de estafa. Un fraude masivo que podría afectar a 3.000 familias en toda España, que en algunos casos habrían perdido sus casas, y en otros muchos quedarían endeudadas de por vida. Hablan los afectados. 

Esther Jaén y su familia -su marido, en paro, y sus dos hijos- acabaron recurriendo a Cáritas para comer. Que pasarían penurias y estarían "en una situación crítica" como la que están se lo había vaticinado el pretamista Antonio Arroyo si no devolvían en los plazos exigidos los más de 125.000 euros que les reclamba tras entregarles en mano, en una notaría madrileña, 15.000 en concepto de préstamo. "Y se cumplieron sus amenazas. No tenemos nada", lamenta Esther.

Como Esther, en cuanto se olió el pastel, Carlos Giménez se buscó rápido un abogado y consiguió salvar su piso, que había puesto como aval para recibir, en mano, 20.000 euros que necesitaba de forma acuciante. Cristina Martín pidió 4.000 euros -por delante puso el original de la hipoteca de su casa de 70 metros cuadrados en Villanueva del Pardillo (Madrid)- y, cuando quiso darse cuenta, ya le reclamaban 18.500. Corría el verano de 2011 y todavía tiene el susto en el cuerpo. Teresa Mesa desconoce exactamente la cuantía de lo que le reclama Arroyo de una deuda contraída en el año 2006 por la que ha perdido su casa. "Con las letras de cambio a mi nombre que hay por ahí circulando, calculo que más de 100.000 euros, que tendrán que pagar los hijos de mis hijos", explica esta mujer, que, como Esther, Carlos y Cristina, ha llevado a los tribunales a Antonio Arroyo. 

El prestamista fue detenido por la policía el pasado 24 de abril en Madrid, junto a dos de sus comerciales, Julio Carlos González y Ricardo Recio Palazón, éste último acusado también de amenazas. Arroyo es la cabeza visible de un entramado de sociedades -en el Registro Mercantil figura su nombre en hasta 30 empresas con distintas denominaciones y objeto social- que concedían dinero de forma privada, rápida y en mano. La investigación arrancó el pasado mes de septiembre a raíz de una primera denuncia interpuesta en el Juzgado número 4 de Sevilla y se trasladó a Madrid por haberse producido la firma del crédito en una notaría ubicada en la capital. Un prestigioso detective privado de Madrid remitió un informe a la Unidad Central de Seguridad Privada -en el marco de la colaboración entre los investigadores privados y la policía, materializada en el programa Red Azul- sobre el entramado societario de la red de Antonio Arroyo y su modus operandi. Posteriormente, los agentes de la comisaría de Moncloa-Aravaca tomaron las riendas de la investigación y allí se presentaron 14 denuncias contra las sociedades de Arroyo por una supuesta estafa.

DINERO EN MANO

El requisito para que la red concediese el préstamo era que éste estuviera avalado por las escrituras de propiedad de las viviendas -en su defecto, una nave o un local- de los solicitantes del dinero. Arroyo y sus comerciales se encargaban de revisar las escrituras e, incluso, de acudir a los domicilios para conocer las condiciones. Normalmente -no siempre- aceptaban viviendas libres de cargas o con poca hipoteca por pagar. 

Según ha podido saber Interviú de fuentes policiales, podría haber hasta 3.000 familias afectadas en toda España, que en muchos casos habrían perdido sus casas, y en otros arrastrarían cuantiosas deudas. Al Juzgado número 12 de Madrid ya han llegado un total de 15 denuncias por la vía penal. Teresa, Esther y Cristina se han  puesto en manos del abogado Benito Polo, que, en su nombre, y en el de otros diez afectados, ha presentado ante el Juzgado número 12 de Madrid una querella contra Arroyo por presunto delito de estafa. Además, explica Manuel Morales, abogado de Carlos Giménez, existirían otras familias que están buscando asesoramiento legal para denunciar a Arroyo. 

Esta revista ha tenido conocimiento de casos en los que los afectados no han denunciado por carecer de medios para contratar a un abogado. Ana Borrachero perdió su casa tras contactar con dos empresas de reunificación de deudas que, a su vez, le remitieron a Arroyo. Fue éste quien, finalmente, le entregó en mano 6.000 euros y le concedió otros 26.000 euros con los que pagar un préstamo hipotecario. Lo perdió todo y hoy, enferma, vive de alquiler. No ha denunciado. 

"En ningún momento me quedó claro lo que estaba firmando. Me entregaron en mano 15.000 euros y, cuando salí de la notaría, tuve la sensación de que me habían estafado. Sabía que era un viaje sin retorno. Pero estaba muy agobiada". El caso de Teresa Mesa ejemplifica el tipo de víctima que buscaban Arroyo y sus comerciales. Personas ahogadas por las deudas, que necesitaban dinero rápido para reunificar otras deudas pendientes y que ya no podían acudir al banco porque figuraban en un registro de morosos. Además, carecían de nóminas con las que responder a los préstamos, ya que en muchos casos estaban en el paro y no tenían ingreso alguno. 

Teresa contactó con una de las sociedades de Arroyo, en este caso Irisan Gestión Hipotecaria, a través del periódico. Empresaria con problemas de liquidez -debía la nómina de algunos empleados- y graves problemas personales, necesitaba dinero urgente. Como en el resto de los casos, Arroyo la citó en un despacho notarial de Madrid. La firma del préstamo se realizaba habitualmente en dos notarías de la capital, aunque habría otra tres implicadas. El dinero, que salía de un sobre, un maletín o la cartera del propio Arroyo, nunca se entregaba en presencia del notario, que tampoco se encargaba de contarlo, ni seguía los procedimientos notariales habituales. 

Ni Teresa ni el resto de los afectados recibían documentación previa sobre las condiciones del préstamo. El tipo de interés fijado era de un 8 por ciento para la amortización de la operación y un interés de demora del 29 por ciento. Entre la documentación a firmar, siempre en presencia del notario o algún oficial de la notaría, figuraban letras de cambio, un documento mercantil por el que una persona -librador- ordena a otra -librado- el pago de una determinada cantidad de dinero, en una fecha determinada o de vencimiento. Tras la firma, a los afectados les entregaban una cantidad de dinero en efectivo que, en muchas ocasiones, no coincidía con la reflejada en la escritura notarial. "En mi caso -explica Teresa- apareció en la notaría un hermano de Antonio Arroyo, llamado Domingo. Cuando me dan para firmar las letras, preguntó que por qué no coincide la cantidad que me van a entregar -15.000 euros- con la que figura en las letras, de importe superior, pero Domingo me dice que confíe en él, que lo que están haciendo es reunificar mis créditos a 30 años. En realidad, no supe lo que estaba firmando". 

SIN DOMICILIO CONOCIDO

En otros casos, los afectados llegaban hasta el prestamista a través de internet. Como Cristina Martín y su marido, Miguel Hernández. Necesitaban "ya" 4.000 euros. Miguel, carpintero, vio como la crisis acababa con su negocio. Cristina había perdido su trabajo en una tienda. En mayo de 2011, acudieron a Invercapital, una de las sociedades de Arroyo que, junto a la mencionada Irisan, TPC Consulting, TPC Gestiones o Consulting Hipotecario, concedía los préstamos. 

A Cristina y a Miguel les quedaban por pagar 30.000 euros de la hipoteca de su Villanueva del Pardillo (Madrid), valorada en 240.000 euros. "Contactamos con Pablo Pérez, que nos dijo que era empleado de Invercapital". Una persona a la que describen como amable y con la que llegaron a establecer una relación de confianza. Pablo les pidió que mandasen por fax una copia de la escritura de su casa y que dos días después acudieran a firmar al notario con el DNI y el original. A la mujer le llamó la atención que empezara pidiendo 3.000 euros y, un día antes, llamó para ver si podían ser 4.000. "En cinco minutos estaba hecho", explica Cristina. 

Ya en la notaría, Cristina y Miguel firmaron un contrato por 18.500 euros. "Nos dicen que van a hacer una especie de crédito puente con los bancos. Durante cuatro años pagaremos 150 euros al mes. Una vez concedido el crédito real, ese contrato se rompería, igual que las letras. Eso sí, nos repiten varias veces que lo hagamos todo rápido, como que la notaría es muy pesada y tiende a revisar los papeles mucho. Entre que te dicen que no digas nada y que firmes corriendo, firmas las letras y tu declaración de muerte. Luego fue todo al contrario. Llegó la notaría y apenas leyó nada. Sólo puso el sello de la notaría y se fue. A Arroyo sólo lo vimos al final, cuando trajo el dinero".

Cuando, pasados unos días, la pareja reclamó la escritura de su casa, Pablo Pérez les dio largas. "Durante tres meses llamamos todos los días, y nada. Ya a finales de octubre, Pablo se cita conmigo y me la da, pero tiene la cara de pedirme 20 euros por dármela". Al recoger la copia de la escritura se encontraron con que en la misma figura que les entregó 18.500 euros -en lugar de los 4.000 que recibieron en mano-, que entonces comenzaron a reclamarles aludiendo a unas letras que vencían durante tres días consecutivos de noviembre. Cristina y Miguel contactaron de nuevo con el prestamista, que les trasladó dos mensajes: uno, que, aunque quisieran, no podrían pagar las letras -no se encuentran domiciliadas en ningún banco, sino en el domicilio del propio Arroyo-, y dos, que, o pagaban, o se quedaría con su casa. Entonces acudieron a denunciar. 

REAGRUPACIÓN DE DEUDAS

Cuando Carlos Giménez contactó con Raquel Rodríguez, otra de las trabajadoras de Arroyo, tenía deudas por valor de 30.000 euros. También un piso libre de cargas en el centro de Madrid. Raquel contactó con él y se presentó "como una inversora, buena persona, que había recibido una herencia y quería ayudar a la gente". "Establecimos una relación de confianza -relata Giménez-. Me propuso: 'Te voy a dar 30.000 euros y, a los cuatro años, me tienes que devolver 42.000'. Lo vi maravilloso. Dije: voy a probar". Como siempre, a Carlos le citaron en una de las notarías que más préstamos de Arroyo rubricó. "Justo antes me dicen que hay un inversor que falló y que sólo me pueden dar 20.000 euros. Eso era un viernes. Que volviera el lunes y me daban otros 10.000. Te meten en una oficina y te hacen firmar una hoja suelta con muchas numeraciones y parece que te están haciendo un favor. Sólo cuando reclamo la copia me doy cuenta del engaño. Lo que dice es que durante cuatro años, si no les pago, tienen la opción de quedarse con mi casa". 

"La necesidad te ciega y te engatusan", resume Esther Jaén, que, con su marido, tenía una empresa de reformas qeu cerró a principios de 2009. Antes, explica esta mujer de 53 años, estaban asfixiados por los impagos y la falta de trabajo. Ya entonces mantenían una deuda con una financiera que les acuciaba para que pagaran. "El trato era horrible. Vimos en el periódico el anuncio de Irisan Hipotecas para la reagrupación de deudas. Pusimos de aval nuestro piso, de 90 metros. Antes de nada te dicen que lo van a pasar por el banco, como que es un banco el que nos va a aprobar el crédito". 

La segunda cita de Esther fue directamente en la notaría. Ella necesitaba los 15.000 euros, que le entregaron en mano, pero vio que en la escritura ponían 128.000. "Me insisten que van a pasar el tema a bancos, que ellos se encargan de pagar la deuda que tengo con la otra financiera -64.000 euros- y que pagaré menos de lo que pagaba entonces". A los seis meses, Esther decidió denunciar a Arroyo por una presunta estafa y paralizó el embargo de su casa, ya en marcha. En aquella ocasión, su caso quedó archivado. Lo mismo le sucedió a Teresa Mesa cuando puso una primera denuncia por vía penal. "Los jueces archivaron nuestros casos porque, aunque admitían que podía ser una usura, decían que habíamos firmado. Además, ningún abogado quería coger nuestro caso. Si no tienes ni un duro, menos para pagar abogados". 

Han tenido que pasar seis años para que el caso de Teresa se reactive. Durante este tiempo, explica esta afectada, que ha puesto en marcha un foro en internet para reagrupar a más víctimas, ha sufrido lo indecible. "Llegaron a amenazarme con hacerme daño a mí y a mis hijos. Aquí hay muchas víctimas; podrían llevar actuando años. Hay gente que ha llegado a suicidarse".
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