El País: Paralizado desalojo de una pareja que fue estafada

Publicado en El País, 29.01.2004

PARALIZADO EL DESAHUCIO DE UN HOMBRE CON CÁNCER Y SU ESPOSA EN ZONA FRANCA

El matrimonio perdió el piso por una estafa por la que aún pelea en los tribunales El hombre es diabético y padece de cáncer de colon

Stefania Gozzer. Barcelona

El juez ha paralizado este miércoles el desahucio de José Castro y Ana Gómez, una pareja de 67 años que intenta conseguir un alquiler social en el piso que siempre pensaron que heredarían y del que han estado a punto de ser desalojados. A las puertas del número 200 del Paseo de Zona Franca de Barcelona, medio centenar de personas, concentradas para tratar de impedir el desahucio, han celebrado esta mañana que el matrimonio pueda quedarse —de momento— en la casa en la que ha vivido durante más de 40 años. Entre lágrimas, Gómez agradecía a los manifestantes mientras explicaba que su marido no podía bajar: "Se ha mareado con tantos nervios. Es diabético y tiene cáncer de colon". 

La historia de cómo la familia Castro perdió el inmueble es enrevesada y aún está pendiente de ser esclarecida en los tribunales. La vivienda fue adquirida por Martín Castro Soler, de 86 años, con la intención de dejarla como herencia a su hijo José. En 2007, un hijo de este último quiso comprar unos muebles. En esa época, cuando alguien del entorno familiar necesitaba dinero acudía a María Navarro Estrada, mujer de un sobrino de José Castro, quien se había convertido en una especie de asesora financiera para la familia. Ella convenció al nieto de pedir un préstamo de 9.000 euros con el piso como garantía y él se lo propuso a su abuelo. 

"Fue una estafa. Navarro llevó al abuelo al notario y le hizo firmar un préstamo. Pero no por 9.000, sino por cerca de 90.000 euros", explica Susana Ordóñez, la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que lleva este caso. "Después, le dijo que tenía que hacerlo otra vez porque la firma estaba mal. Pero, en realidad, le hizo firmar otro préstamo." El monto final por el que Martín Castro fue presuntamente defraudado asciende a 185.000 euros, según la denuncia presentada por él y su mujer. 

El inmueble, un primero de cuatro habitaciones y 80 metros cuadrados, fue subastado en diciembre de 2012. "Estaba valorado en 600.000 euros y tendría que haber salido por 300.000, por lo menos", comenta Ordóñez. "Pero al final se la quedó una empresa del mismo dueño de la financiera que hizo el primer préstamo por solo 120.000". 

La familia afirma que Navarro se encuentra en la cárcel desde hace más de un año por otra demanda. "El proceso penal por este caso en concreto aún está abierto, pero ella está imputada en 22 causas", asegura Ordóñez. "En Sevilla, Madrid, Zaragoza... Ha engañado hasta a su propia madre, solo que ella no la ha querido denunciar", comenta indignada Estela Castro, sobrina de José. Reunidos en el portal, sobrinas, hermanas y cuñados hacen el recuento de los familiares supuestamente estafados por Navarro: "La Susi, la Blanca, la madre del Emilio..." Aseguran que, por lo menos seis personas cercanas se han visto afectadas, y dos de ellas han perdido sus viviendas. "A mi hermana le han quitado el piso el lunes. Se ha tenido que ir con sus cuatro hijos a alquilar uno en Tarragona", lamenta Maricarmen Asensio, prima de José Castro. 

La noticia de la paralización del desahucio llegó cerca de las diez de la mañana, por teléfono, a través de la PAH, que había presentado a primera hora un recurso que fue aceptado por el juez. Media hora después, en la entrada del edificio, Ana Gómez aún temblaba por los nervios mientras rehuía las cámaras de televisión: "¡Qué vergüenza, yo no quería llegar a esto!" Su hermana la tranquilizaba: "Ana, todo el mundo alguna vez ha debido dinero". 

La pareja regenta un colmado "que no ha cerrado porque de algo tienen que vivir", explica el cuñado de Gómez. Ninguno de los dos se puede jubilar porque tienen una deuda con la Seguridad Social. Su esperanza es conseguir un alquiler social para poder quedarse en la vivienda. La PAH está en negociaciones con Miguel Ángel Gómez, el actual propietario del inmueble, pero Ordóñez no cree que sea la mejor solución: "Si los ponemos en alquiler puede que hasta sea más inseguro porque, con la nueva ley, si no pagan, en tres meses estarían fuera".