El Gobierno no tiene prevista ninguna medida contra estafas hipotecarias

18 mar. 2014



El Gobierno ha contestado a la pregunta formulada por el diputado Chesus Yuste remitiéndose a las medidas globales adoptadas contra los desahucios, pero sin informar de ninguna actuación concreta contra el preocupante fenómeno de las estafas hipotecarias.

El parlamentario de la Chunta Aragonesista había expuesto en qué consiste el modus operandi más usual en las estafas hipotecarias y se había interesado por conocer qué medidas había adoptado o pensaba adoptar el gobierno para proteger a las víctimas de estas prácticas, para establecer garantías de control sobre el carácter profesional de los prestamistas y para asegurar que las operaciones no sean opacas al fisco.

En su respuesta, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 19 de febrero de 2014, páginas 297 y 298, el gobierno comienza recordando algo que es conocido y nadie cuestiona: que la actividad de préstamos de capital privado en principio es legal.

A continuación, se remite a las medidas ya adoptadas respecto a los deudores hipotecarios con carácter general en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y recuerda las posibilidades -en la práctica muy restringidas en cuanto a su alcance- de reestructuración de deuda, quita y dación en pago.

Hace mención también al Código de Buenas Prácticas y afirma que los prestamistas privados también tienen posibilidad de acogerse al mismo, olvidando que el diputado está refiriéndose a presuntos estafadores que, obviamente, no van a acogerse de forma voluntaria a esta praxis.

Y termina recordando que las reclamaciones contra los prestamistas privados, de acuerdo con la Ley 2/2009, no tienen tratamiento de materia financiera sino de protección al consumidor.

En definitiva, a la vista de esta contestación genérica, se concluye que el gobierno no tiene previsto adoptar ninguna medida específica ante el sangrante fenómeno de las estafas hipotecarias, ni para amparar a los afectados, ni para acreditar el carácter profesional de quienes se dedican a los préstamos de capital privado, ni para que exista un adecuado control tributario sobre tales operaciones.

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