El Periódico de Aragón: Usureros del siglo XXI

5 abr. 2014

Publicado en El Periódico de Aragón, 26.03.2014
 
La Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF) pide activar un registro para empresas y prestamistas privados, que "actúan al margen de la ley"
 
El caso de Lucía Soria es de los que deja boquiabierto. Por increible y por indignante. A esta navarra de 62 años que vive en Zaragoza desde hace más de 40 la van a desahuciar el 4 de abril porque vendió "sin saberlo" su casa, donde vive con su marido, enfermo irreversible, y su hijo, en tratamiento psiquiátrico. Es uno de los cientos de ejemplos que reúne la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF), creada en 2010 para "defender los intereses de quienes han sido engañados para realizar una disposición patrimonial en su perjuicio", define su abogado, Carlos Galán.
 
En el origen de la pesadilla que vive Lucía está, según explica desesperada, una mala praxis de Caja Laboral, que, en lugar de otorgarle un crédito como autónoma para reformar su negocio, hipotecó su vivienda, que ya estaba pagada. Al poco tiempo, el esposo de Lucía sufrió una serie de enfermedades que le dejaron incapacitado para seguir trabajando. Así que se vio obligada a traspasar la panadería-quiosco de prensa que regentaba hasta entonces. Pero a día de hoy no lo ha cobrado, por lo que no puede saldar su compromiso con la entidad bancaria. Interban, consultores financieros e inmobiliarios, se ofreció a hacer de intermediario para refinanciar la deuda, pero acabó vendiendo su piso -situado al lado de la plaza Roma y "valorado en 37 millones de pesetas", matiza- a otra persona, "el supuesto prestamista privado", por 80.000 euros, "haciéndome creer que era un traspaso de hipoteca, pero en realidad estoy de alquiler en mi propia casa", relata. "Me enteré en una reunión de la comunidad. Me extrañaba que ya no me pasaran los recibos, pregunté y ahí salió todo", explica.
 
El Presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, participó ayer en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, donde detalló el problema de las empresas financieras y prestamistas privados. Esta asociación, que nació por iniciativa de Pozo, aglutina a un centenar de socios en toda España y pide activar un registro para quienes se dediquen a esta actividad. Sus miembros denuncian que "la regulación se queda corta y hay un total incumplimiento", así como "dejadez judicial y política ante los abusos y estafas" de chiringuitos financieros que "inducen a vender la vivienda propia en la creencia de que se está aportando como garantía de un préstamo por el valor de esa casa, con la falsa promesa de que, cuando reintegre el crédito, le será devuelta".

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