'Usureros mafiosos'

28 nov. 2014 1 comentarios

Por Domingo Marchena
Publicado en La Vanguardia, 25.11.2014

La Justicia investiga en Barcelona, a instancia de la PAH, veinte lanzamientos semejantes al de la octogenaria de Vallecas

La anciana desahuciada en Vallecas tiene todos los ingredientes para cautivar a los medios de comunicación: una víctima especialmente desvalida y la oleada de indignación y solidaridad que ha despertado su caso. Pero notarios, abogados, expertos en Derecho hipotecario y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sostienen que la caja de Pandora se acaba de abrir y que hay muchísimas más ancianas de Vallecas.

Sólo en Barcelona la justicia investiga a instancias de la PAH veinte casos de préstamos que podrían rozar, no ya la usura, que por cierto no es delito en España, sino la estafa, que sí lo es. Así lo sostienen una de las portavoces de la oenegé, Susana Ordóñez, que tilda a algunos investigados de "usureros mafiosos". No es un fenómeno aislado. Tanto es así que el Consejo General del Notariado, el órgano de gobierno de la profesión, recuerda periódicamente a sus miembros que extremen el celo para frenar prácticas engañosas en los préstamos entre particulares.

El problema es que la crisis y el frenazo en la concesión de créditos bancarios han allanado el terreno a estos prestamistas. Y también a las empresas de telecréditos y a las denominadas P2P (de persona a persona). Una de las últimas en aterrizar en España es Lendico, que pone en contacto a quienes necesitan dinero con quienes están dispuestos a prestárselo. La plataforma está avalada por Rocket Internet, la misma empresa que lanzó la web de citas eDarling o la de ropa Zalando. Lendico promete a sus inversores "un estricto control del riesgo" y "rentabilidades de hasta el 22,69 %".

Internet es hoy, dicen los expertos, el paraíso de los prestamistas. Se trata, explican su defensores, de un sector regulado y con garantías. Pero también siguen existiendo los especuladores de toda la vida, como los que retrata Balzac en La comedia humana. Una de sus últimas víctimas en Barcelona es Mari Carmen, una abuela de la Zona Franca, que acogió a su hija y a sus tres nietos, de entre 5 y 11 años. Llovía sobre mojado. Mari Carmen también  fue desahuciada meses después, en julio, a raíz del lanzamiento instado por un prestamista. Su hija logró que la madre le avalara con la casa. Los activistas antidesalojos lograron frenar el desahucio hasta en tres ocasiones, pero a la cuarta fue la vencida. "Uno de los nietos de Mari Carmen -recuerda Carlos, de la PAH- le dijo a un mosso, con una ironía impropia para un niño: 'Gracias por echarme de mi casa'. El agente fue incapaz de mirarle a los ojos".

La misma historia de Vallecas. ¿Cómo es posible que personas que deberían tener una protección especial -ancianos o madres sin recursos y con menores a su cargo- pierdan su casa? ¿Y cómo es posible que la pierdan por un préstamo tres o cuatro veces inferior al precio real de la vivienda? La respuesta es muy sencilla: la ley les ampara. En primer lugar, en España la usura ni siquiera es delito desde la reforma del Código Penal de 1995, como recuerda el doctor en Derecho y abogado mercantilista Fernando Zunzunegui. Hasta 2009, además, las víctimas de un crédito usuario sólo podían reclamar ante el Banco de España, si la operación se había concertado con una entidad financiera. Si, por el contrario, el fiador era un particular, el caso quedaba fuera de las competencias del supervisor del sistema bancario español. Se trataba, como denuncia Fernando Zunzunegui, que también es profesor de la Universidad Carlos III, de "una zona gris parabancaria". El escándalo se solventó en parte con el traslado de las competencias de supervisión a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. La conclusion del letrado Zunzunegui es lapidaria: "Sobre el papel, ¿hay más controles que hasta 2009? Sí. ¿Son suficientes? No".

A partir de la reforma penal, las leyes establecen que los préstamos tienen que alcanzar el 80 % del valor de la vivienda para impedir que los desalmados obtengan gangas. Pero ¿qué pasa con los préstamos anteriores a la ley? Que se lo pregunten a las abuelas de Vallecas o de la Zona Franca. José Ignacio Navas, notario y autor del libro Claves para afrontar la crisis inmobiliaria, da un consejo que llega tarde para muchas familias: "Si hace falta, presten el dinero directamente a sus hijos, pero nunca les avalen con la vivienda". 

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El Supremo declara abusivo el pagaré en determinados préstamos

25 nov. 2014 0 comentarios

El Tribunal Supremo ha dictado, con fecha 12 de septiembre de 2014, sentencia en recurso de casación, que considera abusiva y, por tanto, nula, aquella condición que suponga, en contratos de préstamo concertados con consumidores, la firma por el prestatario y/o el avalista de un pagaré como garantía de la obligación. 

El alto tribunal considera que esta cláusula introduce desequilibrio entre las partes y se incluye en exclusivo beneficio del prestamista. Éste elude los controles administrativos, notariales y registrales que debería suponer la escritura pública y, sin embargo, accede mediante el pagaré a un procedimiento judicial privilegiado, en detrimento de las garantías del consumidor.

En el juicio cambiario, además, el pagaré será complementado por el prestamista con base en una liquidación realizada unilateralmente por él.

Aunque este blog se centra en las redes de estafas en préstamos de capital privado y, por tanto, en actuaciones delictivas, hay cuestiones civiles que pueden tener interés en orden a la defensa de los afectados. Y ésta es una de ellas. 

La sentencia abre la puerta a que, con fundamento en esta doctrina del TS, pueda alegarse la abusividad de la cláusula que imponga la firma de un pagaré en préstamo suscrito en documento privado, no en escritura pública.

Lo mismo sería aplicable si se firma letra de cambio en lugar de pagaré, que es también una práctica muy habitual, si bien reiteramos que la sentencia se refiere sólo a préstamos que no se concierten ante notario.
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Desahuciada mujer de 85 años por prestamista privado

23 nov. 2014 0 comentarios
















Una mujer de 85 años, Carmen, fue desalojada judicialmente el pasado viernes de su vivienda, donde residía hace medio siglo. La presencia de activistas de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca y de un nutrido grupo de ciudadanos fue reprimida policialmente para poder llevar a efecto el lanzamiento, que había sido suspendido en una ocasión anterior.

La actuación tiene su origen en un préstamo suscrito para su hijo Luis con un prestamista de capital privado por 40.000 €, que ha dado origen a una reclamación de 77.000 €. El prestatario se quedó en el paro y no pudo devolver ese capital. La madre tiene una pequeña pensión que tampoco le permite hacer frente a esa deuda.

Por lo que ha trascendido, el ejecutante se llama Francisco Gómez Montoya. No admitió negociar y se acabó quedando con un piso en la calle Sierra de Palomera que vale mucho más que la deuda. 

Como muy bien explicaba la PAH de Vallecas a los medios informativos, "al ser un prestamista particular la negociación es más complicada porque este tipo de gente va directamente a por la casa", algo que venimos denunciando desde aquí hace ya tiempo. Añade la Plataforma que incluso "muchos son conscientes cuanto te dan el préstamo de que no vas a poder pagarlo". 

Posteriormente trascendió que el Rayo Vallecano se hará cargo de pagar un alquiler para que Carmen pueda tener una vivienda. 

La noticia en otros medios:

- El País, 21.11.2014
- El Huffington Post, 21.11.2014
- El Diario, 22.11.2014

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Fotografía de Andrés Kudacki
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Oficial de notaría se querella contra Presidente de Stop Estafadores

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El Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid ha dictado auto de preparación de juicio oral contra el Presidente de nuestra asociación, Juan Puche, por presuntos delitos de injurias con publicidad, tras la querella interpuesta por Javier Becero Encinas.

La asociación STOP ESTAFADORES quiere manifestar su solidaridad con nuestro máximo representante y agradecerle afectuosamente que lleve ya varios años dando la cara contra las redes mafiosas de estafas en nuestro país. 

Juan Puche no ha dicho nada que no sea verdad en relación con el querellante. Y por eso podemos hacerlo nuestro sin ningún tipo de miedo: 

- Es un hecho objetivo que Javier Becero Encinas trabaja como oficial de la notaría de José Usera y Julia Sanz en Madrid. 

- Es un hecho objetivo que varios afectados han denunciado penalmente a esos dos notarios en distintos procedimientos judiciales. 

- Es un hecho objetivo que en dicha notaría se firmaron una gran cantidad de préstamos por parte de la red de Antonio Arroyo Arroyo. 

- Es un hecho objetivo que en esa notaría la policía detuvo a Antonio Arroyo Arroyo y varios de sus cómplices. 

- Y es un hecho objetivo que, en sede judicial, el prestamista Antonio Arroyo Arroyo ha declarado que su interlocutor en la notaría era Javier Becero Encinas. 

- Obviamente, Javier Becero Encinas no ignora todos estos datos. 

Por lo demás, resultan altamente significativas dos cosas: 

- Una, que ni el prestamista Arroyo ni los notarios se hayan atrevido a plantear una denuncia similar contra Juan, no sea que acabe teniendo un efecto boomerang y se investigue si lo que dice sobre ellos es cierto. Y que tenga que ser un secundario, el oficial de la notaría, el que plantee la querella. 

- Y otra, que si Javier Becero quiere desmarcarse de estos hechos, pida al Juzgado que cite como testigo ¡a Antonio Arroyo!, es decir, precisamente a su asiduo cliente imputado en numerosos juzgados por estafa y otros delitos. Cuando menos, es una curiosa forma de desvincularse y limpiar su imagen. 

Salvo que se estimen los recursos contra el auto, Juan Puche podría ser juzgado por decir verdades como puños. 

Ya quisieran las decenas de familias que denuncian haber sido estafadas por la trama Arroyo que sus casos merecieran el mismo celo y atención que la querella de Becero. 

Lamentablemente, en nuestro país estamos acostumbrados a que los procesos a presuntos delincuentes se prolonguen durante años, mientras se juzga con celeridad a quienes se atreven a denunciarlos. 

Pero, por si alguien se hace falsas ilusiones, ya les anticipamos que no nos van a callar. El blog de Juan Puche lleva denunciando desde hace tres años una red presuntamente delictiva, investigando, ofreciendo datos y sirviendo de referencia y de unión a las familias afectadas. Acaba de superar las doscientas mil visitas, lo cual da una idea del alcance de estos hechos y del interés que despiertan. Por eso está en el punto de mira de todos los imputados y de sus más cercanos colaboradores, que quieren silenciarlo a toda costa. Pero si el objetivo es acallar a Juan Puche, deberían recordar el efecto multiplicador que tiene la censura.

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(Fotografía: fachada del edificio de la Notaría Usera y Sanz, imagen de Google Street)
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La Fiscalía de Aragón estudiará las estafas en préstamos privados

15 nov. 2014 0 comentarios

Publicado en El Periódico de Aragón, 10.11.14

Fraudes hipotecarios
LA FISCALÍA ARAGONESA ESTUDIARÁ LAS ESTAFAS HIPOTECARIAS DE CAPITAL PRIVADO
El fiscal abre diligencias informativas y se reunirá con los afectados, que han perdido sus casas.
La asociación de víctimas ADEVIF formaliza su registro en el departamento de Consumo

F. Mantecón. 10/11/2014

El fiscal superior de Aragón, José María Rivera, se reunirá próximamente con los representantes de Asociación de Víctimas de Estafas Financieras (ADEVIF) en la comunidad, que acaban de formalizar su inscripción en el registro de colectivos autorizados por Consumo. El ministerio público ha abierto diligencias informativas sobre estas tramas en las que, aparentemente, actuarían financistas privados en connivencia con algunos notarios. Lo hace tras el interés que ha despertado el tema, en los últimos meses, en políticos, jueces, notarios y asociaciones de consumidores. Según la asociación -no hay estadísticas disgregadas- este tipo de estafa podría estar detrás de hasta el 30% de los desahucios de particulares. 

ADEVIF, constituida por el andorrano Rafael Pozo, nació hace unos años con vocación nacional, pero para facilitar la protección de los asociados en cada territorio ha comenzado a inscribir filiales regionales, hasta ahora en Valencia y Aragón. Su campaña de concienciación ha llegado a las Cortes de Aragón, a la DGA -en una reunión con Consumo- y, ahora, a la Fiscalía. 

Los tribunales han sido hasta ahora un obstáculo para las víctimas, que en la mayor parte de los casos ignoraban que hubiese más casos como el suyo. Y los jueces han optado mayoritariamente por archivarlos porque, de no verse como conjunto, los asuntos en su mayoría carecen de prueba más allá del testimonio de la víctima. Con eso es con los que cuentan los presuntos estafadores, cuyo máximo exponente es el empresario Antonio Arroyo Arroyo, que cuenta con cientos de denuncias en toda España, algunas también en Aragón. 

MODUS OPERANDI

El esquema de actuación de estas tramas, con ligeras variantes, comienza con un préstamo privado, al que las víctimas recurren por estrecheces económicas que el banco no quiere o no puede aliviar. Al no obtener crédito por vía normal, acuden a estos chiringuitos financieros, que les ofrecen dinero fácil con un plazo de devolución corto -normalmente seis meses- y con un interés que roza la usura, pero aparentemente asumible. 

El problema, y ahí es donde entraría la estafa, es que ni siquiera les llegan a dar lo que les ofrecen. En la notaría firman la entrega de más dinero del que les dan, unas veces con engaño y otras con la promesa de que se lo darán un poco más adelante. Como garantía, sabiéndolo o no, han puesto su casa. 

De esta forma, cuando se agota el plazo, rara vez han podido reunir no ya los intereses que firmaron, sino los que creían haber pactado. En algunas ocasiones, el prestamista ni siquiera está en el lugar donde figuraba su sede, de forma que aunque tengan el dinero no pueden devolverlo. 

Es entonces cuando el presunto estafador ejercita la opción por la casa puesta como aval, y la subasta o compra a un precio ridículo. En el otro lado de la balanza, el estafado pierde su vivienda por poquísimo dinero. Y para colmo de males, en muchos casos el impago sigue corriendo con unos intereses de demora incluso del 29%, generando deudas millonarias que no se cubren ni con la vivienda. 

Sin embargo, lo que llega al juez es un documento firmado en condiciones quizá injustas, pero aceptadas como contrato privado con el firmante. Y solo cuenta con su palabra de que lo firmado no es lo acordado, lo que en un proceso penal no sostiene abierto un caso. En otras vías, el aumento de la protección al consumidor que ordena Europa ha ido permitiendo anular las cláusulas abusivas, pero en este tipo de contratos Estrasburgo todavía no ha entrado con la contundencia necesaria. 

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE ARAGÓN NO HA RECIBIDO QUEJAS 

Francisco Picazo, decano del Colegio de Notarios de Aragón, aseguró que no tiene constancia de que al organismo haya llegado ninguna denuncia por malas prácticas de este tipo. El colegio nacional sí remitió a todas las comunidades una circular en la que instaba a los profesionales a leer cuidadosamente los contratos a los firmantes, algo que al parecer se estaba relajando, para evitar estos fraudes. Picazo recordó que entre los derechos del usuario está el asesorarse previamente y el de elegir notario, algo que puede evitar esta presunta connivencia con los prestamistas. 

Las víctimas 
“NO SOMOS NADA, NI ESTAFADOS” 
Los afectados se encuentran desamparados por una legislación que no les recoge específicamente. 
La “conciencia judicial” cristaliza en algunas sentencias favorables. 

"Yo no puedo devolver lo que debo. Asumir que has sido estafado es duro, pero es que no somos ni estafados, no somos nada", lamenta Fernando Ortiz, tesorero de la Asociación de Víctimas de Estafas Financieras (ADEVIF) en Aragón, y afectado por una de ellas. Su mayor desconsuelo no parece ser el timo en sí, sino el no saber a dónde acudir. "Ni siquiera pretendo acabar con esta gente -admite, con aire derrotado-, lo que quiero es que se nos reconozca como víctimas de una estafa", asegura. 

En su caso, a raíz de darle poderes a un familiar para hacerle avalista de un crédito de unos 8.000 euros, al poco tiempo se encontró con la llamada de un prestamista desconocido. "¿Sabes que me debes 40.000 euros?", le espetó. Ortiz, lógicamente, se quedó helado. 

Ahora ha perdido una casa en la que había invertido años de trabajo, un edificio histórico de Zaragoza, valorado en 1,2 millones, por una deuda que ni siquiera era suya. En el colmo de la desdicha, su deuda de intereses ha crecido hasta los 230.000 euros, y sigue teniendo que pagar obras al ayuntamiento a cargo de unas subvenciones para arreglar el edificio que ya no es suyo, ya que las recibió al ser un Bien Cultural. "No hay forma de hacerles entender lo que ha pasado", lamenta. 

La situación de Ortiz la comparten muchos, pero hay motivos para la esperanza. En palabras de Santiago Landete, el abogado madrileño que actualmente lleva los casos de Adevif -el anterior se centró en los del prestamista Antonio Arroyo Arroyo (*), que acumula más de cien él solo- está "empezando a despertar la conciencia judicial con estos casos". 

Los prestamistas suelen escoger gente de bajo perfil formativo y agobiados por necesidades económicas, aunque este perfil no se cumple en varios de los casos aragoneses que han trascendido hasta ahora. "Acaban con las deudas pero al archivar los casos el juzgado, se suelen rendir. No conocen otros casos como el suyo, y eso es lo que queremos cambiar", explica el abogado. 

Para ello han mantenido ya reuniones con la Federación de Colegios de Notarios españoles, que tras la inhabilitación de un par de profesionales en Madrid ha tomado cartas en el asunto. Los grupos económicos de la Policía también están al tanto de la problemática, y en una reunión de jueces celebrada este verano en Alcañiz también se trató, tangencialmente, el asunto. 

Recientemente, la asociación recibió una buena noticia desde Soria, uno de cuyos jueces anuló uno de estos contratos privados por sus cláusulas abusivas. La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial soriana. En este caso, la víctima había pedido 8.000 euros a un avalista, con unas condiciones por las que, en seis meses, su deuda había crecido hasta los 85.000 euros. Además, su casa había sido tasada por el prestamista en algo más de 100.000 euros, cuando superaba los 300.000. La notaría madrileña en cuyo despacho se firmó el trato ya está inhabilitada. 

LA ASOCIACIÓN ACONSEJA INFORMARSE SOBRE EL PRESTAMISTA Y ASESORARSE

ADEVIF ofrece en su blog información sobre los implicados en estas redes que han encontrado hasta el momento, y teléfonos de contacto para los que crean que han sido víctimas de estas prácticas. También una serie de consejos útiles (**) para los que tengan la intención de pedir un préstamo privado. Entre los más importantes: 

- Tener claro con quién se está tratando. Desconfiar de los contactos intermedios, o de webs que no aclaran a qué empresa pertenecen. 
- Informarse en internet sobre el prestamista, una vez asegurada su identidad. 
- Conservar todos los documentos que se reciban o envíen (cartas, correos electrónicos, mensajes de texto) en la tramitación del préstamo. 
- Pedir con antelación en la notaría la oferta vinculante --el contrato--, y asegurarse de que son las mismas condiciones que se han acordado previamente. No firmar el mismo día (suelen actuar con mucha prisa para evitar que el cliente pueda leer detenidamente los documentos). 
- Contar con el asesoramiento de un abogado, o al menos de un testigo en la notaría. 
- Consultar todas las dudas al notario (los prestamistas suelen aconsejar "decir que sí a todo"). 
- Asegurarse principalmente de no firmar poderes a favor del prestamista. 
-Conservar el cheque desde el momento de recibirlo, sin firmarlo. 
- No renegociar la deuda con el prestamista, ya que puede aumentarla.
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Notas: 

(*) Esta afirmación se corresponde con una información falsa facilitada al periodista por ADEVIF. El anterior abogado colaborador de la asociación, Carlos J. Galán, además de los casos de Arroyo, llevó los que los socios de ADEVIF le encomendaron que no eran de Arroyo. De hecho, todos menos el del presidente los continua llevando a día de hoy a petición de los interesados.

(**) ADEVIF no lo indica actualmente en su web, pero tales consejos son los que elaboró el despacho Alberche Área Jurídica. Aunque no citen procedencia y los hayan copiado tal cual, bienvenido el plagio si ello sirve para evitar nuevos afectados. 
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En 13 TV, trama de corrupción política y de estafas en préstamos

8 nov. 2014 0 comentarios

Como habíamos anunciado aquí, La Marimorena, programa dirigido y presentado por el periodista Carlos Cuesta en 13 Televisión, incluyó en su debate de actualidad del pasado domingo un debate sobre la operación Púnica, una de las tramas de corrupción político-empresarial  recientemente destapadas. 

Asistió como invitado el abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán, que asesora a la asociación Stop Estafadores, para hablar de una de las firmas de esta red corrupta, TPC Gestiones Consulting Inmobiliario

Esta empresa, cuya sede fue objeto de registro policial, forma parte del centenar de sociedades que el detenido David Marjaliza utilizaba para su actividad delictiva, vinculada a adjudicaciones públicas irregulares, pero la misma también adquiría créditos de la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo para ejecutarlos y desahuciar a las familias de sus viviendas. 

En este vídeo se incluyen varios fragmentos del programa: la introducción que hizo Carlos Cuesta en la que menciona estos hechos citando a la asociación Stop Estafadores, el reportaje que ilustró el debate y la intervención del letrado Carlos Javier Galán.

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La vinculación entre la trama Arroyo y la red Púnica, en El País

4 nov. 2014 0 comentarios

El diario El País ha recogido unas declaraciones del abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán, en relación con la vinculación existente entre las sociedades de David Marjaliza, detenido en la operación Púnica, y Antonio Arroyo, prestamista imputado por numerosas estafas. 

El periodista Joaquín Gil dedica un reportaje de investigación al "conseguidor" Marjaliza, cuyo último párrafo alude expresamente a esta relación:

"Los tentáculos del conseguidor conforman una red de 91 empresas. La madeja apunta vínculos con conocidos de los tribunales. Uno de ellos es el prestamista imputado por estafa en varios juzgados de Madrid Antonio Arroyo Arroyo. Sociedades de Marjaliza adquirieron créditos hipotecarios a Arroyo para propiciar el desahucio de sus viviendas, según el abogado Carlos Javier Galán. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con el prestamista, uno de los reyes de los créditos exprés en España".
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