Más de 30.000 firmas para evitar fraudes de prestamistas

28 feb. 2015 0 comentarios


La campaña iniciada en la plataforma Change.org por Monchi Navarrete, afectada por una presunta estafa de prestamista, y por la asociación Stop Estafadores, ha superado en tan solo dos semanas 30.000 firmas de apoyo. Un respaldo muy importante que otorga visibilidad a este problema y que permitirá llevar trasladar a los poderes públicos propuestas de cambio legislativo que impidan nuevos abusos y estafas en el sector. 

Desde aquí animamos a adherirse a esta iniciativa con la firma y con la difusión, para que siga creciendo el clamor contra estas prácticas irregulares y que no haya nuevas familias que vivan dramas semejantes.
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En ¿Hay Derecho?, la jungla de los préstamos no bancarios

27 feb. 2015 0 comentarios

Publicado en el blog ¿Hay Derecho?, 24.02.2015

PRÉSTAMOS NO BANCARIOS EN ESPAÑA: ¿PODEMOS ACABAR CON LA LEY DE LA JUNGLA?

Meses atrás, la noticia y los testimonios gráficos del desalojo de Carmen, una mujer de 85 años que se vio obligada a abandonar su vivienda en el barrio madrileño de Vallecas, conmovieron a buena parte de la sociedad. Detrás del drama humano, un dato llamó enseguida la atención: el lanzamiento no lo instaba esta vez una entidad bancaria, sino un prestamista con nombre y apellidos. El ejecutor se había beneficiado de un chollo inmobiliario (adjudicarse piso y plaza de garaje en Madrid capital por un importe entre un tercio y la mitad de su valor real) despojando a una persona mayor del único patrimonio que tenía tras toda una vida de esfuerzos.

Hace unas semanas, otro lanzamiento, el de Umberto, en el barrio de Tetúan de la capital de España, atraía de nuevo la atención informativa y reabría el debate. En esta ocasión, el ejecutor era un controvertido prestamista, denunciados por decenas de familias de toda España en los últimos años por presuntas estafas, con al menos tres detenciones policiales a sus espaldas e imputado en varios juzgados madrileños.

Los dramas de Carmen y de Umberto adquirieron una justificada visibilidad mediática, pero sus casos, lamentablemente, no son infrecuentes: en estos últimos tres años he tenido oportunidad de conocer a muchas familias en situación similar o en evidente riesgo de llegar a ella.

EL CRÉDITO NO BANCARIO

Aunque agrupa entidades y actividades muy heterogéneas, el conocido como shadow banking, el sistema parabancario, es una realidad que alcanza a nivel mundial un volumen considerable, situándose en los últimos años entre el 25 y el 30 % del sistema financiero total. En España, algunos expertos lo cifraron en 2013 en un 17 % aproximadamente. Bien regulado, puede constituir una interesante alternativa cuando se producen dificultades de acceso al crédito tradicional. Contribuye a diversificar riesgos e incluso, en ocasiones, encauza los recursos hacia necesidades específicas de financiación de forma más especializada y eficiente. Pero no está exento de importantes riesgos, al eludir en buena medida las normas y los controles del sistema bancario tradicional.

La Comisión Europea, en su Libro Verde de 2012 y en su Dictamen del Comité Económico y Social 201/C 170/09, apuntó a la necesidad de aumentar la transparencia, limitar los riesgos, reforzar la regulación y mejorar la supervisión del sistema de crédito no bancario. Casi siempre, los temores de las autoridades y de los organismos internacionales atienden a la posibilidad de contagio sistémico. Pero, mucho más allá de la macroeconomía o de la estabilidad del sistema financiero, no deberían perderse de vista los costes sociales y humanos que implica el descontrol del crédito no bancario, claramente apreciables en cuanto descendemos a los casos concretos.

En nuestro país, desde 2006, el entonces Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, había clamado en el desierto, pidiendo en varios de sus informes anuales a los poderes públicos que regulasen el sector. El auge del mismo, por aquel entonces entregado a la llamada “reunificación de deudas” (fundamentalmente convertir en deuda hipotecaria a largo plazo todo el crédito y las deudas familiares), había desbordado las costuras de la insuficiente regulación genérica del Código Civil y era un campo abonando a los abusos.

Cuando por fin se aprobó la Ley 2/2009, de 31 de marzo, únicamente centrada en los préstamos hipotecarios otorgados por entidades y profesionales no bancarios a consumidores,  algunos reputados expertos, como el compañero Fernando Zunzunegui, advirtieron ya sobre las insuficiencias (en el control, por ejemplo) y las deficiencias (mezclar la concesión y la intermediación, sin ir más lejos) de la recién nacida normativa.

Años después, la realidad, por desgracia, ha puesto de manifiesto que la Ley no ha cubierto, ni de lejos, sus pretendidos objetivos. Sobre el papel ya se apreciaban sus limitaciones, pero, además, lo poco bueno que aportaba ha sido objeto de un incumplimiento sistemático. Y no sólo por los destinatarios de la norma, sino, lo que es mucho más grave, por aquellos que estaban llamados precisamente a hacerla cumplir.

UNA LEY INSUFICIENTE Y, ADEMÁS, INCUMPLIDA

La Ley no situó esta actividad del préstamo hipotecario privado bajo el control del Banco de España o de un supervisor específico, sino que asignó la competencia a los departamentos de consumo de las Comunidades autónomas, sin dotarles ni de medios ni de especialización. Aquí no hablamos del comprador de un par de zapatos al que no le devuelven el dinero a pesar de que el calzado tiene taras, o un usuario al que calculan mal su factura de consumo eléctrico, o el propietario de un vehículo al que el taller mecánico no ha entregado un presupuesto suficientemente detallado… Son familias, con frecuencia en angustiosa necesidad económica, que ponen en juego nada menos que su propia casa, como garantía de operaciones inconcebibles que en la práctica nadie está controlando.

El resultado, seis años después, es que la vigilancia y las inspecciones de oficio no existen. Basta con echar un vistazo a internet. Las numerosas páginas que operan con el reclamo de dinero rápido, dinero urgente, dinero fácil… rarísima vez cumplen las obligaciones de identificar sin género de dudas a la entidad que presta los servicios, de informar de la disponibilidad del folleto obligatorio de tarifas, de introducir referencias a mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos o de publicitar el derecho a solicitar oferta vinculante (artículo 6.2 de la Ley).

La Ley instituyó la obligatoriedad de creación de registros de profesionales de estas actividades (artículo 3). Tales registros habían de tener ámbito autonómico, en coherencia con esa atribución de competencia sobre el sector a los organismos de consumo de las comunidades. A su vez, los registros autonómicos debían suministrar sus datos a un registro estatal. Han pasado seis años y no se ha creado ni uno solo de los registros autonómicos previstos. Dos años después de la ley, el Real Decreto 106/2011, de 28 de enero instituyó formalmente el registro estatal, que debía ser accesible a través de la web y, además de identificar a las empresas, había de ofrecer a los usuarios la posibilidad de consulta de los folletos obligatorios. Pero hoy –recuerden: seis años después de la ley y cuatro desde su creación-, el Registro no puede consultarse aún en la web. El aplicativo que debería permitirlo no está en funcionamiento por motivos presupuestarios y técnicos, según asegura la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, responsable del Registro. Sí, sí, no se sorprendan: en nuestro país, los préstamos no bancarios están bajo la competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Pero, además, la creación de registros no es un fin en sí misma, sino que se planteó como un instrumento para fomentar la transparencia y la vigilancia en el sector. Nada de esto ha sido así y el registro, en la práctica, no tiene ninguna utilidad protectora del consumidor, más bien al contrario. Yo suelo asegurar que se ha convertido en un contraproducente “sello de calidad” para los aprovechados, que pueden hacer constar en su publicidad “inscrito en el registro estatal…” dando una apariencia de seriedad y de sometimiento a la ley que con frecuencia es totalmente irreal. Baste recordar que el inscrito con el número 1 en dicho registro es, paradójicamente, la persona a la que antes nos referíamos: la que más imputaciones judiciales acumula por presuntas estafas.

Hoy el sector ya no se centra en aquella “reunificación de deudas” propiciada por un mercado hipotecario donde reinaban las “alegrías” que caracterizaron nuestra burbuja inmobiliaria. En estos últimos años, los de la crisis, el recurso al llamado préstamo de capital privado ha suplido, para no pocas familias, el cierre generalizado del grifo del crédito por parte de las entidades bancarias. Ya no se ha acudido a él mayoritariamente por conveniencia, para abaratar cuotas mensuales. Se ha acudido por pura y simple necesidad. Con el grave peligro de que, tras el fallido intento regulador, podemos afirmar, sin exageración, que en este ámbito sigue rigiendo la ley de la jungla.

La televisión e internet están repletos de anuncios de créditos casi instantáneos, de pequeñas cuantías pero elevadísimo coste, como ha denunciado recientemente un estudio de ADICAE. Cuando nos encontramos con que una TAE puede ser ¡del 7.896 %!, algo no funciona. Sólo los controles previos y la vigilancia pueden impedir determinadas prácticas porque, precisamente por las pequeñas cuantías, no es previsible que el consumidor acuda a los tribunales en estos casos. Para empezar, pagar una tasa de 150 euros para poder denunciar el carácter abusivo de un préstamo de 400, por ejemplo, supone un primer factor disuasorio, al que se suman la propia situación económica del afectado, la lentitud de nuestro sistema judicial y la escasa eficacia práctica de la resolución que al final se pueda obtener... Mientras esto sea así, las empresas de microcréditos exprés podrán seguir haciendo su agosto, puesto que sus leoninas condiciones les permiten incluso absorber unas altas tasas de morosidad sin dejar de obtener elevados beneficios. Una conocida firma de este sector de los préstamos rápidos a la que la Financial Conduct Authority de Reino Unido obligó a devolver 2,6 millones de euros por cobros indebidos a usuarios, decidió expandirse a cinco países del mundo donde entendió que la legislación y la práctica eran favorables para sus intereses. Adivinen cuál fue uno de ellos.

En las calles y en las webs encontramos cada vez más anuncios de préstamos con la garantía de su vehículo, sin que haya normas aplicables claras y efectivas sobre intereses y comisiones, o sobre solvencia y responsabilidad de las entidades que ejercen la actividad, ni referencias para la tasación del bien usado como garantía. Ni, por descontado, controles que eviten la extendida irregularidad de acabar dejando firmada sin ser conscientes, en medio de la documentación del préstamo, una transferencia del vehículo con los datos en blanco.

LAS ESTAFAS HIPOTECARIAS

Pero, con diferencia, la práctica más grave, porque trasciende el ámbito civil para entrar de lleno en lo penal, es la de las redes delictivas dedicadas a apoderarse de inmuebles con desembolsos reales irrisorios. A la llamada de este espacio de impunidad acudieron algunos subasteros reconvertidos en aparentes prestamistas hipotecarios. ¿Para qué esperar a que llegara a ejecución una ganga de inmueble si tú mismo podías diseñar de antemano la operación que te llevara a quedarte con el mismo en condiciones más que ventajosas?

Así nace un modus operandi encaminado a conseguir que la víctima firme ante notario un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo (a veces les aseguran que es un “préstamo puente”, pero nunca llegará el definitivo), con unos intereses de demora abusivos y valorando su vivienda para subasta en una cifra irrisoria. Porque de eso se trata, no de que paguen, sino de apoderarse de un inmueble por una cantidad ridícula.

Dicho así, puede parecer burdo, pero ya nos advirtió la psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez Salegui en un interesante artículo publicado en este mismo blog, de que estamos ante una operativa elaborada con detalle en sus aspectos legales, económicos y psicológicos. Y depurada con la práctica de años de estafar con impunidad.

Una madeja de mentiras, de medias verdades, de promesas incumplidas, de documentos bancarios falsificados, de firma de documentos privados con las condiciones realmente habladas pero que luego no se entregan a los interesados, más la presencia final de un notario… acaba envolviendo a unas víctimas que, no conviene olvidarlo, están en situación de apremiante necesidad. El resultado es que firmarán una escritura –casi treinta páginas con un contenido legal y técnico poco comprensible para un ciudadano común- que después descubrirán que nada tiene que ver con lo que creían estar contratando. 

Dos de los elementos de la estafa -los intereses abusivos que engordaban la deuda y las tasaciones irrisorias que facilitaban la adjudicación del inmueble- ya han encontrado respuesta en el ámbito civil, mediante la práctica judicial y las recientes reformas legales. Pero la tercera pata del fraude, el capital declarado superior al realmente recibido, constituye un elemento que entra en el ámbito de lo penal, y que adolece de una gran dificultad probatoria, dada la intervención notarial. Siempre de unas mismas notarías, aclaremos.

La respuesta judicial y de la fiscalía está siendo, a mi entender, muy corta de vista, con algunas excepciones. Ante esta nueva forma de delincuencia, encontramos una actitud de incomprensión, similar a la que ya conocimos con otros fenómenos que también tenían un factor psicológico acusado –la violencia de género, el mobbing, el acoso escolar…- en los que, durante largo tiempo, se ponía el acento en los árboles aislados y no se veía el bosque. Pasaron años hasta que por fin se consiguió que se entendieran en su complejidad y su verdadero alcance, como tal vez acabe sucediendo también ante estas prácticas, cuando ya nos hayamos dejado en el camino unos cuantos suicidios, unas cuantas familias destrozadas y mucho desalojos de viviendas, al tiempo que enriquecemos a unos aprovechados sin escrúpulos.

El considerar –como hacen algunos jueces- la fe notarial como algo penalmente inatacable, en un especie de freno iuris et de iure a cualquier investigación judicial y produce una cruel paradoja: convierte en estos casos al notario, llamado a ser garante de la legalidad, en el “elemento sacralizador de la estafa”, como lo calificaba gráficamente el Inspector Jefe de Policía Julio Martínez. Eso hace que unos pocos fedatarios muy concretos actúen como cómplices y enturbien la imagen generalizada de una profesión que goza merecidamente de un nivel de confianza altísimo en la ciudadanía

APUNTES PARA UNA REFORMA LEGAL

Una modesta pero laboriosa asociación, la plataforma Stop Estafadores, que agrupa a familias víctimas de estafas cometidas por prestamistas no bancarios, ha iniciado una ronda de contactos con los partidos políticos y con instituciones para pedir justicia para las víctimas de estas prácticas, pero también para evitar nuevos afectados, implementando mejoras en la regulación.

Además, ha impulsado recientemente, a través de la plataforma Change.org, una iniciativa de recogida de firmas para recabar apoyo ciudadano a una reforma de la Ley.

La asociación se ha centrado en un punto concreto de la normativa, para así simplificar la comprensión de su demanda. Pero son muchos los aspectos que pueden y deben mejorarse. A título de meros apuntes, me atrevo a sugerir algunas líneas de posible modificación:

- Se impone regular, con referencias claras y con seguridad jurídica, los intereses remuneratorios y de demora.

- Sería conveniente limitar las comisiones. Y garantizar que éstas respondan a servicios realmente prestados.

- Debe preverse vigilancia efectiva, de oficio, preventiva (y no sólo a instancia de parte y sobre hechos ya producidos). Y si estas operaciones siguen en el ámbito de Consumo, dotar a estos organismos de especialización y de medios para controlar el sector.

- Deben establecerse modelos de información sencillos, comprensibles y eficaces. La actual regulación de la oferta vinculante es insatisfactoria. Y el derecho a examinar el proyecto de escritura con tres días hábiles de antelación sencillamente no se ejercita en la práctica, se ha convertido en una cláusula de estilo más en el cuerpo de las escrituras notariales.

- Creo que hay que reforzar las facultades de control de legalidad de notarios y/o registradores, dándoles instrumentos para ello.

La entrega de capital tendría que ser siempre fehaciente: si no se realiza por ingreso bancario u otros métodos seguros, se debería dar fe notarial de su entrega efectiva, no de la supuesta manifestación de parte de haberlo recibido “con anterioridad a este acto”. 

- Para evitar las artimañas que buscan evitar la aplicación de la normativa de consumo, debería perseguirse y sancionarse con severidad a los profesionales que manifiestan falsamente actuar como particulares y que en todas y cada una de sus operaciones aseguran que es ocasional. E impedir también la extendida práctica de que actúe como prestamista formal un particular (realmente un testaferro) y que de inmediato ceda el crédito al profesional (el verdadero prestamista) o a quien éste señala (el “inversor” con el que se ha pactado que se acabe quedando con el inmueble previa ejecución) mediante un endoso de título cambiario u otras fórmulas similares.


Hay muchas posibilidades, algunas relativamente sencillas, de mejorar la regulación y de introducir cordura y equilibrio en la actual selva de los préstamos no bancarios. Inevitablemente, la picaresca siempre intentará ir un paso por delante de la ley. Pero me temo que, en este caso, la ley se ha quedado unas cuantas zancadas por detrás de quienes planean y perpetran los múltiples abusos. 
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Reunión de Stop Estafadores con Ciudadanos

25 feb. 2015 0 comentarios

Dentro de los contactos que la asociación STOP ESTAFADORES está manteniendo con todos los partidos políticos, el pasado lunes se reunió en Madrid con el partido Ciudadanos, una fuerza política presente hoy en el parlamento catalán y en el parlamento europeo, y a la que las encuestas le pronostican posible presencia en otras comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados en próximas convocatorias electorales. 

Ciudadanos quiso también conocer de primera mano la problemática de las víctimas de estafas en préstamos hipotecarios de capital privado y la asociación Stop Estafadores le facilitó esa información y pidió su apoyo, como hace con todos los grupos sin distinción. 

Por parte de la asociación estuvieron presentes Xela Márquez (secretaria nacional de la asociación) Mary Yáñez (tesorera nacional), Javier Gimeno (delegado en Madrid) y Carlos J. Galán (asesor jurídico), quienes se entrevistaron con Sergio Brabezo, coordinador de relaciones con asociaciones en la ciudad de Madrid, y Sofía Fernández. Al término de la reunión, tuvieron ocasión de saludar también a César Zafra, coordinador de la agrupación de C's Madrid. 

Stop Estafadores hizo entrega a Ciudadanos de documentación sobre la asociación, de información de en qué consisten estas prácticas irregulares y un dossier informativo de la repercusión en medios de comunicación en los últimos dos años. Así mismo, como al resto de grupos políticos, se le solicitó apoyo para las reivindicaciones del colectivo, planteando una serie de propuestas de colaboración, tanto en el ámbito de la Comunidad de Madrid como el conjunto de España. 

Stop Estafadores está impulsando una reforma de la Ley 2/2009 que regula los préstamos hipotecarios no bancarios, para dificultar las prácticas abusivas y las actividades delictivas que tienen por objeto un bien de primera necesidad como es la vivienda. Actualmente desarrolla una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org, recibe apoyo de personalidades destacadas de la sociedad civil, y mantiene una serie de encuentros con grupos políticos, en los que, además de C's, se ha reunido anteriormente con UPyD y con el PSOE por el momento, a la espera de que se programen las citas con el resto de partidos. 
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Stop Estafadores denuncia extravío de causas judiciales de prestamista

24 feb. 2015 10 comentarios

Publicado en la web de la asociación Stop Estafadores, 22.02.2015

En estos días, muchos ciudadanos y medios de comunicación se han escandalizado con el hecho de que el expediente judicial contra el PP por un presunto delito de destrucción u ocultación de pruebas (a causa del borrado del ordenador de su extesorero Luis Bárcenas) haya desaparecido misteriosamente en la Audiencia Provincial de Madrid. 

Por desgracia no es una situación excepcional. ¿Se imaginan a qué otro conocido imputado le han desaparecido, no ya una, sino dos de sus causas? Pues sí: al presunto estafador Antonio Arroyo Arroyo

En el Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid, la anterior juez apreció indicios de estafa en los hechos denunciados ante la policía el 3 de enero de 2011, en la provincia de Valencia, por quien hoy es nuestro presidente, Juan Puche. El juzgado citó a declarar al denunciado el 7 de junio de ese año. Cuando Arroyo acudió, acompañado de uno de sus abogados, los autos habían desaparecido. Se acordó entonces que, cuando se encontraran, se le volvería a llamar a declarar. Transcurrió un año, dos, tres… y finalmente el actual juez, en cuanto ha tomado posesión de su plaza, ha decidido archivar provisionalmente la causa afirmando que “tras diligencias de instrucción”, no aprecia delito alguno en Arroyo. Hay un “pequeño detalle” cuestionable en esa afirmación: es absolutamente falso que se haya realizado ninguna diligencia de instrucción. Ni una sola. Ni siquiera aquella declaración del presunto estafador que venía acordada por su antecesora. La decisión no es firme, está recurrida.


En el Juzgado de Instrucción nº 18 de Madrid se tramita la denuncia que Vicente, de Zamora, otra víctima del mismo prestamista, interpuso el año pasado. El expediente de la causa se entregó a Fiscalía para la emisión de informe y ya no volvió a aparecer. Tras meses sin hallarlo, el juez ha ordenado que se proceda a la reconstrucción de los autos, para lo que se tendrá que utilizar los documentos que conserven las partes y la copia informática de las resoluciones del órgano judicial.

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Estafas de prestamistas en La mañana de COPE

23 feb. 2015 0 comentarios

El programa La mañana de COPE prestó atención el pasado 19 de febrero al caso de Monchi, que denuncia la estafa que sufrió por parte del prestamista Antonio Arroyo Arroyo. Su esposo, Javier, no pudo con la situación y se quitó la vida, y ahora siguen ejecutando contra ella para intentar quitarle la vivienda. Recibió sólo 4.000 euros en metálico y ahora le reclaman 36.000 € si no quiere que la casa donde vive con su hijo discapacitado sea subastada.

Ella ha iniciado en la plataforma Change.org una iniciativa para intentar cambiar la ley y evitar que otras familias pasen por el mismo drama que ella. 

Ángel Expósito y sus colaboradores Goyo González y Paloma Tortajada entrevistaron también a Carlos J. Galán, abogado de Alberche Área Jurídica y asesor legal de la asociación Stop Estafadores, quien explicó la situación legal actual y cuál es el modus operandi habitual de estas tramas. 

Éste es el audio íntegro de esta interesante entrevista.

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Las víctimas de prestamistas piden cambios legislativos

22 feb. 2015 0 comentarios

Publicado en Lawyerpress.com, 17.02.2015

Los recientes desahucios de Carmen, la anciana del madrileño barrio de Vallecas, y Umberto, desalojado el pasado lunes de su casa en el distrito de Tetuán a instancia del controvertido prestamista Antonio Arroyo, han reavivado el debate social sobre la actividad de los prestamistas no bancarios. 

La asociación STOP ESTAFADORES, que agrupa a las víctimas de presuntas estafas cometidas por tramas delictivas que se mueven en este sector, ha solicitado cambios legislativos que eviten unas prácticas irregulares que consideran muy extendidas.

Stop Estafadores ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos políticos para formular sus propuestas. Ya han mantenido los primeros encuentros con el PSOE y UPyD y están a la espera de ser recibidos en breve por IU. Pero también pretenden dar a conocer la problemática al partido actualmente en el gobierno, el PP, así como a los grupos nacionalistas y a fuerzas emergentes como Podemos o Ciudadanos.

La asociación considera que la Ley 2/2009 que reguló por vez primera el sector se ha revelado como “claramente insuficiente para evitar las variadas prácticas abusivas que se registran cada día e incluso la actuación de redes de estafas que buscan apoderarse de inmuebles con un desembolso real irrisorio”.

Piden que se acometan modificaciones en el texto legal para que “se limiten de forma clara las comisiones e intereses, evitando así la usura”, pero también, como algo fundamental, que “la entrega del capital se tenga que hacer de manera segura y fehaciente, para impedir que se acaben firmando por engaño cantidades que realmente no se entregan”. También creen que deben ponerse en marcha los registros públicos de prestamistas “que, seis años después de legislarse, siguen sin funcionar, una muestra de desidia inaceptable” y que los mismos “sirvan de manera efectiva para dar transparencia y para ejercer un control y una vigilancia y no como una mera obligación burocrática”.

Pero Stop Estafadores no sólo quiere que se cambie la ley para prevenir nuevos afectados. Su presidente, Juan Puche, también exige “que se haga justicia que quienes ya hemos sido víctimas”. Por eso llevan varios años reclamando a la Fiscalía que impulse una investigación “global y a fondo” sobre algunas de las tramas más conocidas, “porque la coincidencia de testimonios y de denuncias de familias es abrumadora y no puede seguir haciéndose oídos sordos mientras los estafadores siguen actuando con absoluta impunidad”. 

STOP ESTAFADORES es una asociación de afectados por presuntos estafadores que, bajo el nombre de prestamistas, conceden operaciones de capital privado, con la garantía de una vivienda, con el único fin de arrebatar su propiedad. Esta asociación incluye a cualquier persona que quiera combatir estas prácticas, ya sea afectada o no por estas tramas. Desde esta entidad se realizan investigaciones de cada caso y las exponen en público a través de internet y en contacto directo con los medios de comunicación, así como con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Ministerio Fiscal. 

Además de las rondas de contactos con partidos políticos a los que se hace referencia en el comunicado, se ha impulsado una iniciativa en la plataforma Change.org para recabar apoyos para las reformas legales pretendidas.

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También ofreció esta información  El Jurista, 15.02.2015

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Iniciativa en Change.org contra estafas de prestamistas

21 feb. 2015 0 comentarios

La asociación Stop Estafadores ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org para impulsar un cambio legal que impida los abusos y estafas en préstamos de capital privado. 

Monchi, víctima del presunto estafador Antonio Arroyo, es la cara visible de esta iniciativa. Su dramático caso representa al de otras muchas decenas de familias que se han visto afectadas por las prácticas irregulares de estas redes delictivas que buscan apoderarse de sus viviendas con un desembolso real irrisorio.

La propuesta de Monchi con el apoyo de Stop Estafadores busca que el gobierno de España modifique la Ley 2/2009 al menos para controlar los intereses, si bien en las posteriores conversaciones con los representantes públicos se plantearán demandas algo más amplias, con el fin de cerrar el paso a este tipo de actuaciones abusivas a veces y directamente delictivas en otros.

Desde aquí les animamos a respaldar esta campaña con su firma y a difundirla por todos los medios que puedan entre amigos, familiares, conocidos, etc. Un pequeño esfuerzo que puede contribuir a evitar nuevas víctimas. 

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Stop Estafadores se reúne con Cristina Almeida

20 feb. 2015 0 comentarios

Miembros de la Junta Directiva de la asociación Stop Estafadores mantuvieron una entrevista el pasado jueves 12 de febrero con Cristina Almeida, destacado nombre de la vida pública española, con una larga trayectoria en la abogacía y la política. 

Cristina ha sido concejala del Ayuntamiento de Madrid, diputada en el Congreso, diputada en la Asamblea de Madrid, senadora por designación autonómica pero, sobre todo, activista incansable de los derechos humanos, el feminismo, los derechos laborales, etc. 

Xela Márquez y Mary Yáñez, de la Junta Directiva de la asociación, Javier Gimeno, responsable de la misma en Madrid, y el asesor legal Carlos Javier Galán, abogado de Alberche Área Jurídica, departieron con Almeida, quien ofreció su apoyo púbico a la causa de las víctimas de estafas de prestamistas. 

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Reportaje en Vocento sobre el presunto estafador Arroyo

17 feb. 2015 0 comentarios

Publicado en los periódicos regionales del grupo Vocento: El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, Las Provincias y La Voz de Cádiz, 15.02.2014

EL USURERO QUE DA LA CARA 

Aunque muchos se la quiere romper. Antonio Arroyo presta dinero al 29 % y termina quedándose con las casas de decenas de familias. Varios juzgados le investigan por estafa. Uno de sus clientes se suicidó. “Yo tengo corazón”, se defiende. 

Daniel Vidal 

Tiene razón Antonio Arroyo en una cosa: “Ningún juez ha dicho que yo haya estafado”. Y eso es verdad. También es cierto que la justicia pisa los talones desde hace unos años a este prestamista sexagenario, con cierta voz de pito y aspecto de funcionario fiable, que todavía seguirá visitando un buen número de tribunales por las denuncias que le ponen decenas de clientes en toda España. Familias con graves apuros económicos que en su día, maldito día, firmaron un crédito rápido con Arroyo y ahora se sienten engañados y estafados por el empresario, inmerso en el boyante negocio de la financiación entre particulares desde el año 2001. Está considerado el mayor usurero de este país. 

“Yo no soy el rey del préstamo”, zanja por teléfono. “¿Que si me he hecho rico? Me da vergüenza contarle mi situación económica. Sí, tengo divisas, alguna que otra vivienda y varias fincas por ahí, pero también tengo los problemas de cualquier empresario”, suelta sin dar detalles. "Y mucho menos soy el rey de la estafa, eso lo tendrá que decir un juez". De momento se han archivado 40 causas contra él y están tramitándose “otras 15”, según sus propios cálculos. Ni siquiera se ha sentado en el banquillo. Le han detenido tres veces, pero siempre ha salido limpio. “Mi abogado soy yo -sonríe el prestamista- y estoy al corriente de ciertos problemas con ciertos clientes”. Uno de ellos, Javier Rega, acabó quitándose la vida. Se trata de un vecino de Manises (Valencia) que quiso refinanciar su retroexcavadora y dejó un hijo discapacitado y una viuda, Ramona Navarrete: “No quiero dar pena, solo quiero que se haga justicia. Este señor nos estafó”. 

“Desgraciadamente, este pobre hombre no pudo hacer frente a sus deudas y lo afrontó de la peor manera. Yo lo siento mucho por él y por su familia, pero no puedo hacer otra cosa”, responde Arroyo. O quizá sí. “A mi marido ya no me lo van a devolver», se lamenta la viuda, «pero la denuncia que le hemos puesto ha logrado paralizar el desahucio”. 

“EL PATADAS” 

Todos los afectados por la avaricia de Antonio Arroyo, "que pueden llegar hasta los 1.500", calcula el abogado de la asociación Stop Estafadores, Carlos Galán, tienen el mismo perfil. “Personas con necesidades financieras urgentes, con dificultades de acceso al crédito bancario pero con una vivienda libre de cargas”, que al parecer es lo que siempre busca el empresario de Jaén, al que algunos en Madrid conocen como “El patadas” por sus métodos expeditivos y que durante muchos años trabajó en el Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España. Todos describen el mismo “modus operandi”: “Una madeja de mentiras, de medias verdades, de promesas incumplidas, documentos bancarios falsificados y la presencia final de un notario presuntamente compinchado acaban envolviendo a la víctima para que firme, en realidad, un préstamo con garantía hipotecaria -es decir, con su casa como aval- por un importe muy superior al recibido y con un vencimiento a seis meses, momento en el que los intereses se disparan al 29%”. Entonces, la deuda se multiplica, el pago se hace inasumible y Arroyo ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda. “Yo tengo corazón... No me gusta echar a nadie de una casa", se defiende locuaz el prestamista, que siempre da la cara: "Ya ve. No soy un fantasma”. 

- Ya, pero usted ha sido el responsable directo del desahucio de medio centenar de familias. 
- Hay gente a la que hemos llamado 200 veces para negociar y nos ha dado largas. 

- También ha vendido los derechos de las hipotecas de otras 300 viviendas. Dicen que quien no coge el teléfono es usted: no quiere que sus clientes le paguen para quedarse con sus casas. 
- Eso es mentira. Las casas dan problemas. Por lo general, lo que quieren los prestamistas es cobrar. No queremos pisos. Yo quiero que me paguen. A mí me interesa el dinero. 

Umberto Jiménez, un vecino del barrio madrileño de Tetuán, divorciado y con un hijo, ha sido el último en entregar las llaves de su vivienda a la fuerza después de ponerse en manos de Antonio Arroyo. La historia se repite en decenas de casos. Rafael, Juan, Teresa, Concepción, Jesús, Miguel Ángel... “La manera de actuar se ha elaborado durante años por parte de una trama delictiva perfectamente organizada. Las 60 denuncias que estamos tramitando son solo la punta del iceberg", alerta el abogado Carlos Galán. El letrado de Adevif (otra organización “antiestafadores”), Santiago Landete, también tiene un buen puñado de denuncias en el horno. “El 'modus operandi' es el de estas personas, que ahora se han puesto de acuerdo para denunciarme. Antes no me reclamaban nada. El problema es que muchos de ellos se han visto con dinero, y en lugar de pagar deudas, se han gastado ese dinero en otras cosas”, contraataca Arroyo. 

Umberto se quedó sin ingresos. “Vi un anuncio en la tele, pedí un préstamo de 4.000 euros, a pagar 100 euros al mes, y a los seis meses me llegó una carta en la que me exigían 32.000. Ahora estoy sin casa. Se ha quedado hasta con mis pantalones. ¡Pero si no le valen, que mido 1.90!”. Este vigilante de seguridad en paro, aún con ánimo para bromas, ni siquiera leyó el documento. “Tenían mucha prisa, me avasallaron, me fié del notario... y yo quería cobrar, la verdad. Me dijeron que me enviarían el contrato al correo. Lo único que me llegó fue la carta con la reclamación”. Sin embargo, no solo la cuidada metodología de Arroyo, la desesperación o el descuido de la víctima juegan un papel clave en esta historia. Las notarías a las que siempre acudía el prestamista para firmar los contratos, y que han sido señaladas por todos los afectados, son factores determinantes a la hora de que las víctimas pasen por el aro. También han sido investigados y también se han ido de rositas, de momento. ¿Quién va a desconfiar de todo un señor notario? 

“TE SIENTES UN IDIOTA” 

“Resulta tan difícil creer que te puedan estafar ante notario como que te puedan robar en una comisaría o que te pueda apuñalar una monja”, valora la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez, que también analiza el estado de “miedo, estrés, desesperanza y ansiedad” en el que se encuentran todos los clientes de Antonio Arroyo, así como su alto grado de vulnerabilidad y, a posteriori, de culpabilidad: “Te sientes un idiota, incluso la familia te ve como un idiota, pero nosotros somos víctimas”, se sincera Umberto, cuya denuncia acaba de ser admitida a trámite. Ahora recibe cobijo gracias a la caridad: “Pasar por esto es muy duro. Te puedes hundir. No me extraña que haya suicidios. El problema es que, mientras hablamos, probablemente esté engañando a otra persona. Y donde tiene que estar es en la cárcel”. 

Seis juzgados de Madrid, repletos de demandas contra el prestamista, pidieron hace unos meses a la Audiencia Nacional que iniciara una investigación sobre la presunta trama: “Existen indicios de que los hechos denunciados son similares y podrían ser constitutivos de un delito de estafa continuada”, argumentó la juez Isabel Durántez. Su colega Santiago Pedraz, sin embargo, rechazó la petición. Las asociaciones quieren que los casos se investiguen de forma conjunta porque “así los jueces tendrán una visión global de la estafa”. Arroyo, al otro lado del “ring”, sigue negando la mayor: “El estafado, muchas veces, he sido yo”. 

- ¿Y clavando un 29% de interés a personas en la ruina, no siente que se aprovecha de la gente? 
- ¿Yo? En absoluto. 

LAS VÍCTIMAS

RAMONA NAVARRETE (47 AÑOS)

El caso de esta valenciana, madre de un niño enfermo, es uno de los más sangrantes. Su marido, Javier Rega, cliente de Arroyo, no pudo soportar la presión y se quitó la vida. “Pedimos 19.000 euros, nos tiró 3.000 encima de la mesa y el resto del dinero no llegó nunca”. 

UMBERTO JIMÉNEZ (46)

Este vigilante de seguridad en paro firmó un préstamo de 4.000 euros, aunque en realidad eran 32.000. No se enteró de nada. Ha perdido su casa, aunque el juzgado ha admitido a trámite su denuncia. 

EL PRESTAMISTA

"TE FÍAS DE UN TIPO ASÍ"

Casado en segundas nupcias y padre de cuatro hijas (dos de ellas menores de edad), Antonio Arroyo se presenta como un empresario hecho a sí mismo, “trabajando desde los 15 años” y con un expediente casi “intachable”. El 'casi' es por una abogada a la que amenazó de muerte y le condenaron a una multa de 120 euros. No tiene reparos en admitir que los abusivos intereses que aplica “se pueden cobrar perfectamente. Como lo hacen los bancos”. ¿Eso es usura? “No lo sé, pero es legal”. Sus víctimas lo tildan de “frío y prepotente. Aunque al principio, con esa seguridad al hablar... Te fías de un tipo así”.
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En Telediario de TVE: frenar las estafas en préstamos

14 feb. 2015 0 comentarios

La segunda edición de Telediario del miércoles 11 de febrero de 2015, presentada por Ana Blanco, incluyó una noticia sobre las tramas de estafas en préstamos de capital privado. 

El informativo de TVE hizo referencia a las reuniones que viene manteniendo la asociación de afectados Stop Estafadores con partidos políticos para cambiar la ley que regula este sector. 

Se recogió el testimonio de Xela, víctima de estas prácticas fradulentas, así como el parecer profesional del abogado de Alberche Área Jurídica, Carlos Javier Galán, asesor legal de la asociación Stop Estafadores, y el del Presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes

Éste es el vídeo de esta noticia: 

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Las estafas de prestamistas, en El Programa de AR

13 feb. 2015 0 comentarios

El Programa de AR, matinal que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco, dedicó el pasado 10 de febrero un amplísimo e interesante bloque a las estafas y abusos en préstamos no bancarios. Magnífico trabajo de investigación, además, de "Carmen", su reportera con cámara oculta. 

La estafa del préstamo del sobre vacío, las presuntas estafas hipotecarias de la red que encabeza Antonio Arroyo Arroyo y otras prácticas fraudulentas ocuparon una buena franja del programa, con el testimonio de Juan Puche, imágenes grabadas a algunos prestamistas que están actuando irregularmente, entrevista a Monchi cuyo esposo -víctima de Arroyo- se quitó la vida y la presencia en el plató de Carlos Javier Galán, abogado de Alberche Área Jurídica y asesor legal de la asociación Stop  Estafadores, que aportó una gran cantidad de información en una tertulia en la que también participaron colaboradores del programa como Màxim Huerta o Cruz Morcillo.

A continuación, algunos de los videos que ha hecho públicos el programa.

El caso de Monchi Navarrete:


La estafa del préstamo del sobre vacío: 


En el canal de Youtube de Stop Estafadores se ofrece esta grabación doméstica. No es de muy buena calidad pero merece la pena por el contenido:



Estamos intentando conseguir grabación íntegra y de calidad, dado el interés que tuvo este espacio como servicio público para alertar y evitar nuevas víctimas, además de demostrar gráficamente para policía, fiscalía y jueces el modus operandi de estas tramas.
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En La Sexta, más casos de estafas de prestamista

12 feb. 2015 0 comentarios

A raíz del desalojo de Umberto en Madrid, el magazine Más vale tarde, de La Sexta TV, emitió un reportaje dedicado a otras víctimas de su prestamista, Antonio Arroyo Arroyo

Este espacio recogió los testimonios de Bely y Luis Miguel, dos de las decenas de personas que en los últimos años interpusieron denuncias contra este presunto estafador. La primera perdió ya dramáticamente su casa en Valdemoro, mientras que el segundo sigue inmerso en procedimientos civiles y penales contra esta red. 

También se dio la palabra al propio Arroyo quien, con su cinismo habitual, aseguró que "esto es un negocio, indudablemente" y, riéndose, aseguró desconocer cuál es el motivo por el que tantas personas le denuncian por estafa. 

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Nueva Tribuna: Desahucios por préstamos fraudulentos

11 feb. 2015 0 comentarios

Publicado en Nueva Tribuna, 09.02.2015

DESAHUCIADO POR NO PAGAR 32.000 EUROS DE UN CRÉDITO DE 4.000 

El prestamista Antonio Arroyo Arroyo ha arruinado la vida de más de 3800 familias, denuncia la Asociación Stop Estafadores. 

Por Javier Gimeno, Juan Puche y Mary Yáñez, de la asociación Stop Estafadores 

La noticia de la última víctima de un prestamista usurero acaba de salir en los medios: Umberto, un ciudadano del barrio madrileño de Tetuán, ha sido desahuciado de su vivienda por no poder pagar 32.000 € de un préstamo de 4.000 que solicitó mediante un engaño de una trama de prestamistas estafadores. 

Va tomando carta de naturaleza la cacareada Marca España pero no precisamente por aquello de lo que el Gobierno presume como fruto de su gestión (España como paraíso de inversores y/o emprendedores, de grandes negocios, modelo de banca ejemplar, motor de Europa [sic]…), sino más bien por todo de cuanto carece, acaso sólo la punta de un inconmensurable iceberg: avaricia, individualismo, codicia, usura, engaño, demagogia, populismo, corrupción… Categorías que se van consolidando como seña de identidad española y que cuentan con el apoyo por omisión del actual gobierno, cuando no de su flagrante complicidad (casos Gürtel, Pokemon, Púnica, y un lamentable etcétera de vilezas e ignominias). 

Traemos hoy a esta tribuna una de tantas operaciones que abundan en esta marca o seña tan española como la usura en forma de estafa, una de cuyas tramas, ella sola, la Trama Arroyo, así llamada por ser Antonio Arroyo Arroyo su artífice usurero, ha arruinado la vida de más de 3800 familias en los últimos años. Es este el prestamista por cuyo engaño ha sido desahuciado Umberto. 

Existen varias tramas de estafadores, la mayoría conectadas entre sí, cuyo engaño es a través de préstamos hipotecarios de naturaleza usuraria. Una de la más tristemente conocida es la ya mencionada, objeto de noticias y reportajes televisivos, entrevistas a afectados, etc., uno de cuyos caso más mediático por su dramatismo fue el de Carmen Martínez, la señora de Vallecas desahuciada por avalar a su hijo en un préstamo hipotecario usurario. Pero hay, si cabe, casos aun de mayor dramatismo que no han tenido eco en los medios: casos de suicidios de de personas desesperadas que lo han perdido todo a causa de estas tramas de estafadores. 

Además de la Arroyo, hay otras, como las tramas de Valencia o de Jaén, Murcia, Valladolid… o las conocidas por la Trama del préstamo del sobre vacío o la Trama del seguro del préstamo, y un largo y lamentable etcétera. Todas, operaciones fraudulentas que han acabado, en la mayoría de los casos, con las viviendas de las víctimas en manos de los criminales y la ruina de sus vidas. 

Todas estas operaciones fraudulentas tienen un modus operandi muy similar: una vez puesto en contacto con un posible estafado, el prestamista se hace pasar, bien por abogado, bien por director de sucursal bancaria o simplemente como un agente de la empresa prestataria. A la víctima sólo le pide como aval la escritura de su vivienda, que, una vez obtenida, le cita en una notaría de la trama para firmar el préstamo y entregarle el dinero en metálico. Las condiciones pactadas son “normales”: el usurario le informa de un interés de un 7 u 8% a lo sumo, que deberá pagar a un banco cuyo número de cuenta le facilitará “en breve”. Después de un promedio de entre tres y cuatro horas de espera en la notaría, el notario aparece para leerle al cliente la parte de la escritura donde figuran tales condiciones, que le hace firmar junto con unas letras de pago, para seguidamente hacerle entrega, bien de un cheque, bien de la cantidad solicitada menos la comisión que se lleva el intermediario, comisión que en ningún momento figura en el contrato ni aquél le había mencionado con anterioridad. 

¿En qué consiste la estafa? El número de cuenta que se supone iba a ser facilitada por el intermediario nunca aparece. Ni tampoco éste ni nadie de la empresa prestataria. Transcurrirá más de un año, entre 14 y 18 meses, hasta que alguien de aquélla (cuyo nombre ya será otro: Créditos Madrid, Altisidora, Credit Garpi…) se pone en contacto con el cliente para exigirle el pago de la deuda, la cual, transcurrido ese tiempo, ha cuadruplicado, tanto el capital como los intereses, más los gastos de demora. Es entonces cuando el nuevo prestamista le facilita al cliente la escritura, donde figuran las verdaderas condiciones del préstamo, y un número de cuenta nominal donde realizar el ingreso, bajo amenaza de desahucio de la vivienda de la víctima, la cual, en ese tiempo, los usureros la han tasado por un valor sensiblemente inferior a su precio, con el fin de que ni siquiera pueda pagarse la deuda con su venta a un tercero. 

Estamos hablando de cantidades a pagar, por ejemplo, de 96.000 € para un préstamo de 24.000. Estamos hablando, por consiguiente, de una deuda que en poco más de un año ha alcanzado el 400% de interés (no son cifras imaginarias: es éste un caso real, uno entre miles). 

Obviamente, estas estafas usurarias no podrían tener éxito alguno sin la connivencia de notarios corruptos miembros de la trama, denunciados por varios Colegios de Notarios en toda España y, obviamente, por los estafados: Trama Arroyo, Valencia, Jaén, Murcia, Valladolid, Sobre vacío, Seguro de préstamo, etc., etc., todas y cada una tienen detrás a uno o varios notarios conocidos sin cuya acción fraudulenta no podría llevarse a cabo ninguna estafa de estas características. 

Se da la circunstancia de que varias de estas tramas, y en especial la de Arroyo Arroyo, tienen negocios con miembros de la tristemente famosa Trama Púnica y con su principal protagonista, el exconsejero de la Comunidad de Madrid e íntimo amigo de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, hoy encarcelado. 

Desde la Asociación Stop Estafadores pedimos a nuestros representantes políticos que insten al Gobierno para actualizar la única Ley que pone coto a los préstamos usurarios, la llamada Ley Azcárate, de 1908, aun hoy en vigor, pero a todas luces insuficiente para atajar esta lacra que en el siglo XXI ha cobrado mayor fuerza. Pedimos que se ponga freno de una vez y para siempre a los estafadores, se les persiga y se impida que continúen arruinando vidas. 

¿Marca España? Aquí la tenemos: estafa, avaricia, codicia, usura, corrupción por doquier. Resultado: familias enteras arruinadas, desahucios, suicidios. De todos depende que esta seña de identidad tan “nuestra” desaparezca para siempre y que los Arroyo y demás usureros de Murcia, Valladolid, Valencia y de cualquier parte compartan patio y reja con los Granado o los Díaz Ferrán, los Bárcenas o los Fabra allá donde se hallen encerrados.
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Desahucios causados por prestamistas, en Noticias Cuatro

10 feb. 2015 0 comentarios

El espacio Noticias Cuatro que presenta Miguel Ángel Oliver de lunes a viernes a las 20 h. , se ocupó el pasado 9 de febrero de los desalojos de viviendas provocados por prestamistas de capital privado, a raíz del caso de Umberto, que perdió su casa en el madrileño barrio de Tetuán y ha denunciado haber sufrido una estafa por parte de Antonio Arroyo

El informativo entrevista a Carlos Javier Galán, abogado de Alberche Área Jurídica y que se ha destacado por la lucha jurídica y la denuncia pública de estas redes presuntamente delictivas. 

Éste es el vídeo de este reportaje y breve entrevista: 

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Desahuciado en Madrid otro afectado de estafa hipotecaria

9 feb. 2015 0 comentarios

Hoy hemos conocido la lamentable noticia del desalojo de su vivienda de Umberto, otra víctima más de Antonio Arroyo, prestamista imputado por numerosas estafas. 

A pesar de no haber tenido noticia de su caso hasta el momento, el relato de Umberto -recogido en este video de Stop Desahucios Tetuán- nos suena tristemente repetido: asegura haber recibido sólo 4.000 euros en efectivo, pero describe, en un testimonio plenamente coincidente con todos los que conocemos, la operativa habitual que consiguió inducirle a engaño, de forma que el capital que aparece en escritura es de 32.000 euros y todo iba encaminado a apropiarse de su casa.


Los activistas antidesahucios ya habían impedido el lanzamiento el pasado 20 de noviembre, pero en esta segunda ocasión la comisión judicial vino acompañada de un amplio despliegue policial, para desalojar violentamente a las personas que acudieron a apoyar y, luego, a la propia víctima del presunto estafador.

Así lo han recogido los informativos de La Sexta:

Según nos confirma la asociación Stop Estafadores, el colectivo que agrupa a más víctimas de este presunto estafador, no tenía conocimiento hasta hoy del caso de Umberto, con lo que no pudo, lamentablemente, prestarle la información y ayuda habitual para haber evitado esta situación. Tampoco los distintos abogados que atienden causas relativas a este prestamista imputado por estafa -y que en su mayoría suelen estar comunicados entre sí para intercambiar información- tenían la menor noticia de este caso. Desconocemos, de hecho, si la estafa estaba denunciada, puesto que la existencia de unas diligencias abiertas deberían implicar, de acuerdo con el artículo 697 de la L.EC., la suspensión de la ejecución hipotecaria.

La noticia en otros medios: 
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Isabel, juzgada por intentar paralizar un desahucio

3 feb. 2015 0 comentarios

El pasado 20 de noviembre, Isabel fue identificada por la policía mientras participaba en una movilización en la calle Guzmania de Madrid, para paralizar el primero intento de desahucio de Umberto, víctima de Antonio Arroyo, prestamista imputado por numerosas estafas. 

Tras su identificación y registro, la policía acusó a Isabel de desórdenes públicos, por lo que diversos movimientos sociales han convocado para hoy una concentración de apoyo ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, en la Plaza de Castilla, donde se celebrará el juicio de faltas. 

Bajo el hashtag #TodosConIsa se difundirán también mensajes de solidaridad en las redes. Isabel es activista de Stop Desahucios Tetuán y del Banco de Alimentos 15M del mismo barrio, está desempleada y es madre de dos hijos. 
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