El Periódico: descontrol administrativo sobre prestamistas

31 may. 2015 2 comentarios

Publicado en El Periódico, 29.05.2015

Prácticas económicas fraudulentas
LA DESIDIA DE LAS ADMINISTRACIONES DA ALAS A LOS USUREROS

- Consumo incumple desde 2011 el deber de publicar el registro de prestamistas
- La Generalitat renunció a crear el censo autonómico previsto por la ley de 2009

Manuel Vilaseró. Madrid. 

Si la legislación actual es insuficiente para atajar los abusos de los prestamistas sin escrúpulos, su aplicación es aún más deficiente. Desde que en el año 2011 se creó el registro oficial de las empresas no financieras que ofrecen créditos hipotecarios, los que ponen en riesgo la vivienda del deudor, el Gobierno incumple su obligación de facilitar a los ciudadanos el acceso telemático que les permita comprobar el grado de fiabilidad del prestamista. La Generalitat, por su parte, ha renunciado a crear su propio registro autonómico al que le instaba la ley desde 2009 y sólo lleva a cabo inspecciones de oficio a las empresas que conceden créditos de poca cuantía. 

"El registro estatal [será] accesible a través de la página web del Instituto Nacional de Consumo". Así lo establecía el 28 de enero de 2011 el decreto de creación de este organismo en el punto 2 del artículo 3. Más de cuanto años después no hay ni rastro del registro en la página de Sanidad, el ministerio del que dependen los asuntos de consumo. Después de explorar la web se llega a un callejón sin salida donde se encuentra un enlace, precisamente, al decreto que se está incumpliendo

EN PROCESO DE DESARROLLO. Consultada al respecto, la Agencia Española de Consumo (AECOSAN), heredera del Instituto, respondió lo siguiente: "El acceso por medios electrónicos se está desarrollando. Una vez esté habilitado, los datos del mismo estarán a disposición". No fue posible hablar con ningún responsable ni sobre esta cuestión concreta, ni de las denuncias de abusos cometidos por prestamistas. El Gobierno que se vanagloria de haber aprobado la primera ley de transparencia no da ninguna explicación del porqué del enorme retraso en facilitar un acceso clave para que no se caiga en manos de los modernos usureros. 

En el registro deben figurar no sólo los datos básicos de la empresa, sino que se deben inscribir las anomalías detectadas, así como "los folletos, tarifas y precios repercutibles". 

En estas circunstancias de opacidad, no es posible conocer si el registro cumple con su función de "comprobar la legalidad y dar cuenta de cualquier anomalía" en las empresas inscritas. Los expertos lo dudan. Hay registrados 600 prestamistas y el inscrito con el número 1 es Antonio Arroyo Arroyo, incurso en varias causas judiciales por estafa y detenido en tres ocasiones. 

El de las comunidades es otro capítulo de incumplimientos. Sólo Murcia ha creado el registro autonómico previsto en la ley de 2009. Un portavoz de la Conselleria d'Economia reconoció ignorar por qué Catalunya no ha ejercido una competencia que la ley le otorga y se conforma con el estatal cuando la reclamación de transferencias es una constante en el Ejecutivo catalán. 

LAS INSPECCIONES. La capacidad de inspeccionar, atender y sancionar es también de las autonomías. ¿Y cómo la ejercen? Apenas lo hacen, con alguna que otra honrosa excepción. La Generalitat es de las pocas administraciones que lleva a cabo campañas de inspección, pero sólo con las empresas que ofrecen microcréditos, las de dinero rápido, no las que incluyen la hipoteca de la vivienda. Se escapan por el agujero negro del descontrol presuntos estafadores como los de la red de Arroyo. Prestamistas sin escrúpulos que intentan quedarse con las casas de los hipotecados por cantidades irrisorias, como les está ocurriendo a Juan Puche o Monchi Navarrete, cuyo marido se suicidó porque no pudo soportarlo más y cuyas dramáticas historias se contaban en la edición del pasado domingo.

En los microcréditos las cantidades estafadas son relativamente pequeñas, pero se convierten en una tragedia para las personas que acuden ahí porque ya están desesperadas. El número de abusos que cometen estas empresas es incontable. En la última campaña de inspecciones llevada a cabo por la Agència Catalana de Consum, se han detectado irregularidades en 14 de las 20 investigaciones, nada menos que el 70 %. A las 14 se les abrió expediente sancionador que meses después ha concluido en tres casos con multas de escaso importe, 8.000 euros en total. Tampoco se les ha impuesto la pena de publicidad, lo que impide dar a conocer sus nombres. El expediente de las 11 restantes aún no ha concluido. 

"Hemos encontrado de todo, desde cláusulas abusivas y usurarias a ofertas engañosas, que no muestran los intereses ni el TAE como deben hacerlo", señala Conesa, que sostiene que en los casos más graves las sanciones pueden alcanzar incluso los 100.000 euros. Y en los casos que se detecta usura, el expediente se remite a los Mossos d'Esquadra

Al margen de esta inspección, Conesa reconoce que no les ha llegado ni una sola denuncia de los consumidores, un hecho que atribuye a lo bajos que son los importes defraudados, pero que también revela que no se informa lo suficiente a las víctimas de cómo pueden denunciar. 

RECOGIDA DE FIRMAS. La portavoz de Consumo del PSOE en el Congreso, Pilar Grande, cree que hay una legislación muy dispersa que se aplica mal. Su grupo presentará próximamente una propuesta contra la usura en el Parlamento. Una iniciativa que se sumará a la recogida de firmas lanzada por la asociación Stop Estafadores en la plataforma Change.org para pedir que se legisle "para impedir la usura y que miles de familias sean estafadas cada año". 

LOS CONSEJOS

1. La mayoría son créditos tóxicos. El primer consejo en el que coinciden todos los expertos es que, si puede evitarlo, no acuda a prestamistas ni a empresas de crédito rápido. "Casi todos ellos son tóxicos", según la organización de consumidores Adicae. Lo más probable es que acabe peor de como estaba. 

2. Acudir asesorado por un experto. Si va a contratar un crédito con hipoteca a un prestamista nunca lo haga sin asesorarse. Puede acudir a asociaciones de consumidores o de víctimas de estafas. No se hipoteque nunca por cantidades pequeñas. Si no las puede devolver en el plazo estipulado, intentarán dejarle sin casa. 

3. No se deje llevar por las prisas. En los microcréditos rápidos por internet lea atentamente las condiciones. No se deje llevar por la publicidad o por la necesidad de conseguir el préstamo. Tiene derecho a conocer con carácter previo el contenido de las condiciones contractuales. 

4. No dude en denunciar. Si atisba cualquier tipo de engaño, no dude en denunciar, aunque sólo sea una sospecha. Si es grave puede hacerlo en los juzgados y en cualquier caso en las oficinas de consumo, municipales o autonómicas. También puede asesorarse en Adicae, Stop Estafadores o Adevif (*).

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(*) Reproducimos literalmente el reportaje publicado por El Periódico, pero aclaramos que en esta web especializada no aconsejamos, desde junio de 2014, asesorarse en Adevif, dada la opacidad del funcionamiento y actividades de dicha entidad y las consecuencias negativas que ese asesoramiento ha tenido para algunas víctimas.
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En Hoy por Hoy de la Cadena Ser, engaños en préstamos

29 may. 2015 0 comentarios


El programa Hoy por hoy prestó atención el pasado 27 de mayo al peligro de los engaños y estafas en préstamos. 

En La denuncia de la semana en materia de consumo, Gemma Nierga entrevista a la cantante Gracia Monje, delegada de la asociación Stop Estafadores en Andalucía, y al presidente de esta asociación Juan Puche, quienes narran su experiencia con estas tramas y alertan para evitar nuevas víctimas.

Gracia explica los aspectos psicológicos con los que te envuelven, aprovechándose de tu situación de necesidad, y subraya que el objetivo es el quedarse con tu casa. Por su parte, Juan Puche repasa la operativa seguida y denuncia la actuación cómplice de unos notarios concretos.

A partir del minuto 42:30, del podcast, puede escucharse la entrevista: 

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Préstamos estafa, reportaje en Sintonía Televisión Rioja

28 may. 2015 0 comentarios


El programa Amor y Vida TV, que dirige y presenta Nuria Aragón en Sintonía Televisión Rioja, dedicó su emisión del pasado miércoles 27 a las estafas cometidas en préstamos no bancarios, conversando con la asociación que agrupa a los afectados, Stop Estafadores

Juan Puche (presidente), Mary Yáñez (tesorera), Gracia Monje (delegada en la zona Sur) y el asesor legal de esta asociación, Carlos Javier Galán, abogado de Alberche Área Jurídica, son entrevistados por Nuria Aragón. 

La introducción del programa se preguntaba: "¿Has pedido un préstamo alguna vez? ¿O tal vez tienes pensado pedir uno? ¿Sabías que una gran parte de ellos son estafas que acaban, principalmente, en desahucios? ¿Y que aún puedes denunciar un préstamo estafa que te hayan hecho si fue antes de 10 años?", para animar a conocer "gracias a Stop Estafadores, qué hacer si quieres pedir un crédito o cómo actuar si ya lo has hecho". Una invitación a los afectados a encontrar en esta asociación "el apoyo emocional, legal y moral que necesitas, o el lugar para poder ofrecérselo a aquellos que lo necesiten". 

Éste es el vídeo íntegro del programa:


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El Periódico: Reportaje sobre prácticas fraudulentas en préstamos

26 may. 2015 0 comentarios



Publicado en El Periódico, 24.05.15

PRACTICAS ECONÓMICAS FRADULENTAS

LA FALTA DE CONTROL CAUSA UN ALUVIÓN DE ABUSOS EN LOS CRÉDITOS "FÁCILES"

- Modernos usureros cobran intereses de hasta el 4.000 % TAE o estafan con el importe del capital
- Una petición de cambio legislativo que acabe con las trampas ha recogido ya 140.000 firmas

Manuel Vilaseró. Madrid.

Cuando Carmen, una anciana de 85 años desahuciada en el barrio madrileño de Vallecas, saltó el pasado noviembre a los medios de comunicación, muchos se sorprendieron. No era un banco el que estaba detrás del desahucio, sino un prestamista. La solidaridad del Rayo resolvió esta situación, pero el paso de los meses ha demostrado que no se trataba de un caso aislado. Un aluvión de estafados están perdiendo las casas por créditos de importes ridículos a manos de modernos usureros que se aprovechan de los vacíos legales, el descontrol y la ingenuidad de los más desesperados.

"Cuando al principio de la crisis los bancos empezaron a dejar de dar crédito, tomaron el relevo una miriada de chiringuitos financieros que practican todo tipo de abusos", relata Fernando Herrero, el portavoz de Adicae, una asociación de consumidores especializada en el sector financiero y de servicios, que ha llevado a cabo un riguroso estudio sobre lo que ellos llaman "minipréstamos y préstamos rápidos", la gran mayoría anunciados profusamente en televisión e internet. ¿Su conclusión? "El 99 % son, por lo pronto, usura. Luego podríamos hablar de publicidad engañosa, de información insuficiente o llegar al capítulo de las estafas", señala Herrero. El TAE puede llegar a alcanzar el 4.000 % en los créditos más pequeños. Dicho de otro modo, si a usted le prestan 100 euros, al cabo de un mes tiene que devolver 138. "Si esto se lo hace un amigo, usted le llama ladrón, ¿no? Pues eso", apunta el portavoz.

Luego vienen los intereses de demora, las comisiones o los productos asociados, como el seguro de impago, que ha dado pie a diversos tipos de timos. Los abusos más pequeños ni siquiera suelen llegar a los tribunales porque el importe no compensa el gasto en abogado y procurador. 

LA CASA EN JUEGO. Lo que si está llegando a los tribunales cada vez más son los casos en los que está en juego la casa del deudor. Varios prestamistas están acusados de estafa en juzgados de instrucción de toda España sin que hasta ahora la gran mayoría de los perjudicados haya obtenido una respuesta satisfactoria. Los afectados se han agrupado en asociaciones como Stop Estafadores o la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif). La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) defiende también a un grupo de 30 perjudicados en la zona franca de Barcelona. Se han dado ya dos suicidios entre los afectados y varias intentonas frustradas. 

En el punto de mira de gran número de afectados está la red del considerado el mayor usurero de España, Antonio Arroyo Arroyo, un ex interventor del Banco de España que a través de empresas interpuestas o testaferros ha logrado hacerse con más de 500 viviendas. Detenido tres veces, nunca ha pasado de la categoría de presunto a la de culpable. 

Carlos Galán, abogado de Stop Estafadores, define así su modus operandi: "Con una madeja de mentiras y promesas incumplidas consiguen que la víctima firme ante notario una hipoteca con un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo, que cuando expira acaba en la subasta de la casa a un precio irrisorio". Así logran su único objetivo: hacerse con la casa del infortunado. 

¿Cuál es el truco para que el mundo del crédito fácil se haya convertido en una auténtica jungla? Así como en los desahucios hipotecarios los bancos se han visto frenados por una sentencia europea y por la movilización social, los prestamistas campan a sus anchas desde que la ley de 2009 que regula el crédito no bancario quitó la competencia de supervisión al Banco de España y la adjudicó a las autoridades de Consumo de las autonomías sin dotarlas de medios ni de especialización. 

"Aquí no hablamos del comprador de un par de zapatos al que no le devuelven el dinero, son familias en angustiosa necesidad económica que ponen en juego su propia casa en operaciones inconcebibles que nadie controla", explica Galán. 

"No hay inspecciones de oficio, la mayoría de registros autonómicos donde deben inscribirse estas empresas no se han creado y, si llega a imponerse alguna multa, ésta es ridícula frente al volumen de  negocio que generan", remacha Herrero. 

LAS VÍCTIMAS

MONCHI NAVARRETE, VIUDA CORAJE
"PERDÍ A MI MARIDO Y AHORA ME QUIEREN QUITAR LA CASA"

"Mi esposo y yo pedimos 19.000 euros a un prestamista para poder pagar la retroexcavadora que nos permitía trabajar. Tras firmar la escritura y poner como garantía nuestra vivienda, recibimos solamente 3.000. La segunda parte del dinero, que debía abonar un banco, jamás nos llegó". Así encabeza Monchi Navarrete su petición en change.org de cambios legislativos para acabar con la usura.

Monchi era una valenciana de Manises felizmente casada con Javier, un autónomo de la construcción al que la crisis puso entre la espada y la pared. Ante la necesidad de obtener dinero y la negativa de los bancos a dárselo, acudió a uno de los muchos chiringuitos de dinero fácil. No pudo escoger peor. Cayó en manos de la red del mayor usurero de España, Antonio Arroyo Arroyo. Con la connivencia de un notario y un supuesto director de sucursal, lograron que Javier firmara que había recibido 19.000 euros que, con unos intereses de demora del 29 %, se convirtieron en 36.000. La suerte estaba echada. Debía devolver ese dinero o perdería la casa. "Intentamos hablar, pero no respondían. Un día mi esposo se fue a Madrid a verlos. A la vuelta ya no era el mismo y acabó quitándose de enmedio", relata.

HIJO DISCAPACITADO. "Desde entonces, nuestro hijo de 13 años, que padece una discapacidad psíquica, me pregunta cada día por su padre", cuenta entre lágrimas. La ejecución del desahucio está paralizada por la denuncia que Monchi ha interpuesto por estafa. Ella ha prometido que dedicará el resto de su vida a que "este señor" no se quede su casa "ni la de nadie más".

GRACIA MONJE, CANTANTE ANDALUZA
"SE HACEN AMIGOS TUYOS PARA ESTAFARTE"

La cantante andaluza Gracia Monje se ha visto envuelta en una estafa delirante que a punto ha estado de costarle su casa familiar de Chipiona (Cádiz). Tan delirante que parece increíble que alguien que está en el mundo haya picado. Su pesadilla empezó por una deuda de 6.000 euros de IBI y con comunidad de propietarios. Se la quiso quitar de encima de golpe, pero el banco titular de la hipoteca de su casa no le dio el crédito porque, sin ella saberlo, figuraba en un registro de morosos. Tenía dos facturas de móvil impagadas.

Buscó en internet y una empresa le prometió darle el dinero, a devolver en siete años. Cogió su AVE y se fue a Madrid. "No me preguntes cómo, pero acabaron dándome un cheque que yo firmé detrás por 14.750 euros. Me acompañaron a la sucursal y ellos se quedaron con los 8.750 restantes". Creía haber firmado por 6.000 euros, pero pasaron los meses y no le cobraban las cuotas, hasta que un día le exigieron que les devolviera los 14.750 de golpe. Pero éste no era su objetivo. Aprovecharon que no podía devolverlos para ofrecerle más dinero para liberarse de la hipoteca bancaria. Así, ellos pasaban a ser los titulares de la garantía hipotecaria. A punto estuvo de caer y perder la casa. Y eso que ya había visto en un programa de televisión las cosas que se decían de su prestamista, Antonio Arroyo.

"Pueden pensar que son imbécil, pues soy imbécil. Se hacen amigos tuyos y te dicen que sólo quieren ayudarte...". Ahora ha denunciado a Arroyo por estafa. Lo cuenta con presencia de ánimo, pero reconoce que lo ha pasado "muy mal". Su marido tiene una minusvalía del 80 % por un accidente laboral. Ella ha estado a punto varias veces de seguir el camino del esposo de Monchi Navarrete. 

JUAN PUCHE, PRESIDENTE DE STOP ESTAFADORES
"HAN AMENAZADO HASTA A MI FAMILIA, PERO NO PARARÉ"

Juan Puche preside la asociación Stop Estafadores, que lucha para que nadie más caiga en las trampas del crédito fácil, pero hace cinco años nunca había oído hablar del hombre que ha marcado su vida, el usurero mayor, Antonio Arroyo Arroyo. Él era el propietario de una productora audivisual en Cádiz. Para resolver los problemas económicos que llegaron con la crisis pidió 22.000 euros pero, con las mismas añagazas que en otros casos, la trama de Arroyo consiguió que firmara una escritura por 45.000 garantizada con su casa.

"Me prometieron que a los 15 días me darían la otra mitad, pero ya ni respondieron a las llamadas". Con unos intereses de demora del 29 %, la deuda acabó ascendiendo a 85.000 euros que ni podía ni quería devolver. Su casa, tasada en 300.000 euros, está en fase de ejecución de un desahucio, paralizado sólo por la denuncia penal de estafa.

El problema es que el engaño es muy difícil de demostrar. "Incluso la familia y el entorno te consideran un pardillo. Hay gente que opina que es culpa tuya y muchos de nosotros acabamos culpándonos, pero la justicia debería ver que no puede ser que haya tantos afectados que digan lo mismo". Por eso, su asociación ha pedido, de momento sin éxito, que las causas se acumulen en la Audiencia Nacional.

AMENAZAS. Hay ido a ver a partidos políticos, a la Fiscalía General y piensa seguir hasta el final, pese a las amenazas recibidas. "Me han llegado a decir que mi familia lo va a pasar muy mal. Pero esto es una guerra y vamos a por todas. Si no logramos ganar en los tribunales, al menos alertar a las futuras víctimas", se consuela.

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Radio Intereconomía: estafas y abusos en préstamos

24 may. 2015 0 comentarios

El pasado viernes 22 de mayo, el espacio El Corruptómetro, que presenta en Radio Intereconomía el periodista Albert Castillón, dedicó su emisión a las prácticas fradulentas en préstamos no bancarios. 

La emisión recogió el testimonio de varios afectados, como Javier o Miguel Ángel, además de las declaraciones del Presidente de Stop Estafadores, Juan Puche.

En estudio, el abogado de Alberche Área Jurídica, Carlos Javier Galán, explico el modus operandi de estas peligrosas tramas y la situación jurídica de esta cuestión.


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El Juzgado 12 abre proceso por estafa contra el prestamista Arroyo

23 may. 2015 0 comentarios

El prestamista Antonio Arroyo Arroyo está un poco más cerca de sentarse en el banquillo por presunto delito de estafa. 

Tras finalizar la fase de investigación de la denuncia presentada por un afectado, el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, cuya titular es la magistrada Dolores Baeza Trujillo, ha dictado un auto en el que estima que "los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de un presunto delito de estafa" y decide la apertura de procedimiento penal abreviado contra este controvertido prestamista, imputado en numerosos juzgados. 

Ahora, la acusación particular -que dirige el abogado Carlos Sevilla- y el Ministerio Fiscal tienen ocasión de formular sus escritos de acusación y solicitar apertura de juicio oral si lo estiman conveniente. 

Es el segundo órgano judicial que adopta una decisión similar. Anteriormente, también abrió procedimiento penal abreviado el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, en el caso de otro afectado, Julio, dirigido por el letrado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán.
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¿Otra decisión de la Justicia europea contra el proceso hipotecario?

18 may. 2015 0 comentarios






Todo apunta a que se avecina otro varapalo más del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al proceso hipotecario español. Y a que se abrirá un nuevo plazo, con notificación individual a las partes, que permitiría a los afectados por ejecuciones hipotecarias formular oposición por cláusulas abusivas si en su día no lo hicieron.

El abogado general de la Unión Europea, el polaco Maciej Szpunar, ha presentado el 13 de mayo al TJUE, sus Conclusiones sobre la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Martorell (Barcelona) en relación con el plazo extraordinario de un mes a partir de la publicación en BOE, para formular oposición en el proceso hipotecario por cláusulas abusivas.

Como es conocido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en marzo de 2013, en el ya histórico caso Aziz, apreciando que el proceso de ejecución hipotecario español no cumplía la normativa europea de protección de los consumidores, al no permitir que formular oposición por existencia de cláusulas abusivas. El prestatario tenía que acudir para ello a un procedimiento declarativo pero, cuando éste se resolvía, habitualmente ya había perdido su vivienda.

España tuvo que modificar su legislación y admitir que, en el propio proceso hipotecario, el consumidor pudieran oponerse alegando la posible abusividad de las cláusulas del préstamo y que, en ese caso, la ejecución contra el inmueble se paralizara hasta que el juez se hubiera pronunciado.

Con ocasión de esa reforma, la Ley 1/2013 estableció un plazo de un mes, computado desde su entrada en vigor, para que todos los afectados por ejecuciones hipotecarias en curso pudieran formular oposición por esa nueva causa. Esa previsión no se notificó a las partes en los procedimientos judiciales, sino que el plazo corrió a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Juzgado de Primera Instancia de Martorell planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que se pronunciase sobre ese extremo.

Ahora, en el marco del proceso en el que se está examinando la cuestión, el abogado general de la Unión Europea ha dictaminado que "una disposición transitoria que impone a los consumidores un plazo preclusivo extraordinario que comienza a correr a partir del día siguiente al de la publicación de una ley en el boletín oficial del Estado miembro en cuestión no cumple con la obligación de poner en conocimiento de los consumidores la posibilidad de formular oposición sobre la base del carácter abusivo de cláusulas contractuales que constituyan el fundamento de la ejecución". El letrado estima "esencial" que "se informe personalmente a los consumidores del plazo de que disponen, para procurarse asesoramiento eficaz y ejercitar las acciones necesarias para la salvaguardia de los derechos que les confiere la Directiva 93/13".

A juicio del abogado general, "debería subsanarse la falta de notificación a las partes por el mismo expediente que se utiliza en Derecho nacional para notificar a las partes ejecutadas la existencia del procedimiento de ejecución. Por consiguiente, en línea con lo alegado por la Comisión, considero que el legislador español debería haber previsto que se notificase a todas las partes demandadas en procedimientos de ejecución la posibilidad de formular un incidente extraordinario de oposición en el plazo de un mes a partir de dicha notificación. Podría haberse contado para ello con los jueces que conociesen de tales procedimientos, que hubieran podido efectuar la notificación a través de los representantes legales de las partes o directamente en el domicilio de éstas, cuando no se hubieran personado en el procedimiento de ejecución hipotecaria".

Maciej Szpunar propone al Tribunal que se pronuncie en el siguiente sentido: "A la luz del principio de efectividad, los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se oponen a una disposición nacional transitoria, como la controvertida en el litigio principal, que impone a los consumidores un plazo preclusivo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la ley de la que forme parte dicha disposición, para formular oposición sobre la base del carácter abusivo de cláusulas contractuales en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria en curso".

En los próximos meses conoceremos lo que resuelve el TJUE. Pero, dados los precedentes, todo apunta a que el legislador español tendrá que subsanar otra vez un proceso hipotecario permanentemente cuestionado y permitir que se notifique individualmente a las partes de los procesos judiciales un nuevo plazo para formular oposición a la ejecución hipotecaria por cláusulas abusivas.

En el ámbito concreto de los afectados por estafas de préstamos hipotecarios, esto permitiría que pudieran formularlas ahora los que, por cualquier motivo, no tuvieron ocasión entonces, paralizando así las ejecuciones en curso. Esperamos con interés esta importante resolución.

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TS: interés de demora superior en más de 2 puntos, abusivo

17 may. 2015 0 comentarios


El Tribunal Supremo ha fijado como doctrina jurisprudencial que "en los contratos de préstamo sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado".

Es importante resaltar que esta sentencia del pleno de la Sala de lo Civil 265/2015, de 22 de abril, se refiere sólo a los préstamos personales y no a los hipotecarios, que son los más comunes en las estafas cometidas por prestamistas privados. Pero el pronunciamiento sí tiene mucha importancia respecto a crédito al consumo y afectará a los conocidos créditos exprés, donde las penalizaciones por demora suelen ser elevadísimas.  

La consecuencia es que cualquier interés de demora superior al señalado por el Supremo, deberá ser declarado abusivo y tenerse por no puesto: en caso de impago, el préstamo devengará sólo el interés remuneratorio, sin el incremento.

La sentencia contiene otros aspectos de notable interés jurídico, como que la abusividad de una cláusula puede ser apreciable de oficio al resolver un recurso de apelación o la presunción de que en estos contratos las cláusulas constituyen condiciones generales y la existencia de negociación individual debe ser probada.

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TC: los juzgados deben pronunciarse sobre tasación hipotecaria

16 may. 2015 0 comentarios

Las alegaciones que formule el prestatario sobre inexistencia de valor de tasación sí deben ser objeto de valoración por el órgano judicial que conozca de la ejecución hipotecaria, según una reciente sentencia del Tribunal Constitucional. A nuestro juicio, la conclusión es extensiva a los casos en que se cuestiona, en el trámite de oposición, la posible abusividad de esta cláusula, puesto que su nulidad por tal motivo supondría igualmente tenerla por no puesta.  

En este blog especializado en estafas en préstamos no bancarios, en varias ocasiones hemos recogido pronunciamientos judiciales en los que se declaraba abusiva la valoración del inmueble fijada por los prestamistas a efectos de subasta, ordenando en consecuencia archivar la ejecución hipotecaria por faltar uno de sus requisitos. Por ejemplo: el auto de la Audiencia Provincial de Navarra en el caso de la afectada Beatriz, cuyo abogado fue Ignacio Monreal; el auto de la Audiencia Provincial de Soria en el caso de la afectada Ángeles, cuya abogada fue Margarita Antolín; o el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 31 de Madrid en el caso del afectado Manuel cuyo abogado fue Carlos Javier Galán, de Alberche Área Jurídica

Pues bien, no sucedió lo mismo en el caso de Miguel Ángel contra el Banco Popular, donde el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Villarobledo (Albacete) consideró que no podía entrar en la valoración de ese requisito de existencia de tasación a efectos de subasta en una de las escrituras, por considerar que no es uno de los motivos de oposición previstos en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Es una postura similar a la que han mantenido tradicionalmente los abogados de los prestamistas privados cuando se les plantea que los valores para subasta que ellos fijan constituyen cláusulas abusivas. Sostienen que no cabe formular oposición por ese motivo porque no estamos ante una cláusula que fundamente la ejecución. Por el contrario, nosotros pensamos que sí fundamenta la ejecución. Tanto que, sin la existencia de dicha cláusula, ni siquiera puede acudirse al procedimiento hipotecario. 

Miguel Ángel, al ver rechazada su pretensión, recurrió en amparo, bajo la dirección del letrado Rafael Núñez, ante el Tribunal Constitucional, que ahora le da la razón en sentencia de 2 de marzo de 2015.

Considera el TC que "la decisión del órgano judicial de no entrar a resolver sobre la causa de nulidad del procedimiento en que se basó la oposición a la ejecución hipotecaria", remitiéndoles a un procedimiento declarativo ordinario para plantearla, "no cumple con las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva" y vulnera en consecuencia el artículo 24 de la Constitución. 

Tiene en cuenta la sentencia que "lo que planteó el demandante de amparo en el incidente de ejecución hipotecaria fue el incumplimiento de un requisito procesal derivado del propio título de ejecución y apreciable de oficio por el órgano judicial, argumento suficiente para que hubiera sido resuelto en el seno del incidente de oposición". Por ello, "la decisión de no entrar en la cuestión, remitiendo al declarativo posterior para su resolución no es, por excesivamente formalista, conforme con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva"

Por ello, el TC otorga el amparo al prestatario, ordenando al órgano judicial que retrotraiga las actuaciones y se pronuncie sobre el motivo de oposición consistente en falta de requisito procesal de existencia de un valor de tasación.

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La reunión de Stop Estafadores con la F.G.E., en Lawyerpress.com

15 may. 2015 0 comentarios


Publicado en Lawyerpress.com, 14.05.2015.

AFECTADOS DE ESTAFAS DE PRESTAMISTAS, RECIBIDOS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

Stop Estafadores, asociación constituida, reclama la actuación de la fiscalía porque cree que los casos actualmente judicializados no son más que la punta del iceberg de todos los que existen en la actualidad. 

Representantes de la asociación Stop Estafadores, que agrupa a afectados por presuntas estafas en préstamos no bancarios, mantuvieron ayer una reunión con la Fiscalía General del Estado a fin de hacer llegar a esta institución “la voz de las víctimas y reclamar que se impulsen las investigaciones sobre estas tramas que operan impunemente”. Stop Estafadores reclama la necesidad de afrontar iniciativas de fiscalía tanto “para buscar una acumulación de las causas en las que haya conexidad de partícipes” como para “recabar el testimonio de las posibles víctimas que no hayan denunciado” desde la convicción de que los casos actualmente judicializados “no son más que la punta de un gran iceberg”. También cree necesario adoptar “medidas preventivas”. Recibidos por Alejandro Luzón, actual Teniente Fiscal de la Secretaria técnica de la FGE , quien escuchó con interés esta problemática y se ha mostrado muy receptivo a estudiar posibles vías de actuación, recabando más información de esta entidad. 

Por parte de la asociación acudieron a la cita su presidente, Juan Puche, y su asesor legal Carlos Javier Galán, abogado que desde hace años viene destacando en la iniciativa jurídica y la denuncia pública de estas operativas fraudulentas. Con este jurista mantuvimos un encuentro informativo hace algunas semanas donde nos explicó esta problemática que está afectando a muchas familias. En la reunión de ayer, fueron recibidos por Alejandro Luzón, en la actualidad Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, y que durante años ejerció como fiscal anticorrupción. 

La operativa de estas redes de estafas consiste en que “en lugar de imponer unos intereses muy elevados que pudieran ser declarados abusivos, hinchan artificialmente la cifra del capital, que los prestatarios no reciben en su integridad” lo que, combinado con “un plazo de devolución inminente”, tiene únicamente por finalidad “apoderarse de inmuebles con un desembolso real ridículo”. 

Según fuentes de la asociación, Alejandro Luzón escuchó con interés esta problemática y se ha mostrado muy receptivo a estudiar posibles vías de actuación, recabando más información. 

Stop Estafadores muestra públicamente su “agradecimiento a la Fiscalía General del Estado por prestar atención a un problema que ha llevado a situaciones dramáticas a muchas familias”. 

Esta asociación STOP ESTAFADORES es una asociación de afectados por presuntos estafadores que, bajo el nombre de prestamistas, conceden operaciones de capital privado, con la garantía de una vivienda, con el único fin de arrebatar su propiedad. La asociación incluye a cualquier persona que quiera combatir estas prácticas, ya sea afectada o no por estas tramas. En su propia web señalan que “realizamos investigaciones de cada caso y las exponemos en público a través de internet y en contacto directo con los medios de comunicación, así como con nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Ministerio Fiscal .”
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Reunión de Stop Estafadores con la Fiscalía General del Estado

14 may. 2015 0 comentarios


El martes 13 de mayo, la Fiscalía General del Estado recibió a una representación de Stop Estafadores, que agrupa a víctimas de presuntas estafas cometidas con préstamos no bancarios. Por parte de la asociación acudieron su presidente, Juan Puche, y su asesor legal, el abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán. Por la Fiscalía General del Estado fueron atendidos por el Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica Alejandro Luzón, un auténtico experto en delitos económicos que durante años ha ejercido como Fiscal Anticorrupción de nuestro país.

Junto con la petición de cita, Stop Estafadores hizo llegar a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, un dossier con la operativa de las tramas de presuntas estafas hipotecarias en nuestro país. Una vez convocados en Fiscalía, Juan Puche y Carlos Galán abundaron en dicha información en la reunión de trabajo mantenida, que resultó muy productiva. 

Stop Estafadores ha agradecido públicamente la atención recibida y la buena disposición por parte de su interlocutor en la Fiscalía General del Estado. Un paso más en defensa de las víctimas y contra la impunidad de estas redes delictivas. 
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El Gobierno de Aragón inspeccionará a prestamistas privados

12 may. 2015 0 comentarios



Publicado en El Periódico de Aragón, 10.05.2015

Irregularidades financieras
CONSUMO INICIA UNA CAMPAÑA PARA INVESTIGAR A LOS PRESTAMISTAS PRIVADOS

La iniciativa de inspección se dirige a particulares y empresas de microcréditos de la comunidad. La DGA detecta "abusos", que han sido avalados por asociaciones como la de víctimas financieras

F. Mantecón. 

El Departamento de Consumo del Gobierno de Aragón ha puesto en marcha una campaña de inspección de los particulares y empresas que ofrecen los conocidos microcréditos en la comunidad autónoma, excluidas las entidades financieras tradicionales, fundamentalmente bancos, que ya cuentan con controles reiterados y específicos por parte del Gobierno de Aragón. 

Los inspectores revisarán las prácticas de estas empresas ante los posibles "abusos" que, según recoge la circular de Consumo, han detectado. De hecho, la campaña parte de la Dirección General del área, pero apoyada por reclamaciones de colectivos como la recientemente registrada Asociación de Estafados Víctimas de las Financieras (Adevif) en la comunidad. 

Los inspectores, según explicó el director general de Consumo de la DGA, Sergio Larraga, pretenden con esta iniciativa obtener "un conocimiento más amplio" del sector, además de controlar la actividad de este área en Aragón. 

A priori, la experiencia del departamento indica que las empresas aragonesas son cumplidoras con la legalidad vigente, pero si la inspección delatara actividades sospechosas en algún momento no se descarta abrir expedientes sancionadoras o, en su caso, remitir las actuaciones a Fiscalía, si lo analizado indicase infracciones penales. 

INTERNET 

La campaña de inspección, explicó Larraga, se extiende tanto este mes como durante el siguiente, y no se limitará a los establecimientos que cuentan con sede física -que son los que menos-, sino también a quienes publicitan estos servicios por internet o cualquier otro medio. Por ejemplo, ha habido casos de presuntos estafados por anuncios en el teletexto. 

Tanto en el caso de prestamistas directos como en intermediarios, desde Consumo se analizará el modo de captación de clientes, las partes intervinientes o los documentos y contratos disponibles para la firma, entre otros aspectos. Como marco está la Ley de Créditos al Consumo, que servirá de referencia para detectar posibles incumplimientos en las formas. 

La actuación del departamento del Ejecutivo autonómico, planeada desde hace tiempo, según señaló Larraga, llega después de que Adevif fuera inscrita recientemente como asociación específica en la comunidad. Sus asociados, encabezados a nivel nacional por el turolense Rafael Pozo, pasaron hace poco más de un año por las Cortes de Aragón -donde arrancaron un compromiso regulador- y han mantenido reuniones también en el Colegio de Notarios de Aragón, que ha emitido circulares informativas para los profesionales y los clientes recordando los derechos que los asisten. Entre otros, el elegir su notario o el solicitar un plazo de tiempo para estudiar la documentación que van a firmar. 

EXCESO DE CONFIANZA 

En muchos de los casos de los presuntos estafados acogidos por Adevif, el problema es precisamente que lo que firman no es lo que pensaban que estaban firmando, pero por exceso de confianza no lo descubren hasta que ya es demasiado tarde y la irregularidad ya está cometida. 

En la mayoría de las situaciones han puesto como aval su casa, tasada a un precio irrisorio, que el prestamista acaba quedándose en subasta como pago de la deuda. Sin contar los intereses desmesurados -el único motivo por el que, en Madrid, se ha llegado a anular alguna de estas transacciones- del préstamo, o el hecho de que no les den todo el dinero que firman haber recibido con la promesa de un futuro talón que, al final, nunca llega. 

Para comprobar si estas prácticas son más habituales de lo que parecería en Aragón, Consumo ha puesto en marcha esta campaña de inspección como nuevo paso en el combate contra el fraude y que las Cortes de Aragón se comprometieron a atajar.
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Stop Estafadores reitera solicitud de investigación a Fiscalía AN

8 may. 2015 0 comentarios

El Presidente de STOP ESTAFADORES, Juan Puche, ha dirigido un escrito a la Fiscalía de la Audiencia Nacional reiterando la necesidad de que se abra una investigación global sobre las centenares de familias afectadas por presuntas estafas cometidas por la red que encabeza Antonio Arroyo Arroyo en la suscripción de préstamos de capital privado. 

En noviembre de 2013, el abogado director de Alberche Área JurídicaCarlos Javier Galán, redactó gratuitamente para otra entidad, ADEVIF, una amplia denuncia, en la que se ponía en conocimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional la existencia de esta trama y su modus operandi habitual. De esta iniciativa se hizo eco el programa Equipo de Investigación de La Sexta TV, además de otros medios. 

El 10 de julio de 2014, el citado letrado concedió la venia a un nuevo abogado, Santiago Landete, a solicitud de la propia ADEVIF, y posteriormente le remitió toda la extensa documentación. No consta desde entonces absolutamente ninguna gestión al respecto. 

En septiembre de 2014 supimos, indirectamente, a través de algunos procedimientos judiciales, que la Fiscalía de la A.N. había denegado esta solicitud de investigación y acordaba archivar las diligencias. Por parte de la entidad que había sido denunciante ya no se formuló objeción alguna a esta decisión. 

Ahora, Stop Estafadores, asociación mayoritaria de los afectados de estafas de prestamistas, ha dirigido una nueva petición a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, redactada por el mismo letrado, que hoy asesora a esta entidad. El escrito insiste en los argumentos y datos que, a juicio de las víctimas, deberían ser tomados en cuenta. Además, aporta nueva información y da cumplida respuesta a los reparos que expuso en su día el Ministerio fiscal. 

Para Stop Estafadores, las decenas de denuncias que hoy están en vía judicial no son sino “la punta del iceberg de una realidad mucho más amplia” que ha de ser objeto de atención por parte de la fiscalía. Estamos hablando de más de un millar de familias afectadas, como podría fácilmente comprobarse. 

Stop Estafadores recuerda que el modus operandi descrito difícilmente puede considerarse materia civil, como sostenía el fiscal, porque, además de la estafa, se detectan falsedades documentales o usurpaciones de personalidad, junto con serios indicios de blanqueo de capitales, que han detallado en su escrito. 

Con independencia de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional preste esta vez atención o decida seguir haciendo oídos sordos a este clamor de familias que, a lo largo de años, en distintos puntos de la geografía nacional, han denunciado hechos similares y han coincidido en señalar a las mismas personas, Stop Estafadores asegura que "cumple con un deber moral y cívico” al insistir en denunciar esta realidad y ponerla en conocimiento de los organismos que deben actuar. La asociación manifiesta su convicción de que “tarde o temprano esta red caerá y se comprobará su verdadera dimensión” y avisa de que “para cuando se conozca públicamente este delito masivo ejecutado durante años, nadie podrá fingir ignorancia, porque lo hemos puesto en conocimiento de quienes creíamos que tenían que saberlo”.
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En Antena 3, otra víctima de prestamista al borde del desalojo

2 may. 2015 0 comentarios

El programa Espejo Público de Antena 3 TV se ocupó del caso de Carmen, víctima de otra estafa en préstamo hipotecario, que está al borde de ser desalojada de su vivienda. 

Al parecer, obtuvo un préstamo de 90.000 euros y su prestamista llegó a reclamarle hasta 300.000. Su vivienda, de 200 m2 y en una zona privilegiada de Madrid, fue adjudicada en subasta por sólo 50.000 €. Ya se había fijado fecha de lanzamiento y ha sido aplazado por un mes. 

Dado que la entidad a la que recurrió esta víctima es ADEVIF, que no se caracteriza precisamente por su transparencia, el resto de información es muy confusa. No queda claro quién es realmente el prestamista (porque el programa alude a Arroyo pero ella dice que su prestamista es otra persona), quién es la adjudicataria de la vivienda (el programa cita a dos hijas de Arroyo, Anaís e Iris, y ella habla de una tal Esther), si existe denuncia o querella presentada por esta presunta estafa y si se ha instado o no la suspensión de la ejecución hipotecaria por prejudicialidad penal... 

En todo caso, un testimonio más éste de Carmen sobre la actuación de estas peligrosas tramas ante las que es cada día más urgente tomar medidas legislativas, policiales y judiciales.


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