La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos de apelación de una decena de víctimas de la red del controvertido prestamista Antonio Arroyo Arroyo y ordena al Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid la reapertura de la investigación judicial por presuntos delitos de estafa y falsedad documental.
Este Juzgado en su día había agrupado en una sola causa todas las denuncias que le fueron turnadas contra el usurero. Sorprendentemente, en febrero de 2015 acordó sobreseer el procedimiento sin practicar diligencias.
Las familias afectadas, a través de sus respectivos abogados (Carlos Javier Galán, Francisco Moreda, Mar Moya, Fernando Adame, David López y otros) interpusieron recursos contra esta decisión judicial. La Sección 16ª de la Audiencia Provincial ha estimado dichos recursos y acuerda proceder a la reapertura de las actuaciones.
Considera el tribunal, a la vista de los informes policiales, que existen indicios de haberse utilizado un documento de Caja Duero falsificado, lo que supondría el “empleo de un instrumento falaz”. Además, "se podría inferir la existencia de diferencia entre el dinero solicitado por el cliente y lo entregado realmente”. Por tanto, podríamos “encontrarnos ante delitos de estafa y falsedad” y que los préstamos se hayan suscrito “previo engaño”.
A fin de aclarar tales circunstancias, la juez instructora tendrá que continuar con la instrucción. Los abogados de las víctimas instarán ahora la práctica de diligencias, para que se investigue a esta red de presuntas estafas hipotecarias. Se abre al menos una vía para que no continúe la absoluta impunidad de la que alardea públicamente este imputado.
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