El Congreso pide al Gobierno que regule la actividad de los prestamistas

25 nov 2017 0 comentarios

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes una proposición no de ley del Grupo Popular en la que insta al Gobierno al regular la actividad de préstamos concedidos por entidades no supervisadas. 

La iniciativa, aprobada por 248 votos a favor, ninguno en contra y 85 abstenciones, recuerda que estos prestamistas privados "en la actualidad no son entidades financieras y, por tanto, no están supervisadas por el Banco de España ni por la CNMV" y se caracterizan "por un elevado coste de la financiación que ofrecen a sus clientes".

Por ello, reclama al ejecutivo que establezca "una nueva regulación que refuerce la protección de los usuarios de servicios financieros prestados por entidades no supervisadas por ningún organismo oficial", con el objetivo de "evitar que se produzcan situaciones abusivas o de usura como consecuencia de la propia necesidad del prestatario".
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Recusado un juez que investiga al prestamista Arroyo

11 nov 2017 0 comentarios

La Audiencia Provincial de Madrid, mediante auto de fecha 13 de octubre de 2017, ha acordado estimar la recusación planteada por Juan Puche, presidente de la asociación Stop Estafadores, contra el juez de instrucción que investigaba su denuncia contra el prestamista Antonio Arroyo por estafa y otros delitos.

El instructor, en plena declaración del prestamista investigado, le interrumpió para manifestar que él mismo había sido aludido por el denunciante en un blog personal de éste, que se planteó denunciarle y que no lo hizo precisamente para poder seguir con esta causa.

El tribunal aparta al juez del caso y ordena su sustitución, al apreciar la causa del artículo 219.9ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, la enemistad manifiesta con una de las partes en el proceso, tal y como había solicitado el abogado del denunciante, Carlos Javier Galán.

Asegura la resolución que "las manifestaciones realizadas por el recusado en el curso de la declaración manifiestan no sólo su disgusto con los comentarios sobre él publicados por el recusante en su blog, sino que reconoce que también se planteó la posibilidad de denunciarle por delitos de injurias y calumnias (...) sin que finalmente lo hiciese para no tener que apartarse del conocimiento de la causa, lo cual, siendo una legítima decisión personal (...), al exponerla públicamente debe reconocerse que genera en el recusante una razonable y seria duda sobre su imparcialidad, por manifiesta animosidad contra él".
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