Diputado de Chunta Aragonesista pregunta por las estafas hipotecarias

17 feb. 2014

El diputado de la Chunta Aragonesista en el Congreso registró el pasado 23 de diciembre una pregunta escrita, en la que requiere diversa información sobre la actuación del gobierno ante el preocupante fenómeno de las estafas hipotecarias.

Chesus Yuste, encuadrado en el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, cita a una asociación de afectados al exponer los motivos de su pregunta: "Según estimación de la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF), más del 30% de los desahucios que se producen en España afectarían a quienes han utilizado sus viviendas como aval para recibir un crédito de prestamistas privados y, en la mayor parte de los casos, han sido estafados. Al ser cada vez más difícil obtener un crédito por parte de bancos y cajas de ahorros, muchas personas están acudiendo a prestamistas privados. En muchos casos, se trata de personas mayores que desconocen el funcionamiento de este tipo de negocios. Para acceder al capital, suele ser condición necesaria utilizar una vivienda como aval, que el solicitante del préstamo ya tiene en propiedad o a falta de pagar una parte muy pequeña de la hipoteca".

El texto sintetiza acertadamente el modus operandi de las tramas de estafas hipotecarias y las consecuencias que se derivan: "La estafa puede llevarse a cabo de diferentes formas, pero es habitual que el prestamista convenza al cliente de que firme ante notario la recepción del importe total del crédito, cuando en realidad se le abona sólo una parte y se pospone la entrega del resto del dinero. Así, la víctima del engaño se ve obligada más adelante a devolver un préstamo que nunca ha llegado a recibir y termina pagando la falsa deuda con su propia casa. Sin embargo, al existir un documento legal, los jueces suelen archivar el caso y las víctimas quedan desprotegidas".

El diputado aragonés pide al ejecutivo que preside Mariano Rajoy que informe sobre "qué medidas ha adoptado o piensa adoptar para proteger a las víctimas de estafas financieras o, en general, a las personas afectadas por desahucios derivados de créditos de prestamistas privados".

También se interesa por la prueba del carácter profesional de la actividad de tales prestamistas, con el objeto de que no eludan las garantías legales: "¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para facilitar que la administración de Justicia pueda demostrar que el prestamista se dedica a esta actividad de forma profesional para, una vez reconocida esta situación, poder exigirles todas las condiciones y garantías aplicables a cualquier otra entidad financiera, sin cuyo cumplimiento los contratos de préstamo serían nulos de pleno derecho?".

Finalmente, demanda respuesta acerca de las irregularidades tributarias que se esconden detrás de estas operaciones: "¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para garantizar que todos los préstamos estén debidamente registrados en la administración tributaria y no solo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de quienes los suscriben, sino también para poder determinar si quienes prestan dinero lo hacen genuinamente como particulares o si se dedican a esto tan reiterada y/o extensivamente como para considerar que se trata de un negocio financiero sujeto a las obligaciones y garantías que tienen las demás entidades financieras?".

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