La asociación
Stop Estafadores solicita al juez de la Audiencia Nacional
Eloy Velasco -que en abril tomó declaración al prestamista
Antonio Arroyo- que investigue en profundidad la relación de la red de usura que éste encabeza con la trama de corrupción Púnica.
Esta asociación ya llamó públicamente la atención en noviembre de 2014 sobre el papel de
David Marjaliza, a través de sus sociedades, como ejecutor de créditos hipotecarios, presuntamente fraudulentos, suscritos con Antonio Arroyo.
Según el comunicado de Stop Estafadores, las empresas de este imputado en la operación Púnica se encargaban en no pocos casos de desahuciar a familias por las deudas “engordadas” contraídas con el prestamista Arroyo, tras haber adquirido supuestamente las letras cambiarias en las que se documentaban.
La asociación recuerda que TPC Consulting y otras firmas de Marjaliza continúan a día de hoy ejecutando judicialmente hipotecas contra varias familias afectadas, a pesar de estar su representante en prisión preventiva y con medidas cautelares de tipo personal y patrimonial.
El colectivo de víctimas de presuntas estafas hipotecarias considera que hay serios indicios de que varios de esos inmuebles de familias necesitadas, que la trama se adjudicaba con desembolsos reales irrisorios, acababan en manos de políticos y de allegados designados por los mismos, presumiblemente como pago de favores.
Por ello, piden al responsable de la instrucción en la Audiencia Nacional que profundice en esa línea de investigación que vincula a Púnica con la red de Antonio Arroyo, al que decenas de familias tienen denunciado por presuntas estafas en préstamos.
La operativa es conocida: una familia con dificultades económicas apremiantes y sin acceso al crédito bancario acudía a los intermediarios de Arroyo. El prestamista accedía a una operación en la que, con un engaño minuciosamente calculado, conseguía que acabaran firmando ante notario un capital superior al que realmente recibían en ese momento y siempre con la garantía de su vivienda. Supuestamente era un “crédito puente” que se refinanciaría para pagar en cuotas, pero la realidad es que nunca se refinanciaba y, si en sólo seis meses, no devolvían la totalidad del supuesto capital, que no habían recibido íntegramente, se generaba además un interés del 29 % y se ejecutaba contra sus casas. Enseguida, Arroyo transmitía formalmente el crédito a aparentes terceros, entre ellos el entramado societario de David Marjaliza, que se encargaba –y lo sigue haciendo aún hoy- de hacerse judicialmente con las viviendas de los afectados y desalojarles. Para ello, previamente, se fijaba en escritura un valor de subasta ridículo que facilitaba ese objetivo.
Lo que Stop Estafadores sospecha, por diversos datos que obran en su poder, es que parte de esos inmuebles, adquiridos a precio de chollo y tras desalojar a sus propietarios, acabaron sirviendo para pago de favores políticos y por eso pide a la Audiencia Nacional que lo investigue.
Además, durante una década en todas esas operaciones, por montante de varios millones de euros, se documentaba el capital, superior al realmente entregado, siempre “en efectivo metálico” y, a juicio de esta asociación, podríamos estar también ante un continuado blanqueo de dinero por parte de estas tramas.
