La reapertura de causa penal, en la cadena Ser

Publicado en la web de la Cadena Ser, 17.01.2016

LA JUSTICIA REABRE UNA INVESTIGACIÓN CONTRA EL MAYOR USURERO DE ESPAÑA

La Audiencia Provincial de Madrid revoca el archivo de una investigación contra Antonio Arroyo ordenando comprobar si usó documentos falsificados en préstamos a varios denunciantes 

Alberto Pozas. Madrid. 

Antonio Arroyo Arroyo es considerado el mayor usurero de nuestro país: decenas de familias españolas le han llevado ante los tribunales e incluso a finales de 2013 un cliente suyo terminó quitándose la vida después de perder su casa. Ahora será la Justicia la que investigue si efectivamente este prestamista estafa a sus clientes: la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a un juzgado de la capital que reabra la investigación contra Arroyo por haber estafado supuestamente a diez familias, exigiendo que compruebe si, tal y como explica la denuncia, utilizó incluso documentos falsificados de una sucursal de Caja Duero de Pozuelo de Alarcón para engañarles a la hora de firmar los préstamos. 

Fue el juzgado de instrucción nº 3 de Plaza de Castilla el que dictó el archivo de esta causa el pasado mes de mayo con el visto bueno de la Fiscalía, pero los jueces de la sección 16ª de la Audiencia Provincial revocaron la decisión en diciembre por entender que no investigó lo suficiente la denuncia de una decena de familias de todo el país. Concretamente exige que la magistrada instructora compruebe si, tal y como afirma el Grupo IX de la Policía Judicial, el entramado habría usado un documento falsificado de Caja Duero en sus operaciones fraudulentas. Un contrato “que podría haber sido empleado en varias operaciones” según los jueces y cuya autoría negó el propio director de la sucursal de Pozuelo de Alarcón cuya firma figura estampada. 

Son decenas de familias las que han llevado a Antonio Arroyo ante los tribunales, aunque según los datos que maneja Carlos Javier Galán, letrado de Alberche Abogados y defensor de varios denunciantes, el número de afectados podría llegar a 1.500 familias. “Consiguen que la gente acabe firmando unos préstamos en los que consta un capital superior al que realmente están recibiendo”, explica el abogado en declaraciones a Radio Madrid, añadiendo que “además se incluyen unos intereses de demora abusivos y una valoración de las viviendas a precios ridículos que luego les permiten apoderarse de las casas cuando la gente no puede pagar”. 

El resultado, según explica este letrado, son familias que pierden su vivienda después de haber sido supuestamente estafadas, y revela que en una ocasión la policía entró en una notaría cuando estaban perpetrando uno de los engaños: “Se detuvo al prestamista en la notaría en una de las firmas, y se pudo comprobar que el capital que aparecía no era el mismo, no estaba físicamente allí”. 

Con la reapertura de la investigación, las familias denunciantes solicitarán a través de sus abogados no sólo la declaración de los posibles responsables de la estafa sino también del director de la sucursal de Caja Duero y un informe pericial que demuestre, según su versión, que el dinero apalabrado en los préstamos no era el entregado finalmente a las familias. “Queremos que se vea que los capitales que se dicen recibidos por estas familias no fueron reales, no llegaron a desembolsarse en su totalidad”, explica Galán. 

CASI 150.000 FIRMAS CONTRA LA USURA

Una de las denunciantes en esta causa reabierta es precisamente la viuda del hombre que a finales de 2013 se suicidó tras suscribir uno de estos préstamos con Arroyo y que el prestamista iniciase las gestiones para quedarse con su vivienda. Según explica, pidieron un préstamo de 19.000 euros para pagar una retroexcavadora pero finalmente recibieron sólo 3.000 euros. 

La familia, junto con la asociación Stop Estafadores, llegaron a reunir más de 144.000 firmas en el portal Change.org para que el ejecutivo reformase la ley que regula los préstamos hipotecarios no bancarios y que impidiese la práctica de la usura. 

TESTIGO EN LA PÚNICA

El nombre del prestamista Antonio Arroyo volvió a saltar a los medios cuando la Cadena SER reveló el pasado mes de agosto que había declarado como testigo en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación a la trama Púnica. Ante el juez Eloy Velasco, afirmó haber realizado “ochenta o cien” operaciones con empresas ligadas a David Marjaliza desde 2001, la mayoría relacionadas con las subastas judiciales y los créditos. 

La operación por la que se interesó el instructor estaría relacionada con el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres, al sospechar que Arroyo participó en un préstamo de 270.000 euros para la compra de un chalet en Marbella que sería propiedad de Moreno Torres. Una operación que se habría hecho “para venderla rápido” ya que el entonces regidor de Valdemoro se iba a divorciar.

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La AP de Madrid ordena reapertura de causa contra prestamista

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos de apelación de una decena de víctimas de la red del controvertido prestamista Antonio Arroyo Arroyo y ordena al Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid la reapertura de la investigación judicial por presuntos delitos de estafa y falsedad documental. 

Este Juzgado en su día había agrupado en una sola causa todas las denuncias que le fueron turnadas contra el usurero. Sorprendentemente, en febrero de 2015 acordó sobreseer el procedimiento sin practicar diligencias. 

Las familias afectadas, a través de sus respectivos abogados (Carlos Javier Galán, Francisco Moreda, Mar Moya, Fernando Adame, David López y otros) interpusieron recursos contra esta decisión judicial. La Sección 16ª de la Audiencia Provincial ha estimado dichos recursos y acuerda proceder a la reapertura de las actuaciones. 

Considera el tribunal, a la vista de los informes policiales, que existen indicios de haberse utilizado un documento de Caja Duero falsificado, lo que supondría el “empleo de un instrumento falaz”. Además, "se podría inferir la existencia de diferencia entre el dinero solicitado por el cliente y lo entregado realmente”. Por tanto, podríamos “encontrarnos ante delitos de estafa y falsedad” y que los préstamos se hayan suscrito “previo engaño”. 

A fin de aclarar tales circunstancias, la juez instructora tendrá que continuar con la instrucción. Los abogados de las víctimas instarán ahora la práctica de diligencias, para que se investigue a esta red de presuntas estafas hipotecarias. Se abre al menos una vía para que no continúe la absoluta impunidad de la que alardea públicamente este imputado.

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Las tramas Arroyo y Púnica intentan desahuciar a una mujer en Alicante

Publicado en diario Informaciones, 10.01.2016 

UNA EMPRESA DE LA PÚNICA INTENTA DESAHUCIAR A UNA MUJER EN ALICANTE 

La asociación Stop Estafadores, una entidad de ámbito nacional que agrupa a víctimas de prestamistas de capital privado, denuncia que una empresa ligada a la trama Púnica intenta desahuciar a una mujer en Alicante. 

El lunes, 11 de enero, el juzgado de Primera Instancia número 3 celebrará la vista sobre ejecución hipotecaria instada una empresa ligada a esta trama contra la propietaria de una vivienda en la calle Médico Pedro Herrero. 

En 2013 la mujer alegó existencias de cláusulas abusivas y detuvo provisionalmente el desalojo, y la vista finalmente se desarrolla el lunes. El abogado de la afectada, Carlos Javier Galán, cree que son abusivas varias cláusulas.

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En Repor de TVE, denuncia de trama de estafas hipotecarias

El pasado 22 de noviembre en Canal 24 horas y el 24 de noviembre en La 1 de TVE, Repor emitió El préstamo maldito, un gran trabajo periodístico de Vanesa Benedicto y Sara Boldú sobre lo que Carlos Javier Galán, de Alberche Abogados, denuncia como "la mayor trama de presuntas estafas hipotecarias en nuestro país".

El reportaje incluye, además de la intervención de este abogado, el testimonio de algunas de las víctimas -Dolores, Pilar y Alfredo-, las declaraciones de Juan Puche (presidente de la asociación Stop Estafadores), de su pareja Carol, y de Gracia Monje (delegada en Andalucía de la misma asociación). También ofrecen su parecer Fernando Rodríguez Prieto, como representante del Colegio Notarial de Madrid, el abogado Javier Massana y la psicóloga y perito forense Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Además, Repor obtuvo unas declaraciones del principal imputado, el prestamista Antonio Arroyo, en las que el entrevistado se autoretrata con sus falacias y con su actitud.

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El domingo 22, 'El préstamo maldito' en Repor de TVE

Este próximo domingo 22 de noviembre, a las 20'30 horas, el Canal 24 horas de TVE emitirá el programa Repor, que incluye un interesante reportaje de la periodista Vanesa Benedicto sobre la trama de presuntas estafas hipotecarias de Antonio Arroyo Arroyo. 

El préstamo maldito ofrecerá algunas declaraciones del prestamista imputado por estafas, junto con la voz de sus víctimas, entre ellas el presidente de la asociación Stop Estafadores Juan Puche. No faltarán la intervención del letrado de Alberche Abogados Carlos Javier Galán, quien más causas lleva contra él y que ha destacado en la denuncia pública de esta red. También la psicóloga y perito Ana Isabel Gutiérrez Salegui explicará la operativa del engaño que ha conducido a la ruina a tantas familias. 

Éste es el avance del programa:

El préstamo maldito - Avance

Aquí un fragmento del testimonio de una de sus afectados, Dolores:

El préstamo maldito - Dolores

Un avance de las declaraciones del abogado Carlos Javier Galán:

El préstamo maldito - Carlos Galán

Y la habitual sonrisa cínica con la que el presunto estafador sigue burlándose de la Justicia y de sus víctimas:

El préstamo maldito - Antonio Arroyo

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Propuestas contra las estafas hipotecarias

Publicado en El País, 04.11.2015

PROPUESTAS CONTRA LAS TRAMAS DE PRESTAMISTAS HIPOTECARIOS

Inmaculada de la Vega 

Cómo se puede prevenir el fraude en las hipotecas que son concedidas fuera de los circuitos bancarios es la pregunta formulada en un mesa redonda celebrada en el Colegio Notarial de Madrid. No se trata de quienes prestan lícitamente dinero, sino de tramas que obtienen una gran rentabilidad ya que, a cambio de unos miles de euros, acaban quedándose con la vivienda de la víctima que a menudo está en una situación de extrema necesidad. “Ante la amenaza de perder la vivienda o no poder alimentar a los hijos, se produce un estado de ansiedad que provoca, aparte de taquicardias o dolor de cabeza, alteraciones cognitivas; es decir, afecta a la memoria, la atención, la capacidad de asociación y la toma de decisiones”, explicó la psiquiatra forense Marta Navas que intervino en la mesa coordinada por el notario José Ignacio Navas Olóriz. 

También intervino el abogado del bufete Alberche, Carlos Galán, experto en delitos económicos, y el capitán de la Guardia Civil del Departamento de Delincuencia Económica, Carlos Gallego que explicó cómo el engaño a la víctima se apoya en eliminar todos los mecanismos de autoprotección. La psiquiatra añadió que se produce un sesgo cognitivo: “la víctima se centra en la amenaza, en conseguir el dinero para resolver su situación, descartando otras consideraciones. Además, la publicidad de la empresa en Internet y la intervención de un notario hace que no desconfíe”. 

En estado de desesperación y ansiedad, el endeudado ignora todo lo que no sea obtener el dinero, de ahí el interés de las medidas que para atajar el problema avanzaron tanto Navas Olóriz, como el también notario Fernando Gomá, editorialista del blog “¿Hay Derecho?”, y que también viene propugnando Galán. 

Puesto que en la escritura de estas hipotecas no bancarias figura como recibida una cantidad mayor que la que se entrega, Navas propuso invertir la carga de la prueba cuando se debata en un juzgado la nulidad del préstamo hipotecario: que sea el que ha dado el préstamo quien acredite el ingreso en efectivo de la cantidad que figura en la escritura. 

Cuando se logra demostrar que la víctima ha recibido menos dinero del que consta en la escritura de la hipoteca, esta es nula y el prestatario solo tendría que devolver lo recibido, menos la indemnización por daños y perjuicios. Pero lo difícil es demostrarlo ante los tribunales, ya que se trata de la palabra del notario contra la de la víctima. Al respecto, Fernando Gomá aludió a los jueces: “es curioso que consideren que la fe pública es una formalidad carente de eficacia cuando se trata de eliminar la cláusula suelo en una hipoteca, mientras que, en estos casos, digan que la fe pública es inatacable, aun cuando lo que diga el notario no esté justificado con documentos. En estos casos, el notario manifiesta que el prestatario declara haber recibido determinada cantidad, no que realmente la haya recibido, ni su importe. La fe pública no es el Evangelio”. 

En cuanto a la tasación que figura en las escrituras para el caso de que no se devuelve el crédito, los prestamistas fijan un valor muy inferior al de mercado, ya que proyectan quedarse con el inmueble. “Como la ley dice que se ejecute la casa por el 70% del precio de tasación, la cifra resultante es escandalosamente baja”, indicó Navas y aclaró que: “habitualmente, el prestamista alega ante el notario que no ha traído la tasación, pero que el prestatario conoce el valor que se ha dado a la casa y se compromete a aportarla más adelante, con lo cual la víctima no se entera del precio irrisorio fijado para su inmueble”. La propuesta es que la tasación esté incorporada a la escritura y que el prestamista pierda el control. El notario podría pedir que a un colegio oficial que designe al perito –ya viene previsto en la Ley de Jurisdicción Voluntaria- que realice la tasación por turno, sin identificar ni a propietario ni a tasador. 

También aconseja que el prestamista no pueda pagar antes de que se firmase la escritura e, incluso, tal pago se podría hacer a través de una cuenta controlada por el notario. 

Otra medida preventiva es que se prohíban las hipotecas cambiarias en estos casos. “En las raras ocasiones en que el prestatario puede devolver el préstamo recibido, no lo logra porque las letras han sido endosadas a un tercero desconocido. Este tipo de hipotecas son admisibles, pero entre particulares son sospechosas”, afirmó el notario del Colegio de Madrid. 

Propuso también que, como norma general, debería entenderse que cuando una persona preste a otra, se trata de un prestamista habitual porque cuando es entre particulares, ya sean amigos o familiares, no hay ánimo de lucro y suele ser un préstamo sin interés. “Y si es habitual, debemos pensar que se trata de un profesional y asegurarnos de que presta aval y seguro de responsabilidad civil”, concluyó. 

Por otra parte, Gomá alegó que “la medida de que los que se van a endeudar puedan consultar en el notario la escritura que van a firmar los tres día hábiles previos a la firma, no ha tenido éxito pero que, en la era de Internet, se podría enviar con anticipación la escritura, dado que lo que hacen este tipo de prestamistas es citar al cliente con máxima urgencia para que no tenga posibilidad de sopesar lo que va a firmar y no pueda ni ir acompañado”. 

El hecho de que los notarios estén conectados con Hacienda, el Catastro, y la Comisión de la Prevención del Blanqueo de Capitales puede aprovecharse para detectar fraudes y estafas. Los índices centralizados notariales pueden detectar si es o no cierto que el prestamista es habitual e, incluso, establecer tramas al identificar quien es titular físico de los inmuebles. “Hace falta coordinación entre jueces, fiscales, abogados, notarios y Banco de España para combatir este sector tan desregulado”, según Gomá.

Y, junto a estas medidas preventivas, un asistente propuso reclamar por responsabilidad patrimonial a la Administración Pública, puesto que no ha implementado lo previsto por ley de abril de 2009 para proteger al consumidor de créditos no bancarios: no se ha abierto al público el registro estatal de las empresas de prestamistas, ni las Comunidades Autónomas han creado los suyos. Las competencias de control de estos préstamos no bancarios se otorgaron a los departamentos de Consumo que no tiene ni preparación ni medios, como explicó Carlos Galán. El abogado respondió que las víctimas viven situaciones demasiado duras y complejas como para enfrentarse también a la Administración. 

En su momento, el Banco de España se inhibió de controlar este sector, según los expertos, con lo que se están dando préstamos con garantía hipotecaria que llevan a perder la vivienda, sin ningún tipo de control, prevención o requisito, si se alega que se da entre conocidos. Además, se puso de manifiesto que hay empleados de entidades financieras que remiten a clientes a los que se les deniega un crédito a estas tramas.

Todos coincidieron en que para los préstamos hipotecarios fuera de los bancos debe haber mayor protección. ¿Alguien recoge el guante?

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Jornada de ADICAE sobre créditos no hipotecarios

La asociación de usuarios ADICAE ha convocado para el 17 de noviembre una interesante jornada de debate sobre Nuevas tendencias en el crédito en España. Riesgos y Retos para los Consumidores. 

Se trata de analizar la proliferación de entidades que no son bancos ni establecimientos financieros de crédito y que están ofertando multitud de modalidades de crédito rápido no exento de riesgo y que se prestan a los abusos, dadas la deficiencias normativas y de control. No se contempla el caso que más recogemos en esta web, el de los fraudes en préstamos hipotecarios, sino que estará centrado precisamente en el crédito no hipotecario, pero creemos que la jornada tiene elevado interés por la materia y por los ponentes. 

El programa puede ser consultado aquí. 

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Timos con préstamos, en Un Tiempo Nuevo de Cuatro TV

El magazine Un tiempo nuevo que se emite los sábados por la noche en Cuatro TV, incluyó en su edición del pasado 30 de octubre un bloque dedicado a diversas modalidades de timos. 

Entre ellos, no faltaron las estafas en crédito no bancario, con una entrevista al prestamista imputado por estafa, Antonio Arroyo Arroyo. En plató estuvieron presentes dos de sus víctimas, Humberto y Miguel Ángel. 

Además, estaba como invitado el presidente de la asociación Stop Estafadores, Juan Puche, que abandonó el estudio al pretender sobre la marcha limitar su intervención a la llamada "estafa del préstamo del sobre vacío". 

Entre los contertulios del programa presentado por Silvia Intxaurrondo se encontraba Rubén Sánchez, de la asociación de consumidores Facua y autor del libro Timocracia, los periodistas Melchor Miralles y Javier Gallego, y la abogada Montse Suárez. Mientras ésta intentó culpabilizar a las propias víctimas, los periodistas sí aportaron datos de interés para conocer el alcance de estas prácticas fraudulentas. 

No obstante, se apreció un gran desequilibrio: frente a los datos falsos que aportaba el usurero, no había nadie en plató con conocimiento suficiente de esos casos como para desmentirle. De hecho, el propio Arroyo apuntó en sus declaraciones directamente al letrado de Alberche Abogados, Carlos Javier Galán -sin citarle nominalmente- como creador de una trama contra él, y hubiera sido lógico que se le hubiera permitido replicar y desmontar con datos esa falacia con la que se defiende este presunto estafador de centenares de familias.

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TJUE: La reforma hipotecaria vulneró el Derecho Europeo

Una vez más el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a cuestionar la normativa de ejecución hipotecaria española. En una sentencia dictada el 29 de octubre, concluye que el plazo extraordinario de un mes que se otorgó a los deudores españoles para poder oponerse a las cláusulas abusivas no era acorde a la normativa comunitaria de protección al consumidor, al computarse desde la publicación en el BOE y no notificarse en cada procedimiento a los interesados. 

En su día, en el ya histórico caso Aziz, el TJUE declaró que el procedimiento hipotecario español, que en aquel momento no se suspendía aunque el demandado formulara oposición, no garantizaba la protección del consumidor. De hecho, se podía llegar a subastar su vivienda y, como así sucedió, que se le diera la razón en cuanto a existencia de cláusulas abusivas cuando ya no podía remediarse el daño causado.

Esto obligó a las autoridades españolas a reformar la Ley y permitir que se pudiera alegar en el procedimiento hipotecario la existencia de cláusulas abusivas en el contrato y que ello implicara la suspensión de la ejecución mientras se resolvía tal cuestión. 

Para los procedimientos que ya estaban en curso, se habilitó un plazo especial de un mes para que los afectados pudieran formular oposición, pero computado desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado. 

El TJUE ha declarado ahora, en el caso de varios consumidores contra BBVA, que ese mecanismo -el de publicación en el BOE sin notificación individual en los procedimientos judiciales- es contrario al principio de efectividad, pues "habida cuenta del desarrollo, de la particularidad y de la complejidad del procedimiento y de la legislación aplicable, existe un elevado riesgo de que ese plazo expire sin que los consumidores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial". 

Es de suponer que el próximo Gobierno tendrá que otorgar un nuevo plazo que se compute en cada procedimiento judicial desde que sea notificado a las partes. En todo caso, la sentencia europea que declara que la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 1/2013 no es conforme al Derecho comunitario vincula de forma inmediata a los tribunales españoles y, a nuestro juicio, puede ser invocada en procedimientos en curso en los que no se formuló aquella oposición.

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Los expertos piden mayor control en préstamos no bancarios

Publicado en Lawyerpress.com, 28.10.15 

RECLAMAN UN CERCO LEGISLATIVO Y JUDICIAL PARA LOS PRESTAMISTAS SIN ESCRÚPULOS 

Luisja Sánchez 

Jornada en el Colegio de Notarios de Madrid donde diferentes expertos analizan el auge del fraude en la financiación extrabancaria 

Lo comentó al principio de esta interesante mesa redonda, José Manuel García Collantes, presidente del Consejo General del Notariado: “Estamos interesados en buscar soluciones a este tema que preocupa a muchas familias”. Y la organización de esta jornada en la que participaron, moderados por Ignacio Navas: Carlos Galán, abogado y asesor jurídico de Stop Estafadores, Fernando Gomá, notario y editor del blog ¿Hay Derecho?, Marta Navas, psiquiatra forense y el Capitán de la Guardia Civil, del Área de Delincuencia Económica, UCO, respondió a esta preocupación tanto de los notarios como de otros agentes sociales. La jornada sirvió para destacar el amplio campo de actuación que tienen estos prestamistas o mafias organizadas que se saltan todos los controles existentes. La falta de una legislación que controle esta práctica, así como de una mayor colaboración entre jueces y policía, impide hasta la fecha una persecución clara de estas prácticas delictivas. Mientras tanto, muchas familias se ven abocadas a situaciones desesperantes: firman un préstamo pero realmente están entregando su inmueble a un prestamista desalmado. Los asistentes coincidieron en que el hecho de que algunas prácticas delictivas se hagan en notarias evita que los afectados adviertan el fraude al que están siendo sometidos. Ha llegado, pues, el momento de trabajar de forma coordinada para frenar este tipo de comportamientos. 

Carlos Galán empezó por casualidad en el mundo de los prestamistas hipotecarios por tratar de ayudar a un amigo que se vio inmerso en una trama. Hoy es el abogado de Stop Estafadores, asociación de carácter nacional de afectados y familiares que han sufrido estas prácticas ilegales. Su intervención, cargada de ironía y repleta de detalles, señala la falta de control existente en los últimos quince años en nuestro país. “El Banco de España no quiso hacerse cargo de esta actividad, la derivó a consumo y ahí las CCAA no han sabido gestionar como debiera esta actividad”. A su juicio la Ley 2/2009 que aprobó Zapatero fue una oportunidad perdida para controlar a estos prestamistas sin escrúpulos, en muchos casos auténticas mafias organizadas que buscan siempre una víctima con un inmueble libre de cargas y asfixiada económicamente para poder presionarle y tras diferentes operaciones de dudosa legalidad quedarse con el inmueble de esa persona. 

Los agujeros de nuestra legislación son clamorosos. El Registro de Prestamistas estatal y autonómicos creado ese mismo año no han valido para nada. “No se puede consultar telemáticamente y que conozcamos no se ha creado ninguno en las respectivas CCAA”, aclaró Galán. Mientras tanto los prestamistas campan a sus anchas. Es difícil localizarles y hasta hace muy poco incluso los propios jueces archivaban estas actuaciones. “Los jueces al principio pensaban que la víctima mentía y que no era posible lo que les pasaba. Luego han pensado que no se podría hablar de engaño porque había consentimiento y la parte afectada sabía lo que firmaba. Ahora parece que advierten que esta práctica puede ser ilegal y que alguien no actuó con corrección”, apuntó. Galán recordó a los asistentes que en algunas de estas situaciones aparecen notarios: “son una minoría, pero forman parte de la trama”, cuestión que evita la duda sobre la legalidad de la operación, operación que en muchos casos genera al prestatario muchos problemas tanto a nivel familiar como de su propia salud personal. 

Entre los asistentes, muchos no daban crédito a lo que escuchaban. No sabemos lo que pensaría Juan Antonio Xiol, magistrado del Tribunal Constitucional quien en un lado de la sala escuchaba a los ponentes.

La intervención de Fernando Gomá, notario y editor del blog ¿Hay Derecho?, resultó muy esclarecedora para saber qué pueden hacer los notarios de cara a ayudar a la prevención de esta práctica delictiva, muy extendida estos años por la crisis económica: “Desde afuera se observa la falta de un organismo único que pudiera gestionar esta práctica, tal y como hace el Banco de España y la CNMV a nivel empresarial. Fue un error que las CCAA desde consumo se ocuparan de esta práctica”, señaló. También recordó la necesidad de simplificar las operaciones de cara a que el prestatario las conociera mejor “podemos utilizar formularios sencillos. Lo más importante es que las medidas que se pongan en marcha supongan que el prestamista pierda el control de la operación, incluso se podría habilitar una cuenta que manejase el notario donde se depositase el dinero del préstamo”, resaltó. 

DESIGUALDAD ENTRE PRESTAMISTA Y PRESTATARIO 

Para este jurista, los notarios que de forma periódica dan parte de operaciones poco claras a sus superiores a través de la informática, pueden tener un papel más activo en este tipo de situaciones donde la desigualdad entre prestamista y prestatario es evidente. “En alguna de estas situaciones se puede estar camuflando una operación de blanqueo de capitales como transfondo más hondo”, recordó. A su juicio se debería poder ampliar el listado de cláusulas abusivas todos los años con la opinión de todos los operadores jurídicos. Desde su punto de vista es fundamental una mayor coordinación entre todas las partes implicadas a fin de frenar esta onda expansiva de fraudes extrabancarios: “es posible que no se pare del todo, pero es evidente que, con la colaboración de todos los agentes implicados, se podría regular mucho mejor este modelo de financiación y poner más trabas a la labor de estos prestamistas que, hoy por hoy, están ganando una batalla muy desigual”, insistió. 

En su intervención, Marta Navas, psiquiatra forense, se refirió a las emociones de las personas, prestatarios en suma, que se ven sometido al engaño. “Hablamos de una práctica que se basa en la mentira y que puede llegar a tener un impacto importante en la salud mental del interesado en lograr ese préstamo extrabancario”, apunta. Síntomas como depresión, ansiedad, insomnio e incluso tentativa de suicidios pueden surgir cuando estas personas advierten que han sido engañados. Un dato que aportó esta experta tiene que ver con la crisis económica: tres de cada diez suicidios están relacionados con las malas condiciones económicas que vive ese ciudadano desesperado. “Lo peor de todo es que no esperan que en una notaría que es síntoma de legalidad le engañen, por desgracia es un elemento clave de cualquiera de las tramas financieras que se conocen”, indicó. 

Sobre como perseguir el delito, Carlos Gallego, Capitán de la Guardia Civil y adscrito al Departamento de Delincuencia Económica UCO, centró su ponencia en explicar cómo se persiguen estas tramas organizadas, “los delincuentes de cuello blanco, sofisticados, con conexiones internacionales y con asesores jurídicos de nivel que les sacan de cualquier apuro se apoyan en tecnologías lo que les hace más temibles”; resaltó. Desde su punto de vista todos estos factores impiden perseguir esta práctica delictiva que se ha generalizado en los dos últimos años: “Sólo a lo largo del 2014 se produjeron 562 investigaciones por estafas; 201 sobre delitos de corrupción y 1072 en cuanto a delitos económicos y otros 200 por falsificación”, apuntó. En este sentido habló del contrato criminalizado donde una de las partes simula cumplir lo pactado para que la otra parte, el prestatario, desembolse el dinero acordado. La dificultad de estas investigaciones radica además en la aparición de testaferros o sociedades instrumentales que impide que se encuentre al verdadero instigador de la trama.

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La noticia en otros medios:

Web del Consejo General del Notariado, 29.10.2015

Europa Press, 29.10.2015

La Vanguardia, 29.10.2015

El Confidencial, 29.10.2015

El Economista, 29.10.2015

La Gaceta, 29.10.2015
El País, 04.11.2015

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