En Las mañanas de Cuatro: Cerco al prestamista "púnico"

La redacción de Las mañanas de Cuatro ha hecho pública hoy la existencia de una investigación policial contra el cabecilla de la principal red de presuntas estafas hipotecarias, Antonio Arroyo Arroyo, en la que se ha comenzado a tomar declaración a sus numerosos afectados. 

El reportaje recuerda que muchas familias han perdido sus casas con estos préstamos-trampa y que incluso una de sus víctimas se quitó la vida. Hace también referencia al enorme volumen de derechos hipotecarios inscritos a favor de este conocido usurero. No se olvida de que Arroyo aparece también en el sumario de la trama Púnica, con la que hizo negocios sucios durante una década. Pesan sobre el prestamista varias detenciones policiales y decenas de denuncias por estafa y falsedad. Fue condenado judicialmente por amenazas de muerte a una abogada. 

Al trascender esta información, la asociación Stop Estafadores, que agrupa a la mayor parte de víctimas de esta trama, ha recordado en un comunicado sus varios "años de denuncia pública de estas prácticas delictivas que han llevado a la ruina a miles de familias" en los que también "ha sido permanente, por nuestra parte, el suministro de información a la judicatura, al Ministerio Fiscal y a las Fuerzas de Seguridad, a partir de los testimonios y datos que ha ido recabando cada día nuestro Presidente, Juan Puche, y gracias al minucioso y constante trabajo de nuestro asesor legal, Carlos Javier Galán, de Alberche Abogados. Esa misma disposición de colaborar la mantenemos siempre, para todo lo que sea necesario, hasta acabar con la impunidad de la que han gozado las mafias de la estafas hipotecarias en nuestro país".

El colectivo de afectados asegura que "en estos momentos de esperanza para las víctimas, queremos mostrar nuestro máximo respeto y confianza hacia la labor de nuestra Policía. Es tiempo de dejar trabajar. Y, por parte de las víctimas, simplemente de prestar el testimonio y la colaboración que nos sean requeridos. Siempre hemos mostrado nuestra seguridad de que, tarde o temprano, esta red criminal organizada caerá. Lo que nos ha venido preocupando es cuánta gente se quedaría en el camino, perdiendo su casa o sufriendo daños colaterales a veces aún más graves. 

Y recuerda que "como siempre, seguimos asesorando, apoyando y agrupando familias afectadas. Si has sido víctima de esta trama, no dejes de ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 637 984 695 o en el correo stopestafadores@yahoo.es".

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Stop Estafadores pide que se investigue relación Púnica-Arroyo

La asociación Stop Estafadores solicita al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco -que en abril tomó declaración al prestamista Antonio Arroyo- que investigue en profundidad la relación de la red de usura que éste encabeza con la trama de corrupción Púnica. 

Esta asociación ya llamó públicamente la atención en noviembre de 2014 sobre el papel de David Marjaliza, a través de sus sociedades, como ejecutor de créditos hipotecarios, presuntamente fraudulentos, suscritos con Antonio Arroyo. 

Según el comunicado de Stop Estafadores, las empresas de este imputado en la operación Púnica se encargaban en no pocos casos de desahuciar a familias por las deudas “engordadas” contraídas con el prestamista Arroyo, tras haber adquirido supuestamente las letras cambiarias en las que se documentaban. La asociación recuerda que TPC Consulting y otras firmas de Marjaliza continúan a día de hoy ejecutando judicialmente hipotecas contra varias familias afectadas, a pesar de estar su representante en prisión preventiva y con medidas cautelares de tipo personal y patrimonial. 

El colectivo de víctimas de presuntas estafas hipotecarias considera que hay serios indicios de que varios de esos inmuebles de familias necesitadas, que la trama se adjudicaba con desembolsos reales irrisorios, acababan en manos de políticos y de allegados designados por los mismos, presumiblemente como pago de favores. Por ello, piden al responsable de la instrucción en la Audiencia Nacional que profundice en esa línea de investigación que vincula a Púnica con la red de Antonio Arroyo, al que decenas de familias tienen denunciado por presuntas estafas en préstamos. 

La operativa es conocida: una familia con dificultades económicas apremiantes y sin acceso al crédito bancario acudía a los intermediarios de Arroyo. El prestamista accedía a una operación en la que, con un engaño minuciosamente calculado, conseguía que acabaran firmando ante notario un capital superior al que realmente recibían en ese momento y siempre con la garantía de su vivienda. Supuestamente era un “crédito puente” que se refinanciaría para pagar en cuotas, pero la realidad es que nunca se refinanciaba y, si en sólo seis meses, no devolvían la totalidad del supuesto capital, que no habían recibido íntegramente, se generaba además un interés del 29 % y se ejecutaba contra sus casas. Enseguida, Arroyo transmitía formalmente el crédito a aparentes terceros, entre ellos el entramado societario de David Marjaliza, que se encargaba –y lo sigue haciendo aún hoy- de hacerse judicialmente con las viviendas de los afectados y desalojarles. Para ello, previamente, se fijaba en escritura un valor de subasta ridículo que facilitaba ese objetivo. 

Lo que Stop Estafadores sospecha, por diversos datos que obran en su poder, es que parte de esos inmuebles, adquiridos a precio de chollo y tras desalojar a sus propietarios, acabaron sirviendo para pago de favores políticos y por eso pide a la Audiencia Nacional que lo investigue. 

Además, durante una década en todas esas operaciones, por montante de varios millones de euros, se documentaba el capital, superior al realmente entregado, siempre “en efectivo metálico” y, a juicio de esta asociación, podríamos estar también ante un continuado blanqueo de dinero por parte de estas tramas.

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En Telecinco, Interrogatorio a Arroyo por el Juez Velasco

En Telecinco, 10.08.2015

TRAMA PÚNICA: LAS DECLARACIONES DE ANTONIO ARROYO Y JOSÉ LUIS HUERTA

Usuras, fiestas, financiación irregular... En la trama púnica cabía de todo. Incluso el mayor usurero de España, Antonio Arroyo, ha declarado en el marco de esta operación por un prestamo de 270.000 para la compra de un chalet en Marbella propiedad del exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres. Otro de los que ha declarado ha sido José Luis Huerta, el promotor de Waiter Music, quien según la Agencia Tributaria facturó más de seis millones de euros durante la etapa de Granados y Moreno Torres como alcalde.

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En la Ser, la relación del prestamista Arroyo con la trama Púnica

Publicado en la web de Cadena Ser, 08.08.2015

Los sonidos de la Púnica

LA TRAMA PÚNICA TRABAJÓ DURANTE DIEZ AÑOS CON EL MAYOR USURERO DE ESPAÑA

El juez Velasco sospecha que el prestamista Antonio Arroyo intervino en una operación con el exdiputado José Miguel Moreno Torres

Alberto Pozas. Madrid.

Antonio Arroyo Arroyo es considerado como uno de los mayores prestamistas de nuestro país - denunciado por más de cincuenta familias - y su nombre salió a la palestra cuando un hombre al que prestó dinero terminó suicidándose a finales de 2013. Fue el pasado siete de abril cuando Antonio Arroyo estuvo aproximadamente cuarenta y cinco minutos en el despacho del juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional, compareciendo como testigo en el marco de la investigación de la trama Púnica: ante el juez, afirmó haber realizado "ochenta o cien" operaciones con empresas ligadas a David Marjaliza, la mayoría relacionadas con las subastas judiciales, de Seguridad Social, de Agencia Tributaria y la compra de créditos. Desde 2001, hasta 2010, afirma que ha participado en “unos ochenta o cien”, no recuerdo, más o menos”, asegurando que ese año acabó su relación con Marjaliza y sus socios.

En su declaración como testigo, explicó que estos trabajos para empresas del grupo de David Marjaliza – al cual asegura haber visto apenas una o dos veces en su vida – empresas como Gimor Gestión SL, empezaron en el año 2001: “Contactaron conmigo porque querían hacer una subasta para unos amigos, y a principios del 2002 me llamaron para decir que podía trabajar con ellos para hacer subastas”.


La operación por la que se interesa el juez Eloy Velasco estaría relacionada con el exdiputado y exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno Torres, recientemente expulsado del Partido Popular por su vinculación con la Púnica: el juez sospecha que Arroyo participó en un préstamo de 270.000 euros para la compra de un chalet en Marbella que sería propiedad de Moreno Torres. Una operación que se habría hecho “para venderla rápido” ya que el entonces regidor de Valdemoro se iba a divorciar.


Arroyo Arroyo, denunciado en varias ocasiones por asociaciones como Stop Estafadores, asegura no haber hablado con Marjaliza o con el propio Moreno Torres de esta operación, afirmando que él sólo espera “que me paguen”, explicaciones que no convencen al juez Eloy Velasco, que llega a preguntarle directamente si ejercía como testaferro. "Me alegra que use usted la palabra trapicheos", le dice el magistrado al testigo.

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Un magistrado reclama respuesta global a fraudes en préstamos

Por vez primera en España un magistrado llama la atención sobre el problema de las prácticas fraudulentas en préstamos no bancarios y reclama una "respuesta global" contra las mismas, apuntando a una reforma legislativa y a una actuación coordinada de Policía y Fiscalía. José María Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona y experto en insolvencias, se ha "mojado" sobre esta materia en declaraciones al digital jurídico Lawyerpress.com.

Las redes de estafas en préstamos hipotecarios han sido durante largos años un problema invisible, hasta que los afectados comenzaron poco a poco a agruparse y a llamar la atención sobre este problema, con el apoyo jurídico que, junto con otros compañeros, les hemos prestado desde Alberche. Hoy la asociación Stop Estafadores aglutina a víctimas de estas prácticas y ha impulsado numerosas iniciativas jurídicas, políticas, sociales y mediáticas. Casi 150.000 personas apoyaron su iniciativa para modificar la legislación y dificultar los frecuentes abusos y estafas.

Dentro de esa progresiva visibilización del problema y reivindicación de soluciones, es la primera vez que desde la judicatura se alza una voz reclamando respuestas claras.  

Lo hace Fernández Seijo en una entrevista a propósito de la Ley de Segunda Oportunidad. Hablando  de las personas con problemas económicos explica que "lo más complicado es conseguir la financiación para salir de la insolvencia. Hay que darse cuenta que el deudor necesita dinero para el día a día. El problema está en que los insolventes no tienen acceso al mercado del crédito. Y eso hace que muchos caigan en manos de usureros o prestamistas sin escrúpulos con formas de actuar muy preocupantes. Se sabe que pequeños consumidores y consumidores han caído en estas redes donde los intereses son del 30 por cien y llegan a comprometer los que le queda de patrimonio". 

Esta referencia a los prestamistas de capital privado da pie a que el periodista, Luisja Sánchez, gran conocedor de esta problemática, le pregunte de forma expresa y haga referencia a la principal asociación de víctimas y a nuestro abogado Carlos Javier Galán: "Es cierto, conocemos varias asociaciones de afectados, entre las que destaca, Stop Estafadores, y el trabajo de su abogado Carlos Galán, quienes no dejan de pedir que la fiscalía actúe con contundencia."

Fernández Seijo se pronuncia con claridad: comienza por reconocer que la respuesta "tanto del poder legislativo como de los propios jueces ante estas prácticas llega con años de retraso. Ahora estamos viendo los primeros procesos judiciales contra esta fórmulas de préstamos que se anuncian con total impunidad en cualquier medio y dicen que tienes crédito en 24 horas. Luego ves que la cantidad que recibes es inferior y que parte de ella sirve para cubrir gastos de operaciones. Otro laberinto, sin duda". 

Para el magistrado, "la solución es una respuesta global a este tipo de asuntos. El problema judicial a un caso concreto no soluciona el problema estructural. Por desgracia, los deudores se han convertido en los nuevos apestados del sistema que acuden al usurero como última solución a sus problemas. Te hipoteca la casa y te llama todos los días para pedirte el dinero y recordarte que sabe dónde vives y quien eres". 

Para Fernández Seijo, esa respuesta global tiene una parte preventiva, que pasa por la reforma legislativa: "Supone contar con una normativa clara que permita a los afectados que se les permita el Régimen de Consumidores, que ahora hay dudas porque ya no firman contratos de adhesión". Pero también implica una acción frente a los posibles delitos ya cometidos: "Sería fundamental la actuación coordinada de la policia con la fiscalía en determinados casos".

Una respuesta integral y decidida que llevamos varios años reclamando y en la que ahora coincide un destacado miembro de la judicatura. 

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El notario detenido y las estafas hipotecarias de Barcelona

Publicado en El País, 20.07.2015

LA DETENCIÓN DE UN NOTARIO ARROJA LUZ SOBRE LA ESTAFA DE LA ZONA FRANCA

Enrique Peña intervino en la firma de una decena de escrituras que acabaron en desahucio

Jesús García. Barcelona.

Para las familias de Zona Franca que perdieron sus pisos víctimas de una estafa, la detención de Enrique Peña ha sido una bendición. Peña, notario barcelonés, fue arrestado la semana pasada junto a una decena de personas más por participar en una trama que engañó a medio centenar de ancianos con préstamos hipotecarios en toda Cataluña. Casi la mitad acabaron desahuciados. De esta investigación, que está bajo secreto de sumario, se conocen pocos detalles. Pero la implicación de Peña puede dar un giro a la lucha de los vecinos de Zona Franca que llevan años de lucha para recuperar sus viviendas: el notario intervino en al menos una decena de las escrituras firmadas por los afectados entre 2006 y 2009. Ahora le exigen responsabilidades.

Peña ha salido ileso de la causa judicial de Zona Franca y solo está prevista su declaración como testigo. El juicio, que se celebrará en octubre, sentará en el banquillo a la presunta estafadora María Navarro. La mujer afronta una petición de nueve años de cárcel por apoderarse de 1,7 millones de euros de una docena de familias del barrio. El fiscal pide otros tres para su expareja, José Fernández, por ayudarla. Son los dos únicos acusados en una investigación que no pudo ir más allá, pese a que los afectados han descubierto que en casi todos los casos se repiten los mismos nombres, tanto particulares como de empresas.

“Hemos echado en falta que no se investigara al notario ni a los responsables de las empresas prestatarias”, reflexiona Anaïs Franquesa, que defiende los intereses de un grupo de afectados de Zona Franca. “Era alarmante”, añade, “ver cómo en las operaciones se repetía el mismo modus operandi y les escrituras se protocolizaban en la notaría de Enrique Peña”.

Franquesa y el resto de abogados están interesados en conocer qué se cuece ahora en la operación Cocoon, lanzada la semana pasada por los Mossos. La policía detuvo a diez personas, incluidos el notario, el abogado Francisco Cómitre, un falsificador de documentos, testaferros y dos oficiales de notaría. Los letrados confían en conectar, de alguna forma, las dos causas. Eso daría a sus clientes más posibilidades de recuperar lo perdido, ya que Navarro (con antecedentes por apropiación indebida) era solo el “gancho” de las estafas: las deudas están contraídas con empresas. También está interesado en la investigación el Colegio de Notarios, que prevé personarse como acusación en la causa contra Peña. 

El notario barcelonés es el nexo común de las dos macroestafas. Ambas guardan numerosos puntos en común, que los Mossos aún no han explorado. Aunque en la causa de Zona Franca no pudo probarse que Peña actuara de mala fe, la policía cree que, esta vez, ha obtenido suficientes indicios. Es sospechoso, de entrada, que su notaría participara en escrituras de lugares tan distantes como Blanes, Vilanova, Sant Adrià o Vielha. 

“ME QUEDÉ SIN PROPIEDAD"

Mónica Fernández, de 37 años, es una de las afectadas de Zona Franca. Recuerda vagamente su paso por la notaría de Peña. “Pasé allí cinco minutos. Nadie me leyó nada. Firmé y ya está. Fui todo tan rápido que ni me enteré”. Lo que rubricó sin darse cuenta era un préstamo de 200.000 euros a devolver en tres meses. Naturalmente, no pudo pagarlo y, en abril de 2014, fue desahuciada.

Lo que Mónica quería era un “crédito puente” de apenas 30.000 euros: había heredado un piso de su padre en Sant Boi y quería reformarlo. Contactó con Navarro porque era “una persona de confianza” y le propuso poner su piso como garantía a cambio del préstamo. Cuando le asediaron los prestamistas, se desentendió. “Me quedé sin propiedad y con una deuda pendiente de 90.000 euros”.

Para no quedarse en la calle, Mónica —que trabaja en el mercado del pescado de Mercabarna— reventó la cerradura y entró en la casa familiar. “Estoy de ocupa en mi propia casa”, dice con una mezcla de resignación e ironía. “Esperas que un notario sea neutral... No estuve alerta…”, afirma Mónica, que como el resto de afectados guarda cierto sentimiento de culpa.

Irene Sánchez también necesitaba dinero para cancelar una hipoteca. Conocía a Navarro porque sus hijos iban juntos al colegio. Ésta le sugirió que su madre pidiera el préstamo porque tenía un piso libre de cargas que podía poner como garantía. La mujer acabó firmando un papel que le obligaba a devolver 138.000 euros en seis meses. “¿Qué persona firma eso sabiéndolo? ¿Estamos locos o qué?” A su madre, a ella y a los tres hijos menores les desahuciaron. La escritura de constitución de la hipoteca se firmó, en 2007, “ante el notario de Barcelona Enrique Peña”.

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Más casos de usureros en Primera Hora de Gestiona Radio

El espacio Primera Hora Fin de Semana que presenta Jaume Segalés en Gestiona Radio, recogió el domingo 19 el caso de Begoña, otra afectada más de las tramas de estafas en préstamos hipotecarios. 

El prestamista en este caso es José García-Rendueles, conocido cabecilla de una red que opera en el Norte de España. Su modus operandi se caracteriza, según las versiones coincidentes de los afectados, por aparecer cuando hay personas con dificultades para hacer frente a una deuda hipotecaria. Consigue que le vendan la vivienda, según las diversas denuncias, o bien haciéndoles creer que es un préstamo y que recuperarán su casa cuando cobren, o bien que habrá un importe sobrante que recibirán y que nunca reciben. Por deudas irrisorias, se queda con inmuebles de valor muy superior, que enseguida revende a terceros.

Es la misma operativa que Begoña relata en su caso: no pudo hacer frente a una deuda hipotecaria que tenía que pagar en sólo un año, porque vio reducido su empleo y sus ingresos de jornada completa a media jornada, y Rendueles adquirió la vivienda prometiendo que saldaría la deuda y le quedaría un dinero, además de poder quedarse con los muebles. La víctima asegura en antena no haber recibido absolutamente nada, pero se quedó sin casa a cambio de una deuda notablemente inferior. El denunciado le busca incluso un piso de alquiler, con lo que consigue que abandonen la vivienda sin tener que instar siquiera el desahucio.

En este enlace puede escucharse el audio de la entrevista, a partir del minuto -19:30 (es cuenta atrás).

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Los préstamos-estafa, en Espejo Público de Antena 3

El programa de Antena 3 TV Espejo Público, que este verano presenta Esther Vaquero, recogió el pasado 16 de julio el testimonio de Luis Miguel, afectado por la red del prestamista Antonio Arroyo, en una operación en la que participaron como intermediaria la firma Credit Garpi, bajo el nombre comercial de Invercapital. 

La periodista Marta García entrevistó a esta víctima, que tenía vedado el acceso al crédito bancario. Recibió sólo 4.000 €, pero más tarde descubrió que el capital que consta en escritura es de 18.500 €. Se le hizo creer que firmaba un crédito-puente para luego obtener una refinanciación que pagaría a razón de 150 € mensuales. No sería así: las letras cambiarias por 18.500 €, endosadas de inmediato a terceros, vencían en tan solo seis meses y, al no pagarse íntegramente, comenzó la ejecución contra su vivienda. 

Albert Castillón, colaborador habitual del programa, recordó que el prestamista Arroyo se enfrenta ahora a una petición de tres años de prisión por parte de Fiscalía. Explicó que siempre firma en las mismas notarías y que su objetivo último es apoderarse de la vivienda. "No es un préstamo, es una estafa en toda regla", afirmó. Pilar Cernuda y Chema Crespo se interesaron por el papel de los notarios en estos casos. 

Éste es el video completo del programa y la entrevista al afectado está a partir del minuto 01:15.

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La AP de Madrid obliga a reabrir otra causa contra Arroyo

Hace unos meses informábamos de un auto de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid que revocaba el archivo de la denuncia de Miguel Ángel contra Antonio Arroyo Arroyo, acordado por el Juzgado de Instrucción nº 47, y ordenaba la reapertura de la causa. 

Ahora ha sido la Sección 30ª de la misma Audiencia la que revoca el sobreseimiento de otra denuncia, la de Pilar, contra el controvertido prestamista, y ordena igualmente al Juzgado de Instrucción nº 8 continuar con la investigación  judicial. 

El juzgado había considerado que existía prescripción del posible delito, al haber transcurrido más de cinco años entre la fecha en la que se firmó la escritura y la fecha de la denuncia, pero la Audiencia lo rechaza. Entiende que hay que continuar con la instrucción para comprobar cuándo se produce el perjuicio patrimonial y así hacer correctamente el cómputo. Señala, además, que podríamos estar ante una estafa agravada (y entonces el plazo de prescripción son diez años y no cinco) o incluso un delito continuado de estafa con multitud de perjudicados. 

El auto de la Audiencia, del que ha sido ponente el magistrado Ignacio José Fernández Soto, señala la "flagrante contradicción" del Juzgado, que primero consideró que los hechos podían ser un delito continuado de estafa y se inhibió a favor de la Audiencia Nacional y, cuando ésta rechazó su competencia, estimó que no quedaba acreditada infracción penal alguna. 

La resolución asegura que no es aceptable "esta forma de resolver la denuncia, pues como se queja la apelante, se lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Ni los hechos han merecido una mínima investigación por parte del órgano instructor, adecuada a la naturaleza de lo denunciado, ni se ha dado una respuesta judicial que responda al canon de motivación exigible para dar por concluida la causa penal en esta fase preliminar". 

Por ese motivo, la sala acuerda estimar el recurso de Pilar, defendida por el abogado Carlos Javier Galán, de Alberche Área Jurídica, y ordena al Juzgado continuar con la investigación de la presunta estafa cometida por Antonio Arroyo.

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El País: Perder la vivienda por un préstamo usurario

Publicado en El País, 13.07.2015

PERDER LA VIVIENDA POR UN PRÉSTAMO RÁPIDO DE 19.000 EUROS

Los préstamos entre "particulares" se convierten en el paraíso de la usura

Inmaculada de la Vega. Madrid.

La buena suerte de Ernesto Soriano se acabó convirtiendo en un cúmulo de infortunios. En 2007, el Instituto de la Vivienda de Madrid le adjudicó un piso un 40% más barato de lo que costaba en el mercado. Soriano, de 22 años, vivía con su abuela, de 72. Ambos acudieron al Banco Santander para pedir una hipoteca con la que poder pagar los 19.000 euros de entrada, pero la entidad se lo denegó a los dos. 

Su abuela vio entonces un anuncio de Punto Financiero, una empresa de préstamos que se ofrecía a darles el dinero que podrían devolver en pequeñas cuotas. Para abonarles el préstamo les pidieron las escrituras del piso que poseía la mujer. 

En la notaría, abuela y nieto recibieron un sobre con los 19.000 euros. También estaba presente el prestamista César Ibáñez. Pero la cantidad que firmaron haber recibido era mucho mayor: 37.000 euros y, además, con un recargo del 30% de intereses anuales por retraso en el pago. 

Con los reveses de la crisis y abrumados por deudas que no podían pagar, miles de familias picaron en el anzuelo. En televisión, en Internet, los anuncios de dinero fácil y rápido les llevaron directamente a determinados prestamistas. A veces eran incluso los mismos bancos que les cerraban el grifo los que les hablaban de las empresas de “capital privado” que podrían prestarles para salir del apuro. 

Al principio los prestamistas les tranquilizaban y ofrecían una cantidad hasta que consiguieran “una hipoteca en un banco de primer orden”, con la que poder saldar todas las deudas y quedarse con una cuota mensual asumible. Pero una cosa es lo que les decían verbalmente y otra lo que firmaban en la notaría. 

La firma ante notario de la escritura y letras de cambio hacía que no sospecharan nada y que creyeran que lo prometido verbalmente era lo que figuraba en los numerosos folios, de difícil comprensión, que firmaban también sin consultar con nadie, y siempre presionados para que lo hicieran rápido con diferentes excusas. Lo habitual es que firmaran, sin darse cuenta, que habían recibido una cantidad mucho mayor que la que realmente les daban. Esa era la comisión que se llevaban el prestamista o los intermediarios. 

El préstamo que recibieron Ernesto Soriano y su abuela acabó convirtiéndose en una losa. Cuando quisieron darse cuenta, la situación pasó a ser angustiosa porque no podían afrontar el pago de las cuotas. “Un día llegó la empleada de Punto Financiero con un empleado de Bancaja para que firmase un crédito de 85.000 euros a riesgo de perder la vivienda. Me comprometí a pagar 450 euros al mes hasta 2038. En 2011 me quedé sin trabajo y no podía pagar. Le iban a quitar la casa a mi abuela y tuve que refinanciarlo con Bankia (que había absorbido a Bancaja). Hasta 2060 tengo que pagar 261 euros al mes cuando ya llevo devueltos más de 40.000 euros. En resumen, recibí 19.000 euros pero estoy pagando un crédito de 85.000 euros que no he visto en mi vida. Pagar esa cuota supone, entre otras cosas, que no puedo tener hijos porque no podría mantenerlos”. 

Todo eso sigue ocurriendo. Los prestamistas hacen dos cosas. Por un lado pedirles como garantía algún inmueble, habitualmente su vivienda o la de sus padres, y, después, darles un préstamo a un tipo de interés tan desorbitado, sobre todo en caso de que se retrasen en la fecha de pago, y por un periodo de tiempo tan corto, que se aseguran de que nunca lo podrán pagar. 

En el despacho de los mismos notarios van, una tras otra, víctimas que en ocasiones solo necesitan una pequeña cantidad, como en el caso de Ernesto Soriano. Él, de momento, no ha perdido la vivienda pero otros muchos sí, y en algún caso por un préstamo de solo 10.000 euros. 

En España, el de determinados prestamistas es un enriquecimiento rápido, a la vista de todos y con toda impunidad. Se puede ver en los medios de comunicación y lo vive a diario el abogado del bufete Alberche, Carlos J. Galán, que colabora, entre otras, con la Asociación Stop Estafadores que preside Juan Puche. 

Tenazmente, desde su blog en Internet, Puche denuncia a un prestamista muy conocido que acumula inmueble tras inmueble —detecta unos 4.000 registrados en su entorno— a cambio de prestar pequeñas cantidades. 

“¿Por qué si son tramas organizadas no prosperan las denuncias en la vía penal?”, se pregunta otro afectado, Antonio Garrido, que vive con la angustia de que su madre pierda la casa. “Es muy difícil probar los hechos cuando se enfrenta la denuncia de una víctima cualquiera con la palabra del notario”, aclara Galán. 

El registrador Rafael Arnáiz explica que si se presta con usura, se puede declarar nula esa cláusula en la vía civil: el prestamista devuelve lo prestado más intereses, si le pillan y no hay más sanción. “Lo difícil es demostrar que no entregó la cantidad que consta en la escritura y que ha habido falsedad de documento público. Apenas se interponen querellas criminales”, dice. 

EL AGUJERO POR EL QUE SE CUELA LA USURA

La ley 2/2009 se hizo para tratar de proteger a los consumidores en los préstamos concedidos por personas o entidades que no fueran bancos. Pero algunos prestamistas han sabido encontrar un agujero en esa norma. 

La ley establece, para quien preste dinero con carácter profesional, requisitos similares a los de la banca, como los de inscribirse en un registro de consumo, fianza, información previa y oferta vinculante. Notarios y registradores son los encargados de comprobar que todas esas garantías se han cumplido. El agujero por el que se cuelan algunos es el de hacerse pasar por un particular que presta a otro como si fueran socios o amigos. En ese caso, no tienen que cumplir ningún requisito. 

El registrador Rafael Arnáiz propone modificar la ley de 2009 para exigir más transparencia previa, y que se endurezcan las consecuencias civiles y penales cuando haya usura o estafa.

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