Juzgado de Soria anula una ejecución hipotecaria por abusiva

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Soria, cuyo titular es D. Javier Gómez Hernández, dictó el pasado 29 de noviembre una interesante y ejemplar resolución en la que archiva una ejecución hipotecaria, tras declarar abusivas varias cláusulas aplicando la normativa europea y española de protección de los consumidores.

 

En este caso estamos ante una presunta estafa hipotecaria, con el modus operandi habitual, en la que la afectada sólo acaba viendo una pequeña parte del elevado capital que figura en la escritura, y que se compromete, sin saberlo, a devolver en sólo seis meses.

 

Pero ya en vía civil el juzgador ha estimado íntegramente la oposición planteada por la abogada Margarita Antolín Barrios a la ejecución hipotecaria contra la afectada.

 

El auto judicial considera claramente abusiva –como viene siendo habitual-, la cláusula que fijaba los intereses de demora en nada menos que un 29 %, así como la imposición, además, de una reiterativa comisión de impago del 10 % del préstamo.

 

También considera abusiva la valoración a efectos de subasta fijada unilateralmente por el prestamista, que no se corresponde con una tasación de mercado, con la finalidad de adjudicarse finalmente un inmueble con un desembolso real irrisorio.

 

Pero el auto no se detiene ahí y realiza un planteamiento no tan frecuente en resoluciones judiciales de este tipo: considera que es también abusivo el propio plazo de vencimiento de seis meses, un término “anormalmente reducido sin otra posibilidad que no sea la de devolver la cantidad íntegra en ese plazo, aun a sabiendas de la extrema dificultad que ello supone para el consumidor”. Esta previsión “causa, por las consecuencias que nuestro Derecho atribuye a la constitución de una hipoteca, un desequilibrio importante de los derechos de una y otra parte en contra de las exigencias de la buena fe”.

 

Por ello, al declarar todas estas cláusulas abusivas, considera que no puede continuarse por el cauce hipotecario y acuerda sobreseer la ejecución despachada, imponiendo las costas al ejecutante.