Suspendido provisionalmente desahucio de víctimas de usurero

Hoy a  las 12 horas, la Comisión judicial ha dado por suspendido el intento de lanzamiento de Miguel Ángel, por no poder materialmente acceder al inmueble. Los funcionarios estaban acompañados de un vehículo patrulla de la Policía Local, dos vehículos con efectivos de la Guardia Civil y un cerrajero. Estaban presentes en el acto las cámaras de Telemadrid (Aquí en Madrid) y Telecinco (El programa de Ana Rosa), además de periodistas de El Confidencial. Y toda la mañana ha estado haciendo seguimiento del caso la asociación Stop Estafadores, coordinando apoyos a la familia y dando información al minuto a muchos afectados de toda España que estaban pendientes del desenlace.

Al parecer, la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Navalcarnero, pretende fijar en breve nueva fecha y acudir con mayores efectivos policiales para de echar a la familia por la fuerza. 

Mientras tanto sigue no ya sin resolver sino sin siquiera admitir a trámite el recurso interpuesto por el abogado Carlos Javier Galán contra la diligencia de ordenación por la cual la citada secretaria judicial inadmitió a trámite un incidente extraordinario de oposición a la ejecución hipotecaria. 

El recurso se fundamenta en la manifiesta incompetencia de la funcionaria que dicta la resolución, puesto que quien tiene facultades es únicamente el juez. Y en que se está aplicando un plazo que ha sido declarado expresamente nulo por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de octubre de 2015. 

Desde primera hora de la mañana el letrado ha estado en el Juzgado intentando la suspensión cautelar del lanzamiento hasta que se resolvieran estas cuestiones legales, por entender que ha de primar los derechos constitucionales y que no es lógico echar primero a la calle a una familia y después examinar la legalidad de la medida. 

En el caso de Miguel Ángel, la Audiencia Provincial de Madrid considera probado que no recibió todo el capital y, sin embargo, esta ejecución se despachó en su día por la cifra total. Además, se aplicó un interés de demora del 29 % que contraviene los criterios del Tribunal Supremo. Y se adjudicó una vivienda tasada en 300.000 € por la ridícula cifra de 30.000 a unos “inversores” vinculados a la conocida trama del prestamista Antonio Arroyo. 

El caso llegó al despacho Alberche Abogados ya muy avanzado y con muchos trámites precluidos, pero se está intentando luchar jurídicamente siguiendo la tesis del TJUE y del Supremo español, que consideran que “la tutela del consumidor prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos” y que el juzgado tiene que analizar incluso de oficio las cláusulas abusivas sea cual sea el momento procesal en el que se plantee la cuestión.