Apoyo unánime de las Cortes de Aragón a las peticiones de las víctimas

Tras la comparecencia de una delegación de ADEVIF, acompañada del abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán, ante la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón el pasado 25 de marzo, los grupos parlamentarios de IU y CHA, como ya informamos aquí, registraron sendas propociones no de ley para que el parlamento regional acogiera las propuestas formuladas por los portavoces de la asociación.

Dichas proposiciones han sido debatidas el 12 de mayo en la sesión de la Comisión de Economía de las Cortes aragonesas y, tras una transaccional pactada con el PP, han resultado aprobadas por unanimidad de todos los grupos representados en la cámara, PP, PSOE, PAR, CHA e IU.

El acuerdo insta al Gobierno regional al desarrollo normativa autonómico en materia de protección de los prestatarios en la contratación de operaciones no bancarias y le pide también que colabore con la asociación ADEVIF para prevenir la comisión de estafas en este ámbito.

Ojalá cunda el ejemplo en otras comunidades autónomas, adoptando medidas preventivas para evitar nuevos casos de estafas hipotecarias. 

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Prestamista intenta silenciar las denuncias amenazando con querella

Un conocido y cuestionado prestamista ha interpuesto una demanda de conciliación contra el abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán por un artículo publicado en su blog personal, así como contra la asociación ADEVIF por haberlo reproducido en su web. Previamente, lo había hecho contra otro afectado, Juan Puche, autor del blog Alerta Trama Estafadores.

En esta demanda de conciliación pide que el citado artículo sea retirado de la red, que se le pidan disculpas y, en caso contrario, amenaza con interponer una querella criminal.

Considera que este texto perjudica su imagen, su honor y lo que el llama su "buena fama".

Lo que resulta más llamativo es que en el artículo al que hace referencia ni siquiera se le cita. Pero significativamente parece que se ha dado por aludido.

Estamos ante un vano intento de silenciar a quienes venimos denunciando las tramas organizadas de estafas financieras.

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Abogados de afectados piden a Fiscalía que impulse la investigación

Cinco abogados de afectados por la trama de presuntas estafas de un prestamista, imputado por varios juzgados, han solicitado al Fiscal Jefe de Madrid que la Fiscalía impulse la investigación judicial de esta trama.

Los letrados ponen de manifiesto las distintas posturas que están adoptando los fiscales ante denuncias sustancialmente idénticas -desde apoyar la instrucción hasta pedir el archivo- y solicitan una unificación de criterios.

Benito Polo (de J y B Asociados), Carlos Javier Galán (de Alberche Área Jurídica), Fernando Adame (de Urraza y Mendieta), Mar Moya y Francisco Moreda, que defienden entre todos a más de una treintena de víctimas, han aportado un amplio dossier sobre esta red, al objeto de facilitar un mejor conocimiento de la misma, con la finalidad de que el Ministerio Público se involucre en respaldar las investigaciones judiciales sobre la misma.

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Consejos para no ser estafado en un préstamo hipotecario

Nuestro despacho Alberche Área Jurídica ha elaborado un listado de consejos prácticos para prevenir las estafas de prestamistas, que ha sido puesto a disposición de las asociaciones de afectados para su difusión.

Esta iniciativa, de carácter preventivo, ha tenido en cuenta el modus operandi más común en este tipo de prácticas delictivas y, partiendo del mismo, señala cuáles son las cautelas que han de adoptarse para evitar convertirse en una víctima de las mismas.

El listado de recomendaciones aparece ya como sección fija de este blog.

Si usted va a solicitar un préstamo hipotecario fuera de los circuitos bancarios, a un prestamista de capital privado o a una financiera, le recomendamos encarecidamente que no deje de leer y de tener muy en cuenta estas útiles advertencias.

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El País: ¿Estafas hipotecarias y control notarial?

La necesidad social del notario dependerá de que se ajuste a la legalidad tanto como al proceder ético y moral

Por José Ignacio Navas Olóriz, notario

Publicado en El País, 09.04.2014.

Ésta era la pregunta que me formulaba unos minutos antes de participar en una mesa redonda que sobre ese tenebroso asunto se celebró, hace unos días, en el Colegio de Abogados de Madrid.

No podía creer que se pudiera dar el delito de estafa en el negocio jurídico del préstamo hipotecario. Después de ese acto, sí lo creo.

La mayor dificultad para creer en ese binomio, estafa e hipoteca, derivaba de la necesaria intervención de un notario. Ante tal intervención surgía de inmediato la pregunta ¿realiza ese notario el control de legalidad al que está obligado? La respuesta no puede ser afirmativa, pues de serlo habría de negarse a tal autorización.

Un contrato celebrado sin testigos, en la estricta intimidad de los contratantes, sin evidencia social, sin que nadie más tenga noticia del mismo, no constituye un dato jurídico observable, y por tanto poco importa al Derecho que se nutre de hechos jurídicamente relevantes; pero aquel contrato puede ser objeto de corroboración por parte de otras personas, con lo que, de inmediato salimos del terreno de los hechos y de las obligaciones morales, para entrar en el de los títulos jurídicos.

El juez casi siempre ignora los hechos, sabe de ellos lo que dicen las partes en el proceso, e incluso en aquellos casos en los que el juez comprueba por sí mismo la realidad de un hecho -los linderos de una finca- tiene que acudir, necesariamente, a ese referente corroborador que es el título. Será necesario que compruebe la realidad de esa finca. La apariencia de los hechos puede no corresponderse con la realidad del derecho.

Por otro lado, el Derecho constituye – pero no sólo eso- una colosal herramienta de pacificación de la contienda a través del orden social. Así pues, una parte importante del mismo se realiza poniéndose de relieve a través de las sentencias de los tribunales. Primero es la norma y después la sentencia, la resolución judicial que en cuanto resulta pacificadora o resolutiva se hace derecho en sentido real e individual para quienes ha sido dictada. Pero la norma solo indica o regula. Es la libertad del ciudadano la que determina su cumplimiento o incumplimiento y éste determina, en definitiva, su análisis por el juzgador, quien a la hora de realizar tal análisis habrá de tener en cuenta otra serie de datos y normas cuyo incumplimiento o aceptación puede no haber estado debatido.

Volvemos con ello a los títulos jurídicos. Una gran parte de la doctrina filosófica (Olivecrona) y jurídica afirma, que "lo que realmente interesa en los litigios es el título legal y no el derecho. En nuestra ideación el derecho se concibe como algo creado por el título, algo que se ubica entre el título y la sentencia y que constituye el fundamento inmediato de ésta", así pues esos títulos o "equivalentes jurídicos" parecen definitivos en la resolución del litigio.

Entre el mero ocupante y quien exhibe escritura de propiedad, prevalecerá la razón de este último. La escritura se muestra como un dato observable para el juzgador que le muestra una evidencia jurídica acerca de un hecho sobre el que tiene que juzgar y sentenciar.

Ésta la gran dificultad con la que se encuentran los presuntamente estafados: el valor de la escritura.

De ahí la necesidad de reclamar una buena y uniforme praxis notarial. El Consejo General del Notariado demostrando una vez más una extraordinaria sensibilidad recordó a los notarios la necesidad de extremar el cuidado y atención en este tipo de intervenciones, y creo que era necesario.

En la auditoría legal que ha de hacer el notario antes de proceder a la autorización de aquellas -y todas- escrituras públicas ha de contemplar la existencia de una norma que dificulta admitir uno de los aspectos que contribuyen a la estafa: la confesión por el prestatario de haber recibido con anterioridad una cantidad muy superior a la efectivamente prestada, ¿se hace necesario recordar que conforme a la ley 7/2012, de 29 de octubre, se limita el pago en efectivo a la cantidad máxima de 2.500 euros cuando alguno de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional? ¿Es necesario recordar que en tales escrituras el prestamista siempre ha de actuar en tal carácter?

Otro de los aspectos de ese ritual de engaño consiste en la tasación a la baja del inmueble hipotecado como medio para facilitar la apropiación por el prestamista a cambio de una bajísima cantidad, en el procedimiento de subasta consecuente al impago de la cantidad pactada. ¿Se hace necesario recordar que conforme a la Ley 1/2013 tratándose de vivienda habitual la tasación no puede ser inferior al 75% de la valoración que ha de hacer un tasador profesional y que necesariamente ha de incorporarse a la escritura?

Las advertencias a los prestatarios -que por supuesto tienen derecho a suscribir tales "escrituras" en ejercicio de su libertad civil que el notario está obligado a amparar y respetar-, han de llevarles a completar su consentimiento informado, de tal manera que el sofisticado recurso de librar letras de cambio que ellos aceptan y en cuya garantía se constituye la hipoteca, ha de incluir la explicación acerca de la conveniencia de domiciliar su pago, de la posibilidad del endoso y consiguientes problemas, y de los medios que en tal caso existen para tratar de no dificultar ni agravar el cumplimiento por el prestatario de una obligación que ya se adivina como de improbable cumplimiento.

La actividad notarial ha de constituir una fuente fiable de observables jurídicos sobre los que el juzgador aplicará y hará realidad el derecho. El notario, parece un lugar común, da forma legal a las relaciones jurídicas, a los hechos jurídicos. La ley habla de forma "legal", no de forma jurídica. Pero como lo legal entra en la categoría de lo jurídico y lo ilegal en la de lo antijurídico, tal mandato parece poner de relieve que el legislador se está refiriendo a la categoría más amplia de forma jurídicamente válida o lo que es lo mismo la que se ajusta no solo a las prescripciones legales, formales y sustantivas, sino también al recto proceder ético y moral, a la norma deontológica.

Ese recto proceder es el que contribuye a aproximar el sistema normativo, el ordenamiento jurídico, a la realidad social, a las necesidades de los ciudadanos, y el que acreditará o no, en definitiva, la necesidad social del notario.

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La AP de Soria confirma anulación de ejecución hipotecaria abusiva

Hace algunos meses reseñábamos una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Soria que calificábamos de "interesante" y "ejemplar" por su contenido, al anular íntegramente una ejecución hipotecaria al apreciar diversas cláusulas abusivas, planteadas por la afectada, defendida por la letrada Margarita Antolín. Pues bien, recurrida en apelación por el prestamista, la sentencia ha sido ahora confirmada por la Audiencia Provincial de Soria.

Aquella resolución judicial declaró abusiva el interés de demora del 29 %, la comisión de impago del 10 %, la valoración del inmueble a efectos de subasta sin tasación profesional y el reducido plazo (6 meses) para devolver íntegramente el teórico capital, por lo que dejó totlamente sin efecto el despacho de ejecución.

En su recurso, la parte apelante alegaba, entre otras cuestiones, que no se había pedido la nulidad de la tasación, pero el tribunal recuerda que la abusividad puede apreciarse de oficio y que el ejecutado sí había hecho reiteradas menciones a ese aspecto. La Audiencia Provincial de Soria coincide en que "la valoración del bien a efectos de subasta por debajo de su valor de mercado, tiene efectos muy perjudiciales para su el consumidor, pues de tal valoración dependerá el precio de salida de subasta y, por tanto, el importe que se puede obtener con la venta para poder pagar la deuda, de tal manera que, de ser muy bajo, puede dar lugar a que no sea suficiente para pagar la deuda o que se adjudique la vivienda el acreedor por un precio muy inferior al de mercado".

También discutía el prestamista la nulidad del plazo de vencimiento y la Audiencia Provincial desestima igualmente ese motivo de recurso: "Consideramos contraria a la buena fe y abusiva la cláusula que establece la devolución de la totalidad de lo prestado, más los intereses remuneratorios, en un solo pago, seis meses después de firmado el préstamo". El tribunal recuerda que "el prestamista conocía las circunstancias personales de la prestataria, sus escasos ingresos y su historial previo de impagos, por lo que la imposición de un plazo tan corto de devolución, abocaría necesariamente a la pérdida de la vivienda hipotecada por parte de la deudora, máxime si tenemos en cuenta el escaso valor de tasación a efectos de subasta que se le dio a la finca".

Además, el prestamista sostenía en su recurso que no cabía declarar la abusividad del interés de demora del 29 % por no tratarse de vivienda habitual y por haberse establecido la limitación en una ley posterior sin que quepa retroactividad. Y cree que no puede inaplicarse la cláusula de intereses de demora sino moderarse. La Audiencia Provincial de Soria desmonta todos los argumentos: la abusividad de una cláusula no se limita "al hecho de que el préstamo se haya concedido para vivienda habitual, sino que puede apreciarse en todo supuesto de ejecución"; la nueva normativa "afectará a las actuaciones ejecutivas pendientes de realizar" que en este caso son prácticamente todas; y la facultad de integrar el contrato pondría en peligro, de acuerdo con la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el objetivo de la Directiva, por lo que no cabe su moderación, sino que los intereses abusivos han de tenerse por no puestos.

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Lawyerpress: Expertos y afectados reclaman más implicación de Fiscalía

Publicado en Lawyerpress.com, 09.04.2014

El salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid registró una gran afluencia tanto de afectados como de profesionales, para asistir a la I Jornada sobre Estafas Hipotecarias organizada por la asociación ADEVIF, con la colaboración del propio ICAM y del despacho Alberche Área Jurídica. Abrió el acto la Decana, Sonia Gumpert, quien llamó la atención sobre el alcance de estas tramas delictivas y reivindicó el compromiso social de la abogacía, haciendo mención al papel que están desempeñando los letrados, tanto de turno de oficio como de libre designación, en la defensa de los afectados. Todos los intervinientes coincidieron también en reclamar una mayor implicación del Ministerio Fiscal, un paso que consideraron imprescindible para impulsar la acción de la justicia y evitar que continúe la impunidad de estas tramas. También se apuntó a un papel más activo de la Agencia Tributaria, porque “no sólo estafan a las víctimas, sino que con estas operaciones opacas nos estafan a todos y hay que estrechar todos los cercos sobre las mismas”.

Mª Carmen Aranda, Vicepresidenta de la asociación convocante, justificó los motivos de esta jornada y agradeció afectuosamente la acogida que la abogacía madrileña dispensaba al colectivo de víctimas.

El notario José Ignacio Navas, el Inspector Jefe de Policía Julio Martínez y los abogados Carlos Javier Galán y Fernando Adame, todos ellos conocedores directos de la materia, participaron en una interesante mesa redonda, moderada por Belén Martínez, de ADEVIF, donde se analizó desde distintas ópticas la actuación de las redes de estafas en préstamos no bancarios.

Fernando Adame trazó el perfil elemental de la víctima: persona con necesidades económicas y con posibilidad de hipotecar un inmueble. Fuera de esto, Julio Martínez insistió en que no existe un perfil en cuanto a nivel cultural, económico o social: cualquiera podemos ser víctima de estas redes.

Los intervinientes informaron, desde sus distintos roles, sobre la situación actual de las investigaciones policiales y judiciales de este fenómeno, tan poco conocido pero con millares de familias afectadas en toda España.

Para Galán, la dificultad probatoria sigue siendo muy marcada, pero se ha avanzado en muchos aspectos: ir rompiendo la invisibilidad del problema gracias a recabar la atención de los medios de comunicación; agrupar a los afectados y acabar con su aislamiento desde el asociacionismo y las redes sociales; y poco a poco lograr una mayor implicación institucional y judicial, algo en lo que aún quedan muchos pasos por dar.

Los ponentes debatieron acerca de diversas cuestiones, como el controvertido papel de algunos notarios en estas operaciones. “Todos los afectados –aseguró Carlos Galán- en algún momento dicen algo parecido a ‘cómo iba a sospechar de que era un engaño, si estaba ante un notario’. Esto dice mucho a favor del prestigio y la credibilidad de la profesión notarial en España y dice mucho en contra de unos pocos notarios con nombres y apellidos”.

El Inspector de Policía Julio Martínez subrayó que, en efecto, la presencia de un fedatario público, contribuye a disminuir el nivel de alerta del prestatario y acaba “sacralizando la estafa”. El notario Ignacio Navas expresó públicamente su compromiso personal para intentar que el colectivo actúe ante estos casos puntuales, al tiempo que pidió reformas legales que refuercen el control de legalidad por parte de los notarios (“hay que evitar que algunos puedan encogerse de hombros”), y reivindicó la necesidad de un código deontológico en la profesión, que hoy no existe.

ROMPER CON LA IMPUNIDAD

Todos los intervinientes coincidieron también en reclamar una mayor implicación del Ministerio Fiscal, un paso que consideraron imprescindible para impulsar la acción de la justicia y evitar que continúe la impunidad de estas tramas. También se apuntó a un papel más activo de la Agencia Tributaria, porque “no sólo estafan a las víctimas, sino que con estas operaciones opacas nos estafan a todos y hay que estrechar todos los cercos sobre las mismas”.

El coloquio registró interesantes intervenciones de letrados presentes entre el público, unos ya ocupados en la llevanza de procedimientos judiciales de este tipo y que valoraron muy positivamente la información ofrecida, y otros mostrándose profundamente sorprendidos por las características y dimensiones del problema.

El segundo bloque de la jornada se centró en las víctimas. La psicóloga forense Ana Isabel Gutiérrez Salegui analizó detalladamente el llamativo modus operandi que despliegan estas redes criminales, coincidiendo con los anteriores intervinientes en que cualquiera puede caer en la trampa, porque “han diseñado una hábil operativa de engaño, depurada a través de años”.

Para la psicóloga, los estafadores juegan con factores como una inmediatez que impide el asesoramiento y el acompañamiento, el temor y la angustia que produce una situación económica apremiante, la confianza en el entorno (prestigio del notario y a veces documentos bancarios falsos) y el deliberado aumento del cansancio mental y el nerviosismo, mediante largas esperas previas o prisas finales del prestamista que hacen bajar la guardia del prestatario.

También describió la situación psíquica en la que desembocan estos delitos. Recomendó a los letrados reclamar judicialmente esos daños psíquicos y ofreció a los estafados una serie de recomendaciones prácticas a la hora de afrontar el drama personal y familiar en el que acaban inmersos, como pautas de comunicación al entorno cercano, de autocuidado, de apoyo mutuo o de evaluación psicológica. No hay que olvidar que se han registrado incluso algunos suicidios de estafados. “Por muy grave que sea la situación económica, la salud mental es más importante. Porque sin salud no se sale de esto”.

En el enriquecedor coloquio, tomaron la palabra varias víctimas, cuyo testimonio en primera persona sobrecogió a los presentes.

Clausuró la jornada Carmen Pérez Andújar, Secretaria de la Junta de Gobierno del ICAM, quien felicitó a la organización y los participantes por esta iniciativa y su desarrollo, y animó a los afectados a no desfallecer en esta complicada lucha por sus derechos.

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Proposiciones de IU y CHA en Aragón sobre estafas de prestamistas

Tras la comparecencia de una delegación de ADEVIF en las Cortes de Aragón, han sido varias las iniciativas parlamentarias que se han formalizado en relación con el problema de las redes de estafas de prestamistas denuncia por esta asociación de afectados.

El mismo día del debate, el grupo de Izquierda Unida en el parlamento autonómico, a través de su portavoz Patricia Luquin y a instancia de su portavoz en la Comisión de Peticiones Ciudadanas Luis Ángel Romero, registró una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno de Aragón a "colaborar activamente con ADEVIF" y a promover "cuantas actuaciones y medidas sean precisas para evitar que se sigan produciendo este tipo de actuaciones fraudulentas y delictivas, tanto en el ámbito de la divulgación y protección de los consumidores, como en la adopción de medidas normativas que se entiendan adecuadas para prevenir la comisión de este tipo de delito". Además, se insta al desarrollo autonómico de las disposiciones contenidas en la Ley 2/2009, que regula la contratación de préstamos hipotecarios con empresas no bancarias y, en particuolar, la creación de un registro de prestamitas en Aragón.

Por su parte, unos días más tarde, el grupo parlamentario de Chunta Aragonesista, por medio de su portavoz José Luis Soro, presentaba también su Proposición No de Ley, en la que pide que las Cortes de Aragón se dirijan formalmente al Gobierno central para que redacte un proyecto de ley que reforme y regule adecuadamente la contratación de préstamos no bancarios, de forma que no sea una materia de consumo -como ahora sucede- sino financiera y sometida a organismos de control. Y que se active la creación del registro público de empresas, hoy formalmente creado pero que no puede ser consultado en la web por estar supuestamente en fase de desarrollo desde hace varios años.

Ambas proposiciones se han admitido a trámite por la Mesa de las Cortes en sesión celebrada el 2 de abril de 2014 y se han publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón de 8 de abril. Se tramitarán ante la Comisión de Economía de la cámara.

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Lawyerpress: Tolerancia cero con las estafas por préstamos hipotecarios

Publicado en Lawyerpress.com, 26.03.2014.

ADEVIF interviene en las Cortes de Aragón y reclama medidas para poner freno a los prestamistas sin escrúpulos

Luz y taquígrafos y más control a los prestamistas privados que ahora campan a sus anchas es el mensaje que recibieron en la mañana de ayer los diputados de las Cortes de Aragón por parte de ADEVIF (Asociación de Estafados Víctimas Financieras), en la comparecencia del presidente de esta entidad Rafael Pozo, su abogado, Carlos Galán y uno de los numerosos afectados en nuestro país como es Belén Martínez.

La crisis económica ha generado esta forma de financiación bastante extraña y abusiva por la que muchos particulares han visto embargados casi todos sus bienes. Los afectados aseguran que en muchas ocasiones este tipo de estafas esconden otro tipo de delitos como el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos. Esta comparecencia surgen días antes que el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid dictara un auto inhibiéndose a favor de las actuaciones de la Audiencia Nacional. El próximo sábado en el Colegio de Abogados de Madrid tendrá lugar una jornada para analizar más a fondo la problemática de las estafas hipotecarias.

Más de un millar de familias afectadas y un centenar de asociados, cantidad que se incrementa de forma continuada en esta España en crisis, configuran ADEVIF, asociación de carácter nacional con afectados por prestamistas sin escrúpulos. Su abogado, Carlos Galán, letrado de la Asociación de Estafados Víctimas Financieras (ADEVIF), propuso este martes crear un Registro autonómico de prestamistas privados para evitar las estafas: “ De momento el registro estatal no funciona y hay que ver la manera de controlar este tipo de actividad muchas veces fraudulenta”. Desde su punto de vista ese Registro tiene sentido si sirve para ejercer mayor control y transparencia a estas prácticas. Galán indicó que en los últimos años "han proliferado" empresas financieras e intermediarias, así como prestamistas de capital privado, implantándose un procedimiento de concesión de créditos que "en otros países funciona bien", pero en España "está poco regulado" e impera "un poco la ley de la selva". Ha apuntado que estas prácticas se normativizaron en España por primera vez en 2009.

En el caso del Gobierno de Aragón, que tienen competencias en consumo, fue el propio Galán quien les comentó la posibilidad que pudieran actuar de oficio y hacer inspecciones a esas empresas que dan esos créditos con condiciones muy leoninas.

ADEVIF está defendiendo a estas personas estafadas, subrayó Galán, quien ha dejado claro que algunos casos entran dentro del ámbito de lo penal, ya que en algunas ocasiones "se induce" a algunas personas a "hacer una disposición patrimonial a base de engaños". En otros casos se firman préstamos por una cantidad muy superior a la que se recibe.

También este letrado sugirió a los diferentes grupos parlamentarios reunidos en esta comparecencia, que, salvo el PAR Aragones, tiene representación en Madrid, su colaboración para que este colectivo de afectados pudiera tener otra reunión de estas características con el propio Congreso de los Diputados, al ser el problema de extrema gravedad y tener afectados en toda España.

Por su parte, el presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, lamentó que "nuestras denuncias se pierden" en los juzgados, criticando la "negativa total a investigar", el archivo de denuncias. Agregó que "no sabemos lo que es la Fiscalía Anticorrupción" y ha criticado que la justicia sea lenta para aplicar el Derecho "pero muy rápida para embargar".

Afirmó que algunos jueces "dan por buenos" los documentos que presentan determinados notarios sin comprobar si están manipulados o falsificados "y nos exigen el oro y el moro para demostrar nuestra inocencia". También destacó el "pasotismo total" de Hacienda, añadiendo que algunas estafas sirven para el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos.

En su turno de palabra, la afectada Belén Martínez aseguró que este es "un tema de Derechos Humanos", añadiendo que los perjudicados "somos los más vulnerables". Habló de la doble victimización, es decir sufres la estafa y luego la persona se encuentra desamparada sin saber dónde reclamar tus derechos. Y apuntó con amargura que los prestamistas "están campando a sus anchas en los juzgados y no pasa nada".

ACTUACIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

En otro orden de cosas, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Madrid dictaba hace unos dias un auto, notificado el 14 de marzo a las partes, en el que acuerda inhibirse de las denuncias presentadas por distintos afectados contra el controvertido prestamista Antonio Arroyo Arroyo a favor de la Audiencia Nacional, por entender que es este órgano el competente, por el alcance de la trama y el elevado volumen de afectados.

La magistrada Isabel Durántez había acumulado en unas mismas Diligencias Previas todas las acciones que habían sido turnadas a su juzgado contra Arroyo y sus colaboradores, un total de ocho denuncias de un total de once víctimas.

Ahora, a la vista de la grabación del programa de Equipo de Investigación de La Sexta Préstamos envenados, aportado al Juzgado por los abogados Benito Polo y Carlos Javier Galán, así como de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de la AN por ADEVIF, ha entendido que procedía la inhibición a favor de este órgano judicial, al objeto de que se abra, como pedía esta asociación, una investigación global sobre esta red delictiva.

El auto sostiene que "existen indicios de que los hechos denunciados por numerosísimos afectados son similares y podrían ser constitutivos de un delito de estafa continuada cometido por Antonio Arroyo y sus colaboradores". Por ello, "teniendo en cuenta la información suministrada recientemente por los letrados Benito Polo Sánchez y Carlos Javier Galán Gutiérrez, el contenido de la grabación por ellos presentada y la copia de la denuncia que se ha presentado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional por parte de la Asociación de Afectados Víctimas Financieras (ADEVIF), resulta procedente acordar la inhibición a favor de la Audiencia Nacional".

La juez subraya "la necesidad de investigación y enjuiciamiento conjunto de todas las diversas denuncias presentadas contra Antonio Arroyo Arroyo y las personas que con él colaboraban. En este caso, además de concurrir la conexibilidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resulta absolutamente conveniente para la propia valoración de los hechos tal acumulación, puesto que no es lo mismo la conclusión a la que puede llegarse analizando cada una de las operaciones llevadas a cabo por el sr. Arroyo Arroyo de manera aislada que la conclusión a la que se puede llegar desde una perspectiva global de su actuar reiterado, repetido en el tiempo y cometido siempre de manera similar".

Por los motivos expuestos, el auto acuerda la inhibición de las actuaciones a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional precisamente "para su acumulación al procedimiento que se haya iniciado en base a la denuncia presentada por la Asociación de Afectados Víctimas Financieras (ADEVIF)".

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Gran acogida a la I Jornada sobre Estafas Hipotecarias en Madrid

El pasado sábado 29 de marzo, el salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid acogió la I Jornada sobre Estafas Hipotecarias promovida por ADEVIF con la colaboración de Alberche Área Jurídica y que cosechó gran aceptación, tanto en lo que respecta a la elevada asistencia como al indudable interés que despertaron las intervenciones de los ponentes.

La decana del ICAM, Sonia Gumpert, inauguró el acto resaltando la apertura del Colegio a la sociedad y justificando la importancia del problema que era objeto de estas jornadas. Aseguró que la abogacía quiere dar amparo a los sufrimientos ciudadanos por la actuación de tramas sin escrúpulos. Tuvo palabras de reconocimiento para los abogados, tanto de turno de oficio como de libre designación, que se habían comprometido en la lucha contra estas estafas de prestamistas, incluso más allá de lo profesionalmente exigible.

En ausencia del presidente -que habría sufrido un percance con su vehículo que le impidió acudir a Madrid-, intervino la Vicepresidenta de ADEVIF, M. Carmen Aranda, quien recordó los fines de este colectivo y agradeció a la abogacía madrileña el haber abierto las puertas de su sede a las víctimas.

Belén Martínez, de la Junta Directiva de la asociación, fue la encargada de moderar una interesantísima mesa redonda en la que participaron profesionales de primer nivel, conocedores del fenómeno de las redes de estafas cometidas por prestamistas privados.

  

Julio Martínez, Inspector Jefe de Policía Nacional en la Subcomisaría de Aravaca en Madrid, que ha tenido un papel muy destacado en la investigación policial de estas redes, afirmó que no existe un perfil definidio y que cualquiera puede ser víctima de estas tramas. Señaló la intervención de algunos notarios como un factor que contribuye a "la sacralización de la estafa", porque hace que la víctima se confíe.

Carlos Javier Galán, abogado del despacho Alberche Área Jurídica, se felicitó de los avances obtenidos poco a poco en cuanto a dar visibilidad al problema, romper el aislamiento de los afectados y conseguir cierta atención mediática e institucional. Considera que la prioridad ahora es conseguir una mayor implicación del Ministerio Fiscal y, en segundo término, una respuesta por parte de la Agencia Tributaria.

Otro abogado de afectados, Fernando Adame, del despacho Urraza y Mendieta, analizó la situación de estas víctimas, que comprometen sus hogares ante una situación económica urgente y ofreció su testimonio sobre la sensación de impunidad con la que se mueven estas tramas. Animó también a los afectados a no rendirse y confiar en la Justicia.

Para el notario José Ignacio Navas, en España nunca ha habido una regulación social de la vivienda, sino simplemente económica. Tenemos un Derecho que en ocasiones protege a los poderosos y, en este caso, a los prestamistas ilegales. Cree que la libertad de empresa mal entendida y mal regulada ampara grandes desmanes. Reclamó una ley más eficaz "que no permita que algunos notarios se puedan encoger de hombros".

En los turnos de preguntas del público y de debate entre los intervinientes, Carlos Galán explicó que todos los afectados suelen manifestar que no pensaban que pudieran ser engañados porque estaban ante un notario y que "eso dice mucho a favor de la confianza que merece la institución notarial en nuestro país, y mucho en contra de la actuación de algunos notarios concretos". Ignacio Navas manifestó públicamente su compromiso personal de favorecer que el notariado adopte medidas en este sentido.

El segundo bloque de la jornada se centró en las víctimas. La psicóloga Ana Isabel Gutiérrez, analizó el modus operandi de estas tramas y cómo consiguen consumar sus engaños, combinando factores tales como la sorpresa, la inmediatez, el miedo, la confianza en el entorno (el prestigio del notario) y el aumento provocado del nerviosismo.

Aseguró que por cada estafa no hay una sola víctima, sino cuatro o cinco, porque acaba afectando a toda la familia. Detalló las consecuencias psíquicas que tiene para los afectados. Y ofreció a estos consejos útiles para afrontar su situación personal y familiar.

Animó a que las víctimas se relacionen, porque el aislamiento no ayuda. A que actúen, porque la víctima que se pone en "modo acción" abandona el "modo lamento". Y a que busquen ayuda para cuidar su salud psíquica, porque es aún más importante que el problema económico. "La tristeza no se va sola -concluyó-: hay que echarla. Y con ayuda es más fácil".

Seguidamente tuvo lugar un coloquio, en el que los afectados plantearon interesantes cuestiones a la ponente.

Cerró el acto Carmen Pérez Andújar, Secretaria de la Junta  de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid y consejera electa del Consejo General de la Abogacía Española, que expresó su felicitación a ADEVIF por la buena acogida y el desarrollo de esta jornada, anunció futuras iniciativas y animó a las víctimas a seguir luchando.

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