Según ha explicado la asociación ADEVIF, el pasado viernes se quitó la vida en Valencia Javier R.M., que denunció judicialmente haber sido víctima de una presunta estafa financiera y contra el que se seguía un procedimiento de ejecución hipotecaria a instancia de un prestamista de capital privado. El fallecido deja esposa y un hijo. El entierro se ha celebrado este sábado.
A través de su abogado, Francisco Moreda, Javier tenía interpuestas acciones penales contra Antonio Arroyo Arroyo, controvertido prestamista, actualmente imputado en más de una decena de juzgados por presuntos delitos de estafa, y tenía solicitada ante el Juzgado de Primera Instancia la suspensión de la ejecución hipotecaria que se seguía sobre su vivienda familiar.
Era socio de ADEVIF, asociación que agrupa a las víctimas de estafas cometidas por chiringuitos financieros y por prestamistas de capital privado. Para esta asociación, “Javier no ha podido resistir el drama personal y familiar que estaba sufriendo, como víctima del afán de lucro desmedido de individuos sin escrúpulos”.
El colectivo considera que “en nuestro país ha ido avanzando la sensibilidad social, la atención de los medios y las medidas legales respecto a las hipotecas bancarias, mientras que en el sector del capital supuestamente privado no existe ningún control real. Son casos donde se producen, no ya abusos o usura, sino directamente engaños delictivos, con un modus operandi destinado a inducir al error, con capitales ficticios, blanqueo de dinero y consecuencias dramáticas para muchas familias”.
Para ADEVIF, “es hora de que las autoridades administrativas, los organismos de control, la policía, el Ministerio Fiscal y los jueces tomen conciencia del alcance de este problema tan poco conocido: el de las tramas organizadas de estafas financieras”. La asociación denuncia que “existen redes delictivas, con personas perfectamente identificadas, que vienen operando desde hace años con total impunidad y dejando muchas víctimas en el camino. A veces, ocasionando la ruina de familias que pierden sus viviendas y quedan endeudadas de por vida. Y en esta ocasión empujando a la desesperación y a la muerte a un ser humano”.
A través de su abogado, Francisco Moreda, Javier tenía interpuestas acciones penales contra Antonio Arroyo Arroyo, controvertido prestamista, actualmente imputado en más de una decena de juzgados por presuntos delitos de estafa, y tenía solicitada ante el Juzgado de Primera Instancia la suspensión de la ejecución hipotecaria que se seguía sobre su vivienda familiar.
Era socio de ADEVIF, asociación que agrupa a las víctimas de estafas cometidas por chiringuitos financieros y por prestamistas de capital privado. Para esta asociación, “Javier no ha podido resistir el drama personal y familiar que estaba sufriendo, como víctima del afán de lucro desmedido de individuos sin escrúpulos”.
El colectivo considera que “en nuestro país ha ido avanzando la sensibilidad social, la atención de los medios y las medidas legales respecto a las hipotecas bancarias, mientras que en el sector del capital supuestamente privado no existe ningún control real. Son casos donde se producen, no ya abusos o usura, sino directamente engaños delictivos, con un modus operandi destinado a inducir al error, con capitales ficticios, blanqueo de dinero y consecuencias dramáticas para muchas familias”.
Para ADEVIF, “es hora de que las autoridades administrativas, los organismos de control, la policía, el Ministerio Fiscal y los jueces tomen conciencia del alcance de este problema tan poco conocido: el de las tramas organizadas de estafas financieras”. La asociación denuncia que “existen redes delictivas, con personas perfectamente identificadas, que vienen operando desde hace años con total impunidad y dejando muchas víctimas en el camino. A veces, ocasionando la ruina de familias que pierden sus viviendas y quedan endeudadas de por vida. Y en esta ocasión empujando a la desesperación y a la muerte a un ser humano”.
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