El Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid ha dictado sentencia por la que condena a la asociación denominada ADEVIF (Asociación de Estafados Víctimas Financieras), presidida por Rafael Pozo Fernández, a publicar íntegramente un escrito de rectificación, en relación con hechos en los que aludía en términos difamatorios al abogado de Alberche Área Jurídica, Carlos Javier Galán.
Esta entidad, formalmente constituida como "asociación de víctimas", vertía diversas falsedades sobre el referido letrado, que ha destacado en los últimos años precisamente por su actuación jurídica y su denuncia pública de las tramas de estafas en préstamos no bancarios.
El abogado aludido, acogiéndose al derecho de rectificación regulado en la Ley Orgánica 2/1984, no quiso ejercer acción de protección de derecho al honor ni querella por injurias, sino que simplemente pidió a esta asociación que publicara también su versión sobre los hechos que consideraba inexactos, recibiendo la callada por respuesta, lo que le obligó a acudir al amparo judicial.
En el juicio, ADEVIF, defendida por el letrado Santiago Landete, volvió a negarse de plano a cualquier acuerdo al respecto, lo que obligó al abogado demandante a ratificarse en la demanda y seguir adelante con la pretensión.
La Magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 74 de Madrid ha dictado finalmente sentencia por la que considera que lo publicado "no puede reputarse exento de la acción de rectificación por exceder, lo vertido en la publicación, de una mera opinión, constituyendo una imputación de hechos que perjudican su buen nombre profesional", mientras que ADEVIF no ha probado en modo alguno "la veracidad de los hechos que imputa al actor".
Por ello, estima íntegramente la demanda interpuesta por Carlos Javier Galán y condena a ADEVIF a "la publicación íntegra de la rectificación solicitada", que deberá hacerse "con la misma relevancia e idéntico tratamiento que el otorgado a la información cuya rectificación se solicita".
La sentencia no es aún firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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