El miércoles 8, otro desalojo provocado por prestamista

Actualización post 06.07.2015: el Juzgado deja sin efecto el señalamiento del miércoles y concede un plazo para aportar documentación que justifique la existencia de una causa penal. #AsunSeQueda.
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Para el próximo miércoles 8 de julio, a las 6'30 de la mañana, está fijado el tercer intento de lanzamiento de Asun, una vecina del distrito madrileño de Ciudad Lineal, en procedimiento de ejecución hipotecaria instado por un prestamista. Diversos movimientos sociales están convocando a la ciudadanía para intentar detener esta injusticia.

La víctima, de 57 años, con un hijo de 24, denuncia haber sufrido la habitual estafa en préstamos hipotecarios no bancarios que se practica impunemente en nuestro país. El préstamo original se pidió a la firma Finanzas Roda. Como suele ocurrir en estos casos, la deuda se refinancia luego, haciendo constar un capital supuestamente abonado en efectivo que realmente no se recibe, a menudo con la connivencia de unos notarios muy concretos. Cuando Asun tuvo que cerrar su negocio, se quedó sin poder hacer frente a la deuda ilegítima. Quien ejecuta al parecer son, según diversas informaciones aparecidas en medios, Francisco Rodríguez López y María Josefa Malazuelas Blanco. La víctima pidió 50.000 y se le reclaman en vía de ejecución alrededor de 200.000 €.

En ocasiones anteriores el lanzamiento se paralizó gracias a la intervención de los activistas de la plataforma Apoyo Mutuo Ciudad Lineal. En el último intento, desde el Ayuntamiento de Madrid se intentó también mediar. Tras los aplazamientos, se ha fijado nueva fecha para desalojar a la afectada de su casa. 

Quien ejerce como abogado de la víctima es Santiago Landete, que lo fue de Umberto y de Carmen, ambos ya en la calle a pesar de que afirmaban haber sido estafados. Así como se han difundido datos sobre el caso de Asun y sobre las iniciativas sociales de oposición a su desahucio, no existe información pública de las actuaciones jurídicas llevadas a cabo. Hay que recordar que las ejecuciones de este tipo se pueden paralizar automáticamente durante largo tiempo formulando oposición por cláusulas abusivas, con posibilidad incluso de recurso de apelación. Y que también cabe suspender por prejudicialidad penal si se interpone denuncia o querella y se solicita expresamente.