Los derechos de Gómez Montoya en el Registro de la Propiedad

4 dic 2014 0 comentarios


Una de las formas de los prestamistas para burlar la ley es aparecer como particulares y no profesionales. Si no estamos ante un contrato entre profesional y consumidor, sino ante un contrato entre dos particulares, no resulta de aplicación la normativa de consumo que prohibe las cláusulas abusivas.

El prestamista Francisco Gómez Montoya, que instó la ejecución hipotecaria contra Carmen, la mujer de 85 años que fue desahuciada de su vivienda en Vallecas, aparentemente es un empleado ferroviario que no se dedica profesionalmente a la actividad del préstamo. 

Pues bien, en la práctica podemos asegurar que sí estamos ante un profesional encubierto. No hay más que acudir al Registro de la Propiedad para darse cuenta de ello.

En la actualidad, Gómez Montoya tiene al menos cuatro propiedades vigentes: su propia vivienda familiar en Fuenlabrada, la vivienda y la plaza de garaje que le quitó a Carmen, y un local comercial que embargó a otra familia en Los Molinos. 

Pero si consultamos las titularidades no vigentes (hipotecas ya canceladas, adjudicaciones ya vendidas a terceros, etc), resulta que en los últimos años Gómez Montoya ha tenido, con seguridad, derechos inscritos sobre otros 13 inmuebles más: uno en Calpe (Alicante), cuatro en Los Molinos (Madrid), siete en Madrid capital y otro más en Fuensalida (Toledo).

Además de esto, aparecen otras propiedades que no sabemos con seguridad si son suyas o de otra/s persona/s con su mismo nombre y apellidos (antiguamente no se inscribía el NIF y de ahí la falta de certeza). Si fueran suyas, tendría otras dos titularidades actualmente en Quintana de la Serena (Badajoz) y Alguazas (Murcia), además de haber tenido en el pasado derechos inscritos sobre 7 inmuebles más: uno en El Ejido (Almería), 5 en Málaga capital y otro en Alguazas (Murcia). 

En total, entre propiedades y derechos reales (posiblemente hipotecas) inscritos a su favor, ha tenido en distintos momentos anotaciones sobre al menos 17 propiedades pero que, si las otras son también suyas, llegarían a un total de 26 inmuebles distintos.

Seguimos comprobando día tras día que la actual normativa sobre préstamos de capital privado no se cumple y que los controles son inexistentes. Al amparo de ello, muchos especuladores están haciendo su agosto y provocando dramas familiares. 

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El gran negocio de los usureros, en diarios del grupo Vocento

2 dic 2014 0 comentarios

Por Borja Olaizola 
Publicado en las cabeceras regionales del grupo Vocento: 
El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, Las Provincias y La Voz de Cádiz, 30.11.2014. 

Acudir a un particular para lograr un préstamo es una maniobra de alto riesgo. Cientos de familias han terminado igual que Carmen, la viuda de Vallecas que ha perdido su piso. Un negocio redondo. Al prestamista particular que se hizo la semana pasada con la propiedad del piso de Carmen Martínez Ayuso, la anciana de 85 años de Vallecas cuyo desahucio ha suscitado una oleada de solidaridad e indignación, las cosas no le han podido ir mejor. A cambio de los 40.000 euros que le prestó a su hijo, se ha quedado con una vivienda valorada en 160.000 euros. 

Cuadruplicar la "inversión" inicial no es algo muy común en un negocio, pero el universo del crédito entre particulares es una realidad paralela en la que ocurren cosas inauditas: por 12.000 euros es posible hacerse con la propiedad de un piso en el centro de Barcelona y de un chalet en las afueras de la ciudad que están valorados en 400.000. Lo cuenta el abogado Aitor Ibarra, que consiguió paralizar in extremis el desahucio de la ocupante de la vivienda, una anciana con problemas de salud. "A su hijo se le ocurrió pedir 12.000 euros a un prestamista particular y cuando quiso darse cuenta ya había una orden de ejecución sobre las dos propiedades". 

Otro abogado, Víctor Nieto, explica que uno de sus clientes, un hombre de 64 años, estuvo a punto de quedarse sin su caserío de Olaberria, en Gipuzkoa, por una deuda de 15.000 euros contraída con un prestamista privado. "Logramos que se paralizase la subasta, pero tenemos una espada de Damocles sobre la cabeza porque en cualquier momento puede reactivar la demanda y reclamar la propiedad". Nieto es incapaz de cuantificar el valor del inmueble, una construcción rural de más de dos siglos con sus correspondientes terrenos, pero sabe que supera con creces la cantidad adeudada y que, si el prestamista se sale con la suya, los tres hermanos que residen en el caserío, dos de ellos octogenarios, se quedarán en una situación crítica. 

Los de Vallecas, Barcelona y Olaberria son tres de los cientos de casos de personas que han quedado atrapadas en la trampa de los prestamistas privados. "El perfil es bastante parecido, gente sin posibilidades de obtener crédito en los bancos que necesitan dinero para hacer frente a una urgencia y que tienen una propiedad inmobiliaria libre de cargas", cuenta el también letrado Carlos Javier Galán, que se ha convertido en punta de lanza de la denuncia de los abusos en los préstamos privados. "Hay redes delictivas especializadas en apoderarse de inmuebles a cambio de cantidades ridículas", observa. Él ha interpuesto multitud de denuncias intentando sacar a la luz el entramado, pero hasta ahora lo más que ha conseguido ha sido paralizar algunos desahucios. "Son tramas que funcionan desde hace años con el mismo 'modus operandi' y que tienen de su parte incluso a ciertos notarios", sostiene. 

FIRMAR SIN LEER 

La estrategia de los prestamistas varía, pero hay algo en lo que coinciden: engatusan a su cliente para que suscriba documentos que ni siquiera ha leído. "Lo más común es que la víctima firme ante notario un capital superior al que realmente recibe, con un plazo de devolución brevísimo (de tres a seis meses), con unos intereses de demora abusivos (a partir del 29%) y valorando su vivienda para subasta en una cifra irrisoria. Puede que dicho así parezca una táctica burda, pero la puesta en escena es muy convincente y además está depurada con la práctica de años". 

Un particular tiene tres vías para conseguir un crédito: el banco, la entidad financiera no bancaria y el prestamista individual. En aplicación de una ley de 2009, los dos últimos se sitúan bajo la supervisión del Ministerio de Sanidad y Consumo. "Sobre el papel hay un registro en el que debe apuntarse todo aquel que quiera ejercer de prestamista, pero en la práctica el registro no está operativo y, además, Consumo carece de instrumentos para la supervisión", continúa el abogado Galán. Esa ausencia de control explica la proliferación de particulares que se dedican al préstamo -Internet está lleno de anuncios que ofrecen dinero rápido siempre que haya unas escrituras de por medio- y que operan en los límites de la legalidad. 

No hay constancia de las cifras que se mueven en los préstamos privados. "Algunos analistas estiman que un 20% de las operaciones podrían estar concertándose fuera del mercado bancario", apunta Galán. Hay empresas que se desmarcan de los abusos y que reivindican su buen hacer profesional. "Nosotros nunca aceptaríamos el piso de una madre como aval de un préstamo", se defiende Alejandro Melero, gerente de Crédito Particular Punto Com, un intermediario que opera en internet. "Nuestro negocio es que nos devuelvan el dinero con los intereses pactados; en los tres años que llevamos en el mercado -asegura- no nos hemos quedado con un solo inmueble". 

En las asociaciones de consumidores apelan al sentido común y desaconsejan recurrir a los prestamistas privados: "Poner una vivienda como garantía del pago de un crédito particular significa entrar en una espiral en la que siempre empeoras por muy malo que sea el punto de partida", alerta Fernando Herrero, de Adicae, la asociación de usuarios de bancos. Un pasaporte al infierno, vamos.
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En El Mundo, el prestamista que desahució a Carmen

1 dic 2014 0 comentarios

Publicado en suplemento Crónica de El Mundo, 30.11.14.

"La casa es para vivir yo", mintió al nieto 
EL FERROVIARIO USURERO QUE SE QUEDÓ CON LA CASA DE LA ANCIANA CARMEN
-Discreto, de vida modesta, 56 años, su pareja cuida ancianos... 
-Y hay más como él sacando tajada de esta crisis con intereses 'leoninos' 
-Un solo usurero se ha quedado con 3.800 viviendas 

Ana María Ortiz

Definición de usurero de la RAE: "1. Usurario (perteneciente a la usura). 2. Persona que presta con usura o interés excesivo. 3. Persona que en otros contratos o granjerías obtiene lucro desmedido". 

El usurero Francisco Gómez Montoya, de 56 años, es un tipo extremadamente discreto, muy callado y sobre todo cauteloso. El pasado martes, cuatro días después de que echara a la calle a la anciana Carmen -su desahucio ha acaparado estos días las portadas de todos los periódicos- arrancó el nombre del buzón de su piso, quizás por precaución ante el temor de que los medios de comunicación lo localizaran. Se trata del 4ºA de un sobrio edificio en Fuenlabrada (Madrid), donde vive desde hace 14 años con aparente sencillez y donde es un absoluto desconocido. Sus vecinos de rellano, puerta con puerta, no saben su nombre de pila, no saben que trabaja en Renfe, no saben que en sus ratos libres se dedica a la usura. Es decir, que Francisco Gómez Montoya presta dinero, bajo unas condiciones leoninas y difíciles de cumplir, a desesperados a los que los bancos no dan créditos y acaba quedándose en muchos de los casos con las propiedades de los incautos que firman con él. Así ha hecho con la vallecana Carmen Martínez Ayuso, sin techo a los 85 años, cuyo piso y plaza de garaje ya tiene registrados a su nombre.

Estos últimos días, el usurero ha estado especialmente ocupado. El jueves pasado, sin ir más lejos, a las 10:54 horas exactamente, se presentó con un auto judicial en el Registro de la Propiedad de Guadarrama (Madrid) para inscribir a su nombre un local comercial en Los Molinos (Madrid) obtenido con los mismos métodos que el piso de Carmen. Le prestó un dinero a Deogracias Antón y María Ángeles Martín con un interés de demora del 25% -en el caso de Carmen ascendía al 27%- y ha acabado quedándose con la propiedad de la pareja. "Se adjudica a Francisco Gómez Montoya la finca registral: la finca número 4173 de Los Molinos, y se ordena la cancelación del crédito... Guadarrama, a las 13.00 horas del 27 de noviembre del año 2014", se lee en la nota simple del Registro de la Propiedad, en poder de Crónica. Deogracias y Mari Ángeles, además, tienen en peligro otra finca, también vinculada a un préstamo con él.

En espera de lo que pueda suceder con esta última propiedad, lo cierto es que en sólo 10 días, Francisco Gómez Montoya se ha hecho con tres inmuebles: este local de Los Molinos y la casa y el garaje de Carmen. "Dinero fácil", como dicen algunos de los reclamos con los que echan el anzuelo estos prestamistas particulares.

Las imágenes de su desahuciada más famosa, Carmen, doblada por el dolor al ser desalojada, resultaron tan sobrecogedoras que todos los focos mediáticos han apuntado a la violenta salida de la anciana de su piso, el bajo del número 10 de la calle Sierra de Palomares, en el madrileño barrio de Villa de Vallecas,, obviando lo que sucedía en ese momento en el segundo piso. De haber apuntado las cámaras allí, donde el prestamista esperaba tomar posesión de la vivienda protegido por la policía, se habría encuadrado la cara más desconocida del drama de los desahucios: la de Gómez Montoya y la de otros usureros que como él hacen fortuna a costa de los más golpeados por la crisis.

La Asociación de Estafados Víctimas Financieras (Adevif), que agrupa a un centenar de afectados de prestamistas particulares (*) -casi todos han perdido su vivienda tras sucumbir al reclamo de "crédito rápido, financiación urgente"- calcula que un 30% de los lanzamientos hipotecarios que se producen en España son consecuencia de las "estafas de prestamistas privados". Es decir, que sólo en 2013 -65.182 lanzamientos-, unos 20.000 bienes inmuebles habrían pasado a manos de prestamistas particulares tras ser despojados a españoles que han firmado un crédito ruinoso.

Fijémonos en concreto en el préstamo que el hijo de Carmen, Luis Jiménez, rubricó ante notario con un poder de su madre. Según la escritura de préstamo, Francisco Gómez Montoya le dejó 77.100 euros el 15 de diciembre de 2009 y Luis puso la casa de su madre, valorada en unos 180.000 euros, como aval de la devolución. El usurero en persona, asegura Luis, le entregó "30.000 euros en metálico", tras descontar una parte de intereses que debía pagar por adelantado -15% de interés anual y 27% de demora- y un crédito anterior con otro usurero que Luis aún tenía pendiente de pago. Tres años y dos meses después, el 6 de febrero de 2013, Gómez Montoya le hacía saber que le debía 65.530,78 euros por intereses de demora, más los 77.100 del préstamo, más 23.130 por las costas, ya que el prestamista había iniciado la reclamación judicial de la deuda. En total, Gómez Montoya exigía 165.760,78 euros. Una cifra inasumible para Carmen y Luis.

En las asociaciones de víctimas no tienen fichado a Gómez Montoya (**), pero sí a decenas de estos profesionales de la usura, algunos de los cuales son renombrados. En Stop Estafadores mencionan por ejemplo a Antonio Arroyo. "A base de préstamos con garantía hipotecaria, se ha hecho con 3.800 casas en toda España, hoy tiene los derechos de otras 1.000 hipotecas y acumula 1.000 denuncias", asegura su presidente, Juan Puche.

Mucho más mesurado y sigiloso en sus operaciones es Montoya. Sus vecinos, a tenor del modesto nivel de vida que aparenta, lo tienen por una persona de escasos recursos. De la mujer con la que vive -está soltero-, Manuela, 52 años, de origen extremeño, refieren que se dedica al cuidado de ancianos y llama poderosamente la atención porque viste siempre la misma ropa. Tampoco en su entorno profesional, donde lo apodan "el gitano" por su segundo apellido, sospechaban que el hermético Gómez Montoya tiene el lucrativo oficio de prestamista. Su cualificación profesional es la de "operador comercial especializado N1", lo que comúnmente se conoce como un interventor, y trabaja en la línea de Cercanías que cubre el trayecto entre la estaciones madrileñas de Chamartín y Aravaca.

Nacido en Villapalacios (Albacete) el 6 de abril de 1958, en la biografía de Francisco Gómez Montoya hay un azaroso episodio que lo vinculó durante unas horas con ETA. El 16 de enero de 1987 la Policía detenía a seis miembros del sangriento comando Madrid, -con De Juana Chaos y Antonio Troitiño a la cabeza- y entre el material incautado y distribuido por Interior se incluyó la imagen de un DNI a nombre de Francisco Gómez Montoya, natural de Villapalacios (Albacete). Algunos medios, como TVE, llegaron a publicar el nombre del hoy usurero como el del séptimo miembro del comando, que había logrado huir. En realidad, se trataba del etarra José Martín López-Castañares, quien había pegado su fotografía en el carné que Gómez Montoya había extraviado unos años antes. El error fue corregido enseguida.

Con su DNI en mano y portando una mochila a la espalda acudió el usurero al primer intento de desahucio de Carmen, el 31 de octubre, momento al que pertenece la imagen impresa en estas páginas. El nieto de Carmen, Luis Miguel, intentó mediar con el prestamista y le ofreció pagar un alquiler para que no echara a su abuela. "Necesito la casa para vivir", respondió Gómez Montoya , a quien acompañaba uno de sus dos abogados y uno de sus seis procuradores. Tiene otorgados poderes para que actúen en su nombre en Fuenlabrada, Leganés, Madrid, Collado Villalba y San Lorenzo de El Escorial. 

CINCO OFICINAS A SU NOMBRE

Decía Gómez Montoya al nieto de Carmen que necesitaba la casa para vivir pero lo que parecen sobrarle son precisamente viviendas, aparte de que cuenta con un holgado sueldo como interventor de 45.000 euros anuales. En el Registro de la Propiedad, a fecha de viernes 28 de noviembre de 2014, figuran cinco inmuebles vinculados a Francisco Gómez Montoya: el piso de Fuenlabrada donde reside; la casa de Carmen; el garaje de Carmen; el citado local de Los Molinos recientemente embargado, y un quinto piso en la calle Torres Miranda, en Madrid, cuyo desahucio parece inminente puesto que Gómez Montoya ha iniciado la reclamación judicial. La dueña le debe 76.400 euros de préstamo, 57.300 de los intereses de demora de tres años y 23.628 de las costas judiciales.

Todos los préstamos respaldados con estas propiedades que han acabado en manos de Francisco Gómez han sido firmadas por notarios que trabajan en la misma dirección de Madrid: Serrano, 41. El avalado con la casa de Carmen, ante el notario Ignacio Sáenz de Santa María. El del local comercial de Los Molinos, ante Valerio Pérez de Madrid y Pala. Y el del piso de Torres Miranda, ante Ángel Sanz Iglesias. En Stop Estafadores mencionan Serrano 41 como una de las direcciones notariales más frecuentadas por los prestamistas de Madrid. Allí ha firmado alguna vez también el famoso Antonio Arroyo.

Al habla con Crónica, el pasado jueves, Ignacio Sáenz de Santamaría, el notario ante el que se rubricó el préstamo concedido por Gómez Montoya al hijo de Carmen.

-¿Recuerda usted el caso? 
-¿Se firmó en mi notaría? No lo sabía. Y fíjese que soy muy amigo del entrenador del Rayo [el equipo que se ha ofrecido a ayudar a Carmen pagándole un alquiler] y el otro día lo llamé y le dije: "Si esta señora necesita ayuda, que me llame a ver qué puedo hacer...".
-Y al prestamista, Francisco Gómez Montoya, ¿lo recuerda?
-No, tendría que mirarlo. Este será uno de esos que yo llamo usureros, vamos a hablar claro, son usureros... Aprovechan que la gente está achuchada, les prestan dinero y acaban quedándose con todo. Mira que yo les aviso, pero la gente viene agobiada y por mucho que les expliques las condiciones, que van a acabar quitándole la casa, se ven tan agobiados que firman.
-Luis dice que no se le explicaron bien las condiciones... 
-En mi despacho sí. Siempre antes del escrito en papel timbrado se les entrega la escritura en papel blanco para que la revisen antes de entrar a firmar. Esta señora no tenía que haber firmado el poder a su hijo. ¿Sabe cómo les explico lo que van a firmar? Les digo: "Este es un poder de ruina. Sepa que si usted firma la pueden dejar en la calle".
-¿En su notaría hay algún tipo de connivencia con estos prestamistas usureros? 
-No, no y no. A estos usureros les he ido poniendo todo tipo de dificultades para que no vengan porque no me gustan estos clientes.

La última vez que Gómez Montoya firmó en Serrano 41 fue en diciembre de 2009, precisamente el préstamo concedido con el piso de Carmen como aval. Entre 2002 y 2009, ha rubricado allí un total de ocho préstamos con garantía hipotecaria. Tres fueron cancelados, es decir, los deudores devolvieron el préstamo. Otros tres acabaron, como se ha visto antes, con las propiedades a nombre de Gómez Montoya. A los otros dos, Crónica no ha podido seguirles el rastro.

Con todo, el caso de Carmen no es de los más graves. A fin de cuentas, su hijo rubricó el préstamo por muy abusivas que fueran las condiciones. "En muchos casos, la gran estafa es que se escritura mucho más dinero del que se entrega, o el préstamo se da mediante cheques nominativos que acaban cobrando los propios prestamistas", dice el abogado Aitor Ibarra, quien ha representado a decenas de afectados. "Tengo un caso muy sangrante en Barcelona. Mi cliente recibió 12.000 euros y los prestamistas se quedaron con bienes por valor de 400.000 euros: el piso de su madre de 85 años y un terreno con chalecito". 

En octubre pasado, un juzgado de Cartagena anuló el desahucio de una familia de La Unión que había pedido 23.500 euros a un prestamista barcelonés. Este, aseguró la familia al juez, había escriturado 57.000 euros de préstamo con la excusa de que así se lo exigían los inversores con los que trabajaba y la promesa de que no reclamaría esa cantidad. Pero acabó pidiendo los 57.000 y un 20% de interés anual. Las propiedades que el prestamista iba a ejecutarles valían 300.000 euros. La sentencia, un atisbo de esperanza para las víctimas de los usureros, calificó el contrato de "leonino".

ALOJADA POR OTRA ANCIANA

CARMEN DEL RAYO. "Qué buena es la gente, qué bien se están portando". Carmen, 85 años, repite la frase como una cantinela, sentada en un piso de Vallecas junto a Mercedes, 89 años, la mujer que la ha recogido mientras busca un piso que pagará el Rayo. El equipo vallecano ha abierto una fila cero que se inaugurará el 7 de diciembre frente al Sevilla: 5 euros de cada una de las 4.000 localidades irán a un fondo de ayuda a Carmen. Hasta entonces, tienen poco más de 50 metros y tres mini habitaciones, para seis: las dos ancianas, el hijo de Carmen, su pareja, y las dos hijas de ésta.

DOS USUREROS. Luis, el hijo de Carmen y a quien ésta otorgó poderes, ya tenía una deuda con otro prestamista cuando se puso en manos de Gómez Montoya. En diciembre de 2008 pidió 42.000 euros a Pegerto López con unas condiciones más blandas: un interés anual del 6% y del 22% en caso de demora. Un año después recurrió a Gómez Montoya. Este le dejó 77.100, con los que Luis canceló lo que debía del préstamo anterior. Así, dice, sólo recibió 30.000. Las condiciones eran del 15% de interés anual y del 27% de demora. Tres años después le exigían 165.760 euros.

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Notas:

(*) Este dato que reproduce el artículo y que aparece en algunas webs y publicaciones de prensa está anticuado. ADEVIF prácticamente se ha quedado en la actualidad sin socios, debido a la falta de transparencia, de democracia interna, de actividad y a la actitud de su presidente.

(**) Stop Estafadores no lo tenía "fichado" en el sentido a contar entre sus socios con afectados del mismo, pero su presidente, Juan Puche, sí dio a conocer públicamente ya el 22 de noviembre, antes que otros medios, la identidad de este prestamista en un blog personal. Y precisamente facilitó información para la elaboración de este reportaje periodístico.
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'Usureros mafiosos'

28 nov 2014 1 comentarios

Por Domingo Marchena
Publicado en La Vanguardia, 25.11.2014

La Justicia investiga en Barcelona, a instancia de la PAH, veinte lanzamientos semejantes al de la octogenaria de Vallecas

La anciana desahuciada en Vallecas tiene todos los ingredientes para cautivar a los medios de comunicación: una víctima especialmente desvalida y la oleada de indignación y solidaridad que ha despertado su caso. Pero notarios, abogados, expertos en Derecho hipotecario y activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) sostienen que la caja de Pandora se acaba de abrir y que hay muchísimas más ancianas de Vallecas.

Sólo en Barcelona la justicia investiga a instancias de la PAH veinte casos de préstamos que podrían rozar, no ya la usura, que por cierto no es delito en España, sino la estafa, que sí lo es. Así lo sostienen una de las portavoces de la oenegé, Susana Ordóñez, que tilda a algunos investigados de "usureros mafiosos". No es un fenómeno aislado. Tanto es así que el Consejo General del Notariado, el órgano de gobierno de la profesión, recuerda periódicamente a sus miembros que extremen el celo para frenar prácticas engañosas en los préstamos entre particulares.

El problema es que la crisis y el frenazo en la concesión de créditos bancarios han allanado el terreno a estos prestamistas. Y también a las empresas de telecréditos y a las denominadas P2P (de persona a persona). Una de las últimas en aterrizar en España es Lendico, que pone en contacto a quienes necesitan dinero con quienes están dispuestos a prestárselo. La plataforma está avalada por Rocket Internet, la misma empresa que lanzó la web de citas eDarling o la de ropa Zalando. Lendico promete a sus inversores "un estricto control del riesgo" y "rentabilidades de hasta el 22,69 %".

Internet es hoy, dicen los expertos, el paraíso de los prestamistas. Se trata, explican su defensores, de un sector regulado y con garantías. Pero también siguen existiendo los especuladores de toda la vida, como los que retrata Balzac en La comedia humana. Una de sus últimas víctimas en Barcelona es Mari Carmen, una abuela de la Zona Franca, que acogió a su hija y a sus tres nietos, de entre 5 y 11 años. Llovía sobre mojado. Mari Carmen también  fue desahuciada meses después, en julio, a raíz del lanzamiento instado por un prestamista. Su hija logró que la madre le avalara con la casa. Los activistas antidesalojos lograron frenar el desahucio hasta en tres ocasiones, pero a la cuarta fue la vencida. "Uno de los nietos de Mari Carmen -recuerda Carlos, de la PAH- le dijo a un mosso, con una ironía impropia para un niño: 'Gracias por echarme de mi casa'. El agente fue incapaz de mirarle a los ojos".

La misma historia de Vallecas. ¿Cómo es posible que personas que deberían tener una protección especial -ancianos o madres sin recursos y con menores a su cargo- pierdan su casa? ¿Y cómo es posible que la pierdan por un préstamo tres o cuatro veces inferior al precio real de la vivienda? La respuesta es muy sencilla: la ley les ampara. En primer lugar, en España la usura ni siquiera es delito desde la reforma del Código Penal de 1995, como recuerda el doctor en Derecho y abogado mercantilista Fernando Zunzunegui. Hasta 2009, además, las víctimas de un crédito usuario sólo podían reclamar ante el Banco de España, si la operación se había concertado con una entidad financiera. Si, por el contrario, el fiador era un particular, el caso quedaba fuera de las competencias del supervisor del sistema bancario español. Se trataba, como denuncia Fernando Zunzunegui, que también es profesor de la Universidad Carlos III, de "una zona gris parabancaria". El escándalo se solventó en parte con el traslado de las competencias de supervisión a las autoridades de consumo de las comunidades autónomas. La conclusion del letrado Zunzunegui es lapidaria: "Sobre el papel, ¿hay más controles que hasta 2009? Sí. ¿Son suficientes? No".

A partir de la reforma penal, las leyes establecen que los préstamos tienen que alcanzar el 80 % del valor de la vivienda para impedir que los desalmados obtengan gangas. Pero ¿qué pasa con los préstamos anteriores a la ley? Que se lo pregunten a las abuelas de Vallecas o de la Zona Franca. José Ignacio Navas, notario y autor del libro Claves para afrontar la crisis inmobiliaria, da un consejo que llega tarde para muchas familias: "Si hace falta, presten el dinero directamente a sus hijos, pero nunca les avalen con la vivienda". 

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El Supremo declara abusivo el pagaré en determinados préstamos

25 nov 2014 0 comentarios

El Tribunal Supremo ha dictado, con fecha 12 de septiembre de 2014, sentencia en recurso de casación, que considera abusiva y, por tanto, nula, aquella condición que suponga, en contratos de préstamo concertados con consumidores, la firma por el prestatario y/o el avalista de un pagaré como garantía de la obligación. 

El alto tribunal considera que esta cláusula introduce desequilibrio entre las partes y se incluye en exclusivo beneficio del prestamista. Éste elude los controles administrativos, notariales y registrales que debería suponer la escritura pública y, sin embargo, accede mediante el pagaré a un procedimiento judicial privilegiado, en detrimento de las garantías del consumidor.

En el juicio cambiario, además, el pagaré será complementado por el prestamista con base en una liquidación realizada unilateralmente por él.

Aunque este blog se centra en las redes de estafas en préstamos de capital privado y, por tanto, en actuaciones delictivas, hay cuestiones civiles que pueden tener interés en orden a la defensa de los afectados. Y ésta es una de ellas. 

La sentencia abre la puerta a que, con fundamento en esta doctrina del TS, pueda alegarse la abusividad de la cláusula que imponga la firma de un pagaré en préstamo suscrito en documento privado, no en escritura pública.

Lo mismo sería aplicable si se firma letra de cambio en lugar de pagaré, que es también una práctica muy habitual, si bien reiteramos que la sentencia se refiere sólo a préstamos que no se concierten ante notario.
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Desahuciada mujer de 85 años por prestamista privado

23 nov 2014 0 comentarios
















Una mujer de 85 años, Carmen, fue desalojada judicialmente el pasado viernes de su vivienda, donde residía hace medio siglo. La presencia de activistas de la Plataforma de Afectados de la Hipoteca y de un nutrido grupo de ciudadanos fue reprimida policialmente para poder llevar a efecto el lanzamiento, que había sido suspendido en una ocasión anterior.

La actuación tiene su origen en un préstamo suscrito para su hijo Luis con un prestamista de capital privado por 40.000 €, que ha dado origen a una reclamación de 77.000 €. El prestatario se quedó en el paro y no pudo devolver ese capital. La madre tiene una pequeña pensión que tampoco le permite hacer frente a esa deuda.

Por lo que ha trascendido, el ejecutante se llama Francisco Gómez Montoya. No admitió negociar y se acabó quedando con un piso en la calle Sierra de Palomera que vale mucho más que la deuda. 

Como muy bien explicaba la PAH de Vallecas a los medios informativos, "al ser un prestamista particular la negociación es más complicada porque este tipo de gente va directamente a por la casa", algo que venimos denunciando desde aquí hace ya tiempo. Añade la Plataforma que incluso "muchos son conscientes cuanto te dan el préstamo de que no vas a poder pagarlo". 

Posteriormente trascendió que el Rayo Vallecano se hará cargo de pagar un alquiler para que Carmen pueda tener una vivienda. 

La noticia en otros medios:

- El País, 21.11.2014
- El Huffington Post, 21.11.2014
- El Diario, 22.11.2014

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Fotografía de Andrés Kudacki
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Oficial de notaría se querella contra Presidente de Stop Estafadores

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El Juzgado de Instrucción nº 13 de Madrid ha dictado auto de preparación de juicio oral contra el Presidente de nuestra asociación, Juan Puche, por presuntos delitos de injurias con publicidad, tras la querella interpuesta por Javier Becero Encinas.

La asociación STOP ESTAFADORES quiere manifestar su solidaridad con nuestro máximo representante y agradecerle afectuosamente que lleve ya varios años dando la cara contra las redes mafiosas de estafas en nuestro país. 

Juan Puche no ha dicho nada que no sea verdad en relación con el querellante. Y por eso podemos hacerlo nuestro sin ningún tipo de miedo: 

- Es un hecho objetivo que Javier Becero Encinas trabaja como oficial de la notaría de José Usera y Julia Sanz en Madrid. 

- Es un hecho objetivo que varios afectados han denunciado penalmente a esos dos notarios en distintos procedimientos judiciales. 

- Es un hecho objetivo que en dicha notaría se firmaron una gran cantidad de préstamos por parte de la red de Antonio Arroyo Arroyo. 

- Es un hecho objetivo que en esa notaría la policía detuvo a Antonio Arroyo Arroyo y varios de sus cómplices. 

- Y es un hecho objetivo que, en sede judicial, el prestamista Antonio Arroyo Arroyo ha declarado que su interlocutor en la notaría era Javier Becero Encinas. 

- Obviamente, Javier Becero Encinas no ignora todos estos datos. 

Por lo demás, resultan altamente significativas dos cosas: 

- Una, que ni el prestamista Arroyo ni los notarios se hayan atrevido a plantear una denuncia similar contra Juan, no sea que acabe teniendo un efecto boomerang y se investigue si lo que dice sobre ellos es cierto. Y que tenga que ser un secundario, el oficial de la notaría, el que plantee la querella. 

- Y otra, que si Javier Becero quiere desmarcarse de estos hechos, pida al Juzgado que cite como testigo ¡a Antonio Arroyo!, es decir, precisamente a su asiduo cliente imputado en numerosos juzgados por estafa y otros delitos. Cuando menos, es una curiosa forma de desvincularse y limpiar su imagen. 

Salvo que se estimen los recursos contra el auto, Juan Puche podría ser juzgado por decir verdades como puños. 

Ya quisieran las decenas de familias que denuncian haber sido estafadas por la trama Arroyo que sus casos merecieran el mismo celo y atención que la querella de Becero. 

Lamentablemente, en nuestro país estamos acostumbrados a que los procesos a presuntos delincuentes se prolonguen durante años, mientras se juzga con celeridad a quienes se atreven a denunciarlos. 

Pero, por si alguien se hace falsas ilusiones, ya les anticipamos que no nos van a callar. El blog de Juan Puche lleva denunciando desde hace tres años una red presuntamente delictiva, investigando, ofreciendo datos y sirviendo de referencia y de unión a las familias afectadas. Acaba de superar las doscientas mil visitas, lo cual da una idea del alcance de estos hechos y del interés que despiertan. Por eso está en el punto de mira de todos los imputados y de sus más cercanos colaboradores, que quieren silenciarlo a toda costa. Pero si el objetivo es acallar a Juan Puche, deberían recordar el efecto multiplicador que tiene la censura.

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(Fotografía: fachada del edificio de la Notaría Usera y Sanz, imagen de Google Street)
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La Fiscalía de Aragón estudiará las estafas en préstamos privados

15 nov 2014 0 comentarios

Publicado en El Periódico de Aragón, 10.11.14

Fraudes hipotecarios
LA FISCALÍA ARAGONESA ESTUDIARÁ LAS ESTAFAS HIPOTECARIAS DE CAPITAL PRIVADO
El fiscal abre diligencias informativas y se reunirá con los afectados, que han perdido sus casas.
La asociación de víctimas ADEVIF formaliza su registro en el departamento de Consumo

F. Mantecón. 10/11/2014

El fiscal superior de Aragón, José María Rivera, se reunirá próximamente con los representantes de Asociación de Víctimas de Estafas Financieras (ADEVIF) en la comunidad, que acaban de formalizar su inscripción en el registro de colectivos autorizados por Consumo. El ministerio público ha abierto diligencias informativas sobre estas tramas en las que, aparentemente, actuarían financistas privados en connivencia con algunos notarios. Lo hace tras el interés que ha despertado el tema, en los últimos meses, en políticos, jueces, notarios y asociaciones de consumidores. Según la asociación -no hay estadísticas disgregadas- este tipo de estafa podría estar detrás de hasta el 30% de los desahucios de particulares. 

ADEVIF, constituida por el andorrano Rafael Pozo, nació hace unos años con vocación nacional, pero para facilitar la protección de los asociados en cada territorio ha comenzado a inscribir filiales regionales, hasta ahora en Valencia y Aragón. Su campaña de concienciación ha llegado a las Cortes de Aragón, a la DGA -en una reunión con Consumo- y, ahora, a la Fiscalía. 

Los tribunales han sido hasta ahora un obstáculo para las víctimas, que en la mayor parte de los casos ignoraban que hubiese más casos como el suyo. Y los jueces han optado mayoritariamente por archivarlos porque, de no verse como conjunto, los asuntos en su mayoría carecen de prueba más allá del testimonio de la víctima. Con eso es con los que cuentan los presuntos estafadores, cuyo máximo exponente es el empresario Antonio Arroyo Arroyo, que cuenta con cientos de denuncias en toda España, algunas también en Aragón. 

MODUS OPERANDI

El esquema de actuación de estas tramas, con ligeras variantes, comienza con un préstamo privado, al que las víctimas recurren por estrecheces económicas que el banco no quiere o no puede aliviar. Al no obtener crédito por vía normal, acuden a estos chiringuitos financieros, que les ofrecen dinero fácil con un plazo de devolución corto -normalmente seis meses- y con un interés que roza la usura, pero aparentemente asumible. 

El problema, y ahí es donde entraría la estafa, es que ni siquiera les llegan a dar lo que les ofrecen. En la notaría firman la entrega de más dinero del que les dan, unas veces con engaño y otras con la promesa de que se lo darán un poco más adelante. Como garantía, sabiéndolo o no, han puesto su casa. 

De esta forma, cuando se agota el plazo, rara vez han podido reunir no ya los intereses que firmaron, sino los que creían haber pactado. En algunas ocasiones, el prestamista ni siquiera está en el lugar donde figuraba su sede, de forma que aunque tengan el dinero no pueden devolverlo. 

Es entonces cuando el presunto estafador ejercita la opción por la casa puesta como aval, y la subasta o compra a un precio ridículo. En el otro lado de la balanza, el estafado pierde su vivienda por poquísimo dinero. Y para colmo de males, en muchos casos el impago sigue corriendo con unos intereses de demora incluso del 29%, generando deudas millonarias que no se cubren ni con la vivienda. 

Sin embargo, lo que llega al juez es un documento firmado en condiciones quizá injustas, pero aceptadas como contrato privado con el firmante. Y solo cuenta con su palabra de que lo firmado no es lo acordado, lo que en un proceso penal no sostiene abierto un caso. En otras vías, el aumento de la protección al consumidor que ordena Europa ha ido permitiendo anular las cláusulas abusivas, pero en este tipo de contratos Estrasburgo todavía no ha entrado con la contundencia necesaria. 

EL COLEGIO DE NOTARIOS DE ARAGÓN NO HA RECIBIDO QUEJAS 

Francisco Picazo, decano del Colegio de Notarios de Aragón, aseguró que no tiene constancia de que al organismo haya llegado ninguna denuncia por malas prácticas de este tipo. El colegio nacional sí remitió a todas las comunidades una circular en la que instaba a los profesionales a leer cuidadosamente los contratos a los firmantes, algo que al parecer se estaba relajando, para evitar estos fraudes. Picazo recordó que entre los derechos del usuario está el asesorarse previamente y el de elegir notario, algo que puede evitar esta presunta connivencia con los prestamistas. 

Las víctimas 
“NO SOMOS NADA, NI ESTAFADOS” 
Los afectados se encuentran desamparados por una legislación que no les recoge específicamente. 
La “conciencia judicial” cristaliza en algunas sentencias favorables. 

"Yo no puedo devolver lo que debo. Asumir que has sido estafado es duro, pero es que no somos ni estafados, no somos nada", lamenta Fernando Ortiz, tesorero de la Asociación de Víctimas de Estafas Financieras (ADEVIF) en Aragón, y afectado por una de ellas. Su mayor desconsuelo no parece ser el timo en sí, sino el no saber a dónde acudir. "Ni siquiera pretendo acabar con esta gente -admite, con aire derrotado-, lo que quiero es que se nos reconozca como víctimas de una estafa", asegura. 

En su caso, a raíz de darle poderes a un familiar para hacerle avalista de un crédito de unos 8.000 euros, al poco tiempo se encontró con la llamada de un prestamista desconocido. "¿Sabes que me debes 40.000 euros?", le espetó. Ortiz, lógicamente, se quedó helado. 

Ahora ha perdido una casa en la que había invertido años de trabajo, un edificio histórico de Zaragoza, valorado en 1,2 millones, por una deuda que ni siquiera era suya. En el colmo de la desdicha, su deuda de intereses ha crecido hasta los 230.000 euros, y sigue teniendo que pagar obras al ayuntamiento a cargo de unas subvenciones para arreglar el edificio que ya no es suyo, ya que las recibió al ser un Bien Cultural. "No hay forma de hacerles entender lo que ha pasado", lamenta. 

La situación de Ortiz la comparten muchos, pero hay motivos para la esperanza. En palabras de Santiago Landete, el abogado madrileño que actualmente lleva los casos de Adevif -el anterior se centró en los del prestamista Antonio Arroyo Arroyo (*), que acumula más de cien él solo- está "empezando a despertar la conciencia judicial con estos casos". 

Los prestamistas suelen escoger gente de bajo perfil formativo y agobiados por necesidades económicas, aunque este perfil no se cumple en varios de los casos aragoneses que han trascendido hasta ahora. "Acaban con las deudas pero al archivar los casos el juzgado, se suelen rendir. No conocen otros casos como el suyo, y eso es lo que queremos cambiar", explica el abogado. 

Para ello han mantenido ya reuniones con la Federación de Colegios de Notarios españoles, que tras la inhabilitación de un par de profesionales en Madrid ha tomado cartas en el asunto. Los grupos económicos de la Policía también están al tanto de la problemática, y en una reunión de jueces celebrada este verano en Alcañiz también se trató, tangencialmente, el asunto. 

Recientemente, la asociación recibió una buena noticia desde Soria, uno de cuyos jueces anuló uno de estos contratos privados por sus cláusulas abusivas. La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial soriana. En este caso, la víctima había pedido 8.000 euros a un avalista, con unas condiciones por las que, en seis meses, su deuda había crecido hasta los 85.000 euros. Además, su casa había sido tasada por el prestamista en algo más de 100.000 euros, cuando superaba los 300.000. La notaría madrileña en cuyo despacho se firmó el trato ya está inhabilitada. 

LA ASOCIACIÓN ACONSEJA INFORMARSE SOBRE EL PRESTAMISTA Y ASESORARSE

ADEVIF ofrece en su blog información sobre los implicados en estas redes que han encontrado hasta el momento, y teléfonos de contacto para los que crean que han sido víctimas de estas prácticas. También una serie de consejos útiles (**) para los que tengan la intención de pedir un préstamo privado. Entre los más importantes: 

- Tener claro con quién se está tratando. Desconfiar de los contactos intermedios, o de webs que no aclaran a qué empresa pertenecen. 
- Informarse en internet sobre el prestamista, una vez asegurada su identidad. 
- Conservar todos los documentos que se reciban o envíen (cartas, correos electrónicos, mensajes de texto) en la tramitación del préstamo. 
- Pedir con antelación en la notaría la oferta vinculante --el contrato--, y asegurarse de que son las mismas condiciones que se han acordado previamente. No firmar el mismo día (suelen actuar con mucha prisa para evitar que el cliente pueda leer detenidamente los documentos). 
- Contar con el asesoramiento de un abogado, o al menos de un testigo en la notaría. 
- Consultar todas las dudas al notario (los prestamistas suelen aconsejar "decir que sí a todo"). 
- Asegurarse principalmente de no firmar poderes a favor del prestamista. 
-Conservar el cheque desde el momento de recibirlo, sin firmarlo. 
- No renegociar la deuda con el prestamista, ya que puede aumentarla.
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Notas: 

(*) Esta afirmación se corresponde con una información falsa facilitada al periodista por ADEVIF. El anterior abogado colaborador de la asociación, Carlos J. Galán, además de los casos de Arroyo, llevó los que los socios de ADEVIF le encomendaron que no eran de Arroyo. De hecho, todos menos el del presidente los continua llevando a día de hoy a petición de los interesados.

(**) ADEVIF no lo indica actualmente en su web, pero tales consejos son los que elaboró el despacho Alberche Área Jurídica. Aunque no citen procedencia y los hayan copiado tal cual, bienvenido el plagio si ello sirve para evitar nuevos afectados. 
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En 13 TV, trama de corrupción política y de estafas en préstamos

8 nov 2014 0 comentarios

Como habíamos anunciado aquí, La Marimorena, programa dirigido y presentado por el periodista Carlos Cuesta en 13 Televisión, incluyó en su debate de actualidad del pasado domingo un debate sobre la operación Púnica, una de las tramas de corrupción político-empresarial  recientemente destapadas. 

Asistió como invitado el abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán, que asesora a la asociación Stop Estafadores, para hablar de una de las firmas de esta red corrupta, TPC Gestiones Consulting Inmobiliario

Esta empresa, cuya sede fue objeto de registro policial, forma parte del centenar de sociedades que el detenido David Marjaliza utilizaba para su actividad delictiva, vinculada a adjudicaciones públicas irregulares, pero la misma también adquiría créditos de la red del prestamista Antonio Arroyo Arroyo para ejecutarlos y desahuciar a las familias de sus viviendas. 

En este vídeo se incluyen varios fragmentos del programa: la introducción que hizo Carlos Cuesta en la que menciona estos hechos citando a la asociación Stop Estafadores, el reportaje que ilustró el debate y la intervención del letrado Carlos Javier Galán.

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La vinculación entre la trama Arroyo y la red Púnica, en El País

4 nov 2014 0 comentarios

El diario El País ha recogido unas declaraciones del abogado de Alberche Área Jurídica Carlos Javier Galán, en relación con la vinculación existente entre las sociedades de David Marjaliza, detenido en la operación Púnica, y Antonio Arroyo, prestamista imputado por numerosas estafas. 

El periodista Joaquín Gil dedica un reportaje de investigación al "conseguidor" Marjaliza, cuyo último párrafo alude expresamente a esta relación:

"Los tentáculos del conseguidor conforman una red de 91 empresas. La madeja apunta vínculos con conocidos de los tribunales. Uno de ellos es el prestamista imputado por estafa en varios juzgados de Madrid Antonio Arroyo Arroyo. Sociedades de Marjaliza adquirieron créditos hipotecarios a Arroyo para propiciar el desahucio de sus viviendas, según el abogado Carlos Javier Galán. EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con el prestamista, uno de los reyes de los créditos exprés en España".
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