Publicado en La Tribuna de Toledo, 21.04.13
La Asociación de Estafados y Víctimas Financieras (ADEVIF) ha abierto una sede en Toledo con el objetivo de reunir al mayor número posible de afectados en toda la región para hacer fuerza a la hora de reclamar una solución a las Administraciones. En general, se trata de personas con bajo poder adquisitivo que han pedido préstamos bancarios pero las entidades les han derivado hacia "chiringuitos financieros" a los que acusan de "falsificar" documentación y de aplicar intereses "usureros" que dan como resultado el 30% de todas las ejecuciones hipotecarias que se realizan en España al cabo de un año.
A modo de ejemplo, la pesadilla que le toca vivir a un toledano comenzó cuando tuvo que comprar una furgoneta para su trabajo. Necesitaba cuatro mil euros y el banco le remitió a una financiera hipotecaria que se ofreció a gestionarle el préstamo a partir de un mínimo de 10.000 euros. Ignacio echó cuentas, vio que podía afrontarlo, investigó lo que pudo y al final accedió al acuerdo que se firma ante notario. Pasan los meses, ve que el dinero no llega, llama, no le responden o le dan largas y al final va al notario y se encuentra con la sorpresa de que hay unas escrituras a su nombre y con su firma "falsificada". Al cabo de año y medio, por los 10.000 euros que pidió, la financiera le reclama más de cien mil y recibe una carta del juzgado de Illescas diciéndole que le desahucian de su casa.
Ignacio dice que está relativamente tranquilo porque considera fácil demostrar en los tribunales que su firma ha sido falsificada, pero hasta que llegue ese momento nadie le va a quitar los malos tragos que está pasando. Y advierte que hay miles de personas que lo tienen peor que él porque han perdido sus casas y las de sus avalistas.
RED DE IMPLICADOS
El presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, afirma que el problema es muy difícil de resolver porque hay "una red" de implicados que incluye "políticos, financieros, instancias judiciales, registradores de la propiedad y notarios" contra los que a simples particulares les resulta casi imposible pelear. Por eso plantean la asociación, para unir fuerzas.
Con el fin de dar información más precisa han habilitado una página web (www.estafadoseindignados.es) y están abriendo sedes en diversas Comunidades Autónomas. Consideran que en la provincia de Toledo puede haber "miles" de afectados y asegura que muchos de ellos no denuncian por "miedo a las amenazas" que reciben.
"Exigimos una contundente investigaciónde todo lo que denunciamos, especialmente por el Banco de España, Hacienda y las Comunidades Autonomas sobre la procedencia del dinero, las cuentas, balances o contabilidades de las empresas o particulares que se dedican a préstamos usureros". Pozo dice que su frustración proviene de que hasta ahora la Justicia no ha querido investigar y se ha dedicado a archivar las denuncias.
A modo de ejemplo, la pesadilla que le toca vivir a un toledano comenzó cuando tuvo que comprar una furgoneta para su trabajo. Necesitaba cuatro mil euros y el banco le remitió a una financiera hipotecaria que se ofreció a gestionarle el préstamo a partir de un mínimo de 10.000 euros. Ignacio echó cuentas, vio que podía afrontarlo, investigó lo que pudo y al final accedió al acuerdo que se firma ante notario. Pasan los meses, ve que el dinero no llega, llama, no le responden o le dan largas y al final va al notario y se encuentra con la sorpresa de que hay unas escrituras a su nombre y con su firma "falsificada". Al cabo de año y medio, por los 10.000 euros que pidió, la financiera le reclama más de cien mil y recibe una carta del juzgado de Illescas diciéndole que le desahucian de su casa.
Ignacio dice que está relativamente tranquilo porque considera fácil demostrar en los tribunales que su firma ha sido falsificada, pero hasta que llegue ese momento nadie le va a quitar los malos tragos que está pasando. Y advierte que hay miles de personas que lo tienen peor que él porque han perdido sus casas y las de sus avalistas.
RED DE IMPLICADOS
El presidente de ADEVIF, Rafael Pozo, afirma que el problema es muy difícil de resolver porque hay "una red" de implicados que incluye "políticos, financieros, instancias judiciales, registradores de la propiedad y notarios" contra los que a simples particulares les resulta casi imposible pelear. Por eso plantean la asociación, para unir fuerzas.
Con el fin de dar información más precisa han habilitado una página web (www.estafadoseindignados.es) y están abriendo sedes en diversas Comunidades Autónomas. Consideran que en la provincia de Toledo puede haber "miles" de afectados y asegura que muchos de ellos no denuncian por "miedo a las amenazas" que reciben.
"Exigimos una contundente investigaciónde todo lo que denunciamos, especialmente por el Banco de España, Hacienda y las Comunidades Autonomas sobre la procedencia del dinero, las cuentas, balances o contabilidades de las empresas o particulares que se dedican a préstamos usureros". Pozo dice que su frustración proviene de que hasta ahora la Justicia no ha querido investigar y se ha dedicado a archivar las denuncias.
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