Publicado en Xornal Galicia, 16.06.2014.
LOS AFECTADOS POR ESTAFAS DE PRÉSTAMOS NO BANCARIOS CONSTITUYEN UNA ASOCIACIÓN
No todos los desahuciados lo son como consecuencia de hipotecas otorgadas por bancos y cajas de ahorros. Algunos expertos estiman que aproximadamente un 20 % de los lanzamientos están provocados por prestamistas de capital privado y chiringuitos financieros. Este sector escapa al control del Banco de España y de la CNMV porque se considera legalmente materia del ámbito de Consumo, lo que provoca numerosos abusos. Pero hay un fenómeno aún más grave y poco conocido: la actuación de auténticas tramas delictivas que, mediante estafas hábilmente diseñadas, acaban apoderándose de inmuebles a precios irrisorios.
No todos los desahuciados lo son como consecuencia de hipotecas otorgadas por bancos y cajas de ahorros. Algunos expertos estiman que aproximadamente un 20 % de los lanzamientos están provocados por prestamistas de capital privado y chiringuitos financieros. Este sector escapa al control del Banco de España y de la CNMV porque se considera legalmente materia del ámbito de Consumo, lo que provoca numerosos abusos. Pero hay un fenómeno aún más grave y poco conocido: la actuación de auténticas tramas delictivas que, mediante estafas hábilmente diseñadas, acaban apoderándose de inmuebles a precios irrisorios.
Ésta es la denuncia de la recientemente constituida asociación Stop Estafadores, que celebró este fin de semana en Madrid su I Asamblea General y que nace para agrupar a los afectados por estas estafas inmobiliarias y terminar con lo que consideran “la impunidad de redes organizadas que se aprovechan de personas con apremiantes necesidades económicas para consumar un engaño con el que se enriquecen, burlando también al fisco”.
Como presidente de este colectivo fue elegido Juan Puche Fernández, una de las centenares de víctimas de una de las tramas que más instrucciones judiciales acumula en estos momentos a nivel nacional. Dos juzgados de Madrid ya han pedido que, por el volumen de afectados y el montante económico, sea la Audiencia Nacional quien asuma la competencia para investigar a esta red de presuntas estafas hipotecarias.
Puche manifestó que el propósito de la asociación es “que nunca más una víctima de estas prácticas delictivas se encuentre desamparada, ni en lo jurídico, ni en lo personal, ni en lo psicológico”, recordando el suicidio de un afectado el año pasado y los dos intentos en lo que va de año.
El asesor jurídico de la asociación, el abogado Carlos Javier Galán, que ha destacado en la denuncia pública de estas tramas, anunció la preparación de diversas iniciativas legales para pedir una mayor implicación del Ministerio Fiscal en la persecución de este fenómeno tan escasamente conocido.
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