TV3: 20 familias estafadas por una intermediaria de préstamos

En el informativo de mediodía del pasado 4 de junio, la televisión autonómica catalana, TV3, ha emitido la noticia de una veintena de familias de Barcelona presuntamente estafadas por una mujer que actuó como intermediaria.

Este reportaje, de los periodistas Josep M. Camps y Leticia Marcos, comienza con el testimonio de una de las víctimas, Mónica, que compró un piso hace ocho años y necesitaba un préstamo de 30.000 euros para su reforma. La mujer de un compañero de trabajo en quien confiaba se ofreció para hacerle de intermediaria ante una financiera. Mónica afirma que esta mujer la engañó y que le hizo firmar ante notario, sin ser consciente, un préstamo de 200.000 euros, capital que realmente no recibió. La financiera se ha quedado con su piso y le reclama aún diferencia de deuda restante. La afectada afirma que no sabe ya de qué manera demostrar lo que pasó, porque su fallo “fue firmar un papel”. Teme que, además de haber perdido su casa, su nómina quede embargada durante largo tiempo.

TV3 también informa de otro caso, el de Irene y su madre, que están a punto de ser desahuciadas. La madre firmó el préstamo para intentar salvar el piso de su hija, pero tampoco recibió el dinero. No sólo Irene perdió su casa, sino que ahora están a punto de perder también la de la madre.

En ese barrio de la Zona Franca de Barcelona hay más familias estafadas por la misma persona, que han perdido la propiedad de sus casas. La presunta estafadora está en prisión preventiva y se la juzgará en enero por veinte casos diferentes.

Los afectados denunciaron también a las empresas con las que firmaron las operaciones, pero en la instrucción el juzgado no apreció indicios contra ellas, sólo contra la intermediaria. Por ello, estas empresas están forzando ejecuciones hipotecarias y se están quedando los pisos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que está actuando para impedir el desalojo de la familia de Irene, considera que deberían paralizarse las ejecuciones. Susana Ordóñez, portavoz de la PAH de Barcelona recuerda en sus declaraciones a Telenoticies Migdia que, al haber una causa penal, el juez de primera instancia tiene facultad para suspender el procedimiento civil por prejudicialidad. Deberían dejar en suspenso las ejecuciones mientras no se resuelva el procedimiento penal.

Los afectados también se han quejado de que los notarios que intervinieron en las firmas de los préstamos no les advirtieron ni evitaron todas estas estafas.